Se han cumplido los pronósticos que se vislumbraban desde que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Daniel Spielman, y la Gran Sala han dictado este jueves una sentencia que, en resumen, avala con todos los detalles la ley de amnistía. En definitiva, una resolución con la que la alta magistratura europea respondía las cuestiones prejudiciales presentadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas. Dos entidades que preguntaban si la amnistía era aplicable en caso de haber gastado fondos europeos en el Procés o si las causas con presuntos delitos relacionados con el terrorismo se podían amnistiar sin perjudicar el derecho europeo.
El tribunal ha sido contundente. La ley de amnistía no contradice el derecho europeo. Y, por lo tanto, la ley del olvido penal del independentismo es homologable en el marco de los estados de la Unión Europea. La resolución se ajusta casi al decimal con la sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de junio de 2025 que avalaba la ley con la Constitución española. De hecho, el TC ha reiterado casi en una veintena de resoluciones -cuestiones de inconstitucionalidad incluidas- la validez constitucional de la ley. Ahora bien, cabe decir que no lo ha hecho de manera unánime debido a la fractura interna entre conservadores y progresistas, que se ha demostrado con una multitud de votos particulares en cada resolución sobre la amnistía.
La nueva etapa que se abre, más allá de las primeras decisiones judiciales que más pronto que tarde deben llegar, quien deberá arremangarse es la política y más en un ambiente enrarecido con el cerco judicial al que está sometido el gobierno español en diversas causas por corrupción. Además, de un crecimiento exponencial de las fuerzas de extrema derecha y derecha extrema españolista. Todo ello en un panorama marcado por el dominio socialista de las principales instituciones catalanas, la crisis interna de los partidos independentistas y su falta de unidad estratégica y la desmovilización general del independentismo que se aleja de las grandes concentraciones anteriores del Primero de Octubre.
Un paso previo para los tribunales
En esta línea, cabe recordar que entre los primeros que deberán pronunciarse sobre la nueva decisión del TJUE son los dos tribunales que la han presentado -Audiencia Nacional y Tribunal de Cuentas- y paralelamente, el TC que tiene sobre la mesa los recursos de amparo por la inaplicación de la amnistía de los condenados por malversación y de los procesados por el Primero de Octubre que se encuentran en el exilio. Ahora el Constitucional tiene vía libre europea para declarar que se han vulnerado derechos fundamentales y redirigir de nuevo la petición de la amnistía al Tribunal Supremo.
El temor es que una vez se devuelva el caso al Supremo, se atasque por un tiempo prolongado la resolución del conflicto judicial. Aunque Pablo Llarena, por ejemplo, como juez instructor ya ha señalado por dónde irán las cosas advirtiendo que no retirará las órdenes de detención porque la cuestión prejudicial no la ha presentado ni él ni su tribunal. Una señal que puede ayudar a intuir cuál será la respuesta inmediata de la sala penal en caso de que el TC estime los recursos de amparo presentados por Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull así como los miembros del exilio Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín.
TC vs Tribunal Supremo
Si el TC da el amparo por vulneración de derechos fundamentales por la inaplicación de la amnistía se abre un escenario interesante. La resolución del TC, que no será por unanimidad, puede actuar como los recursos de amparo del caso de los ERE de Andalucía. En aquel caso, el TC corrigió al Supremo y anuló la mayoría de las condenas a los principales políticos condenados por el Supremo. Vox presentó una querella y en su escrito de inadmisión, de 14 páginas, dejaron entrever que los magistrados del TC podrían prevaricar si les obligaban a aplicar una manera de entender el derecho ordinario.
