El presidente del gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha adelantado las elecciones al Congreso al próximo 29 de noviembre. Una convocatoria en medio de una tormenta política debido a la grave crisis de la vivienda y al fiasco parlamentario y político de los dos decretos que, a priori, debían mejorar las garantías para los inquilinos. Es lo que se ha llamado el movimiento Maricarmen. Un estallido que ha agitado la batalla entre la izquierda española y catalana con las formaciones de derechas, derecha extrema y extrema derecha. De hecho, el no de Junts a los decretos ha desenterrado el hacha de guerra entre ERC y los de Junts, a la que se ha sumado la izquierda española.
Pero más allá del campo de batalla estrictamente político, hay un sector muy poderoso que ha marcado la agenda de los últimos años y que en estos comicios se puede configurar como el partido de la toga. Es decir, jueces y magistrados que investigan al PSOE, la Moncloa y su entorno o que han impulsado casos que ya están en trámite de celebrarse los juicios o los que ya han llegado a condenas y que tenían una relación directa con la formación o con Pedro Sánchez.
A todo esto, cabe añadir que el anuncio de la convocatoria llega justo el día antes de que el Tribunal Constitucional desbloquee la aplicación de la ley de amnistía para los condenados y procesados por malversación por el referéndum del 1-O. Una decisión que marcará directamente la convocatoria electoral entre los líderes de las formaciones independentistas. Si el TC, como es del todo previsible, ordena al Tribunal Supremo aplicar la amnistía, la consecuencia es que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Lluís Puig y Toni Comín pueden regresar a la política activa. Un detalle nada menor, porque, liberados de las inhabilitaciones pueden volver a liderar las formaciones de manera aún más desinhibida y participar plenamente en la campaña electoral y quién sabe si en formato de candidato.
Primero, el TC
En política nada es casual, afirma un axioma. Una referencia al hecho de que cualquier movimiento, decisión o imagen esconde una estrategia pensada o meditada. Posiblemente, las últimas 72 horas de la política española y catalana son un buen ejemplo. El adelanto electoral de Sánchez llega en la víspera de que el TC avale la aplicación de la amnistía para los condenados y procesados por malversación del 1-O. El plenario de la magistratura constitucional ya ha aceptado la validez de la norma y estimarán los recursos de amparo presentados por Turull y Bassa.
Dos recursos de los cuales serán ponentes José María Macías, magistrado catalán y contrario a la amnistía, y el mismo presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido. Hay una gran diferencia entre los redactados de las dos ponencias. Por un lado, Macías, que no es partidario de la amnistía, redacta una ponencia a regañadientes y estima el recurso de Turull, pero, eso sí, sin hacer daño contra la doctrina de la sala penal del Tribunal Supremo. Por otro lado, el recurso de Bassa, en manos de Conde-Pumpido, es mucho más contundente con el Supremo.
Dos ponencias, un resultado
La diferencia entre las dos ponencias, más que en el argumentario, es en la intensidad del tirón de orejas al Supremo, en el tono y la rotundidad. Mientras Macías intenta proteger al Supremo y su reinterpretación del delito de malversación, Conde-Pumpido eleva la contundencia hacia la sala penal, escribiendo incluso que, de manera «preferente y urgente» hagan el favor de aplicar la amnistía. Sea como sea, el tiempo añadido lo pondrá el Supremo, a pesar de la presión que ejercerán las defensas de los independentistas.
También habrá que ver la beligerancia con la que se expresa el ministerio fiscal, dada la resolución del TC. Y, en definitiva, en caso de que el Supremo sea reacio a la aplicación de su decisión, si el TC activa sus potestades sancionadoras de cumplimiento como hizo, por ejemplo, con los Síndicos del Primer de Octubre, imponiendo durísimas sanciones o, incluso, relevando a los jueces que se negaban a aplicar sus resoluciones. Todo esto con un mismo resultado de fondo, y es que los partidos independentistas como ERC y Junts recuperen al 100% sus liderazgos, libres de cualquier hipoteca y en plena disposición electoral. Si, por el contrario, el Supremo retiene la decisión o la alarga a través de una nueva cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la situación aún intoxicaría más el panorama político, con unos partidos independentistas coartados electoralmente.
