La vista oral por el caso de la operación Kitchen es un torrente de sorpresas y noticias. Es como un juicio de serie norteamericana que en cada sesión ofrece giros de guion que parecen inesperados. Testigos que aportan detalles que aclaran no solo cómo fue la operación para robar la información delicada sobre la financiación irregular del PP que tenía su extesorero, Luis Bárcenas, los «papeles de Bárcenas», sino que corroboran las sospechas de una ilegalidad de un alcance enorme. Es decir, emergen hechos que corroboran la existencia de una unidad policial estable, organizada y operativa para misiones a-legales, ilegales o clandestinas. En resumen, se corrobora la creación y hiperactividad de la policía patriótica de Mariano Rajoy, que saltó a la luz pública a raíz de la operación Catalunya, el turbio dispositivo contra el Procés.
El juicio ha mostrado las costuras de las cloacas del Estado e incluso cómo el sistema se autorregula a través de sus propias estructuras, como expuso, en la sesión de martes de esta semana, el exagente del CNI David Vidal, que describió el operativo para neutralizar el riesgo que representaba el comisario José Manuel Villarejo. En esta línea, cabe destacar también el testimonio, en la sesión de jueves, del comisario general de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) entre 2013 y 2015, José Santiago Sánchez Aparicio, que admitió que el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino -máximo mando uniformado del CNP- le informó «de una operación de inteligencia alrededor de Bárcenas». Pino es el único condenado por la operación Catalunya a raíz del escándalo del pendrive de los Pujol. Una condena, incluso, confirmada por la poderosa Sala Penal del Tribunal Supremo. Pino también se sienta en el banquillo de los acusados de la Kitchen.

«Nadie sabía nada»
Sánchez Aparicio abrió la caja de los truenos en la sede de la Audiencia Nacional con su testimonio implicando de lleno a Pino en la trama de la operación Kitchen. Este testimonio era uno de los principales comisarios en la estructura de mando de la policía española en su momento. De hecho, era el máximo responsable de las unidades destinadas a todas las investigaciones que los jueces habían encomendado al Cuerpo Nacional de Policía. El comisario aseguró al tribunal del caso, que preside con mano firme la magistrada Teresa Palacios, que Pino le hizo saber la existencia «de una operación de inteligencia alrededor de José Luis Bárcenas».
Según relató, justo unos días después de su toma de posesión como responsable de las instrucciones judiciales ordenadas al CNP, Pino le informó de esta «operación de inteligencia», sin más detalles. Por ello, lo preguntó a su equipo. La sorpresa fue que ningún miembro de su equipo «sabía absolutamente nada». «No me dijeron absolutamente nada de lo que habían hecho ni por qué, de hecho, pensé que lo hacían para proteger confidentes», añadió.
Posteriormente, Pino lo citó a una reunión con el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, el comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo. De hecho, García Castaño era uno de los elementos principales de la brigada política y también estaba acusado, pero un ictus lo exoneró de todas las causas abiertas en el macrosumario Tándem. A tenor de las explicaciones de Sánchez Santiago, García Castaño, en aquel encuentro, le comunicó que «la operación no se había llevado a cabo porque la fuente era demasiado débil». También admitió que no pudo saber si a esta «operación de inteligencia», que negaban finalmente haber llevado a cabo, se le habían destinado fondos reservados.

Morocho y la UDEF
Por otro lado, Sánchez Aparicio evaluó su relación con uno de los puntales del caso, el inspector Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Morocho fue el encargado de investigar el caso Gürtel de financiación ilegal del PP y, durante su testimonio en el juicio del caso Kitchen, admitió «presiones» sobre las pesquisas de las irregularidades contables de los populares. Incluso, subrayó que le recortaron su equipo de trabajo.
Sánchez Aparicio relató al tribunal que ofreció a Morocho aumentar su equipo con miembros de la Unidad Central de Inteligencia Criminal, la UCIC, una unidad de élite de análisis policial. Morocho rechazó la oferta porque suficiente trabajo tenía si, además, debía añadir la preparación de agentes en tareas específicas de la UDEF y de sus sistemas de trabajo.