La resolución puso en pie de guerra a los togados del Constitucional y el mismo Supremo se autocorrigió semanas después. La tensión entre los dos organismos sin embargo no ha aflojado, hasta el punto de que el pasado 4 de junio, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido marcó territorio con los jueces y les recordó que si bien entre bomberos no se pisan las mangueras, cada uno debe preocuparse de apagar su fuego. Tanto es así que, incluso, algunas voces de los organismos intuyen que la decisión puede ir para largo y, no es del todo descartable, que si bien ha avalado la ley de amnistía, tal vez desestima los recursos de amparo obligando a reiniciar el proceso para reclamar la amnistía a los afectados ante el Supremo. También entra en las quinielas que los recursos los resuelva por separado. Es decir, por orden cronológico, sin acumularlos en un mismo procedimiento.
La política
Pero, aún hay un temor más angustiante que la batalla judicial que tarde o temprano terminará, y es que, en el supuesto de que la cuestión represiva se solucione, el conflicto político continúa. Para el PSOE, el elefante continuará en la habitación y para el independentismo se habrá acabado una situación que impedía movimientos políticos más osados y mantenía bajo mínimos la movilización. La justicia europea devuelve al casillero de salida el Procés, es decir, que el conflicto político debería haberse resuelto por vías políticas y no judiciales.
De hecho, es la misma opinión que expresó el mismo magistrado instructor del Procés, Pablo Llarena, en una entrevista a La Voz del Patio, en septiembre del año 2020, una revista editada por un grupo de presos del penal de Burgos. Llarena reivindicaba que la solución al conflicto era política y no judicial y que las togas «no tenían ninguna intención de resolver el conflicto». De entrada la Audiencia Nacional ha pedido tomar aire y ha reclamado tiempo para estudiar la sentencia antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR de la operación Judas. El TJUE, y en cierta medida, el TC, han abierto las puertas al retorno de la política. Y no es un camino fácil, a la vista de las declaraciones y valoraciones de este jueves.
Unas valoraciones que abarcan desde la indignación de Vox que ha cargado con toda la ira contra el TJUE o el PP que si bien acepta el veredicto recuerda que «no se puede borrar lo que pasó en el Procés». El PSOE y Sumar han instado a aplicar la amnistía a los tribunales sin más dilaciones con un argumento soterrado como ahora que si se aplica se cierra el conflicto y se retorna a la «normalización». Pero el independentismo ya ha mostrado sus cartas en el sentido de que manifiestan que un independentismo sin esposas abre un camino para dar pista política al soberanismo.
El elefante aún está ahí
Por un lado el PSOE y su franquicia catalana, el PSC, enarbolan la sentencia del TJUE como una prueba más de la «pacificación». Es decir, cerrar el episodio de la represión judicial y hacer como si el independentismo no existiera o se hubiera escorado tanto a la derecha que hace inviable aceptarlo en la dinámica democrática catalana. De hecho, el PSOE culpa las imputaciones de José Luis Rodríguez Zapatero y de Santos Cerdán en que ambos han sido los interlocutores con Puigdemont y Junts. Por lo tanto, consideran que una vez se haya aplicado la amnistía, el conflicto se evapora.
Por otro lado, los partidos independentistas se liberan de una hipoteca pero deben contratar otra, es decir, hacer una propuesta para dar una salida política al independentismo. Y más cuando el Centro de Estudios de Opinión vuelve a dar alas demoscópicas al proceso de liberación nacional. La CUP ha sido bastante gráfica al proponer al movimiento «salir del laberinto», así como la ANC, a «abrir una nueva etapa».
Por su parte, el líder de ERC también se ha expresado en la misma línea: «la amnistía no cierra el conflicto político, sino que lo confirma». «Confirma que la solución definitiva sigue siendo la democracia. Más democracia, más derechos políticos y más capacidad de decisión», ha afirmado Junqueras. Puigdemont, por su parte, ha reclamado que la nueva situación debe servir «para poder recuperar fuerzas y recursos para centrarnos en el objetivo principal, que es la independencia de Cataluña». En pocos meses, la justicia, una vez cumplido el objetivo estratégico de dilatar la amnistía, puede alargar un poco más su aplicación. Suficiente tiempo para que el independentismo busque un camino alternativo para recuperar el protagonismo y el poder institucional en Cataluña y que los partidos españoles busquen una manera de darle salida.