El escenario judicial familiar
Pero más allá de una cuestión política nuclear de los últimos dos años como es la amnistía, las elecciones también se juegan en varios juzgados. En primer término, los que afectan de una manera íntima y familiar a Pedro Sánchez. Es el caso de la condena por parte de la Audiencia de Badajoz a su hermano David a nueve años de inhabilitación especial para cargo público, debido a su trabajo en la Diputación como alto cargo que los magistrados consideraron prevaricación. La sentencia está recurrida, pero no solo por la defensa de David Sánchez, sino también por las acusaciones populares, que aún reclaman una pena más alta. Ahora todo queda en manos del tiempo y la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que podría confirmar o aumentar la pena durante la campaña electoral.
Paralelamente, el caso de la esposa del presidente español, Begoña Gómez, que ya supuso el primer período de reflexión de Sánchez, en abril de 2024, en pleno inicio de la campaña electoral al Parlamento de Cataluña que acabó llevando a Salvador Illa a la Casa dels Canonges. El pasado 21 de septiembre de 2026, el juez instructor, Juan Carlos Peinado, dictó la resolución que enviaba de manera oficial a Begoña Gómez a juicio por la ley del jurado, es decir, con un tribunal popular. Las acusaciones populares, impulsadas por Manos Limpias, solicitan penas que llegan hasta los 13 años de prisión. La evolución constante será uno de los protagonistas de la campaña electoral.
Jueces contra políticos
El partido de la toga también tiene más artillería electoral en formato de sentencias e instrucciones. De entrada, en el balance ya cuenta con José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex número tres del PSOE de Sánchez, que ya ha sido condenado por el caso Mascarillas. Ahora, sin embargo, espera la evolución del otro gran caso que instruye la Audiencia Nacional contra nombres providenciales del PSOE, como es el de Santos Cerdán, también ex número tres del PSOE y delegado de los socialistas para conseguir los votos de Junts para poder investir a Sánchez. De hecho, es un caso derivado de la investigación a Ábalos y a su asesor Koldo García, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionó con Cerdán por el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública. Una tesis que la fiscalía anticorrupción se creyó a ojos cerrados y también el juez instructor Ismael Moreno, que lo envió a prisión provisional. Un sumario que podría derivar en una investigación sobre la financiación irregular del PSOE.
Pero Cerdán no solo está imputado en esta causa: el ex número tres del PSOE también se encuentra investigado por el caso Leire, la presunta cloaca del partido que buscaba información delicada sobre jueces, fiscales y mandos de la UCO para desvirtuar sus investigaciones. Un caso doblemente investigado. Por un lado, por el titular del Tribunal Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y por otro, por el juez Arturo Zamarriego que dirige el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. De rebote, la Audiencia Nacional, en este caso el magistrado Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, también investiga el caso SEPI, donde está involucrada Leire Díez así como Antxon Alonso, el socio de Cerdán, por comisiones a cambio de adjudicaciones de empresas públicas.
La Audiencia Nacional también tiene otro frente importantísimo para Sánchez, el caso Plus Ultra, donde el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero es el principal encausado. Un sumario sobre la participación de Zapatero en una ayuda a la aerolínea hispano-venezolana a cambio de una comisión que habría cobrado a través de su amigo Julio Martínez y de la empresa de sus hijas, también imputadas. La instrucción también tiene una pieza separada sobre el origen y la no declaración de unas joyas que encontraron en la caja fuerte del despacho del expresidente durante un registro ordenado en el caso. Y, por otro lado, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, continúa la investigación sobre la crisis de Ceuta que podría añadir más problemas a los socialistas. El PSOE tendrá un campo de minas constante en el ámbito judicial durante una campaña electoral de 55 días.
