En el juicio contra la familia Pujol Ferrusola, una de las cosas que preocupa –incluso al tribunal– es que con doce jornadas celebradas hay detalles, hechos y pruebas practicadas que huelen a prospección. Es decir, que se ha construido una acusación con una investigación sin fundamentos ni limitaciones que ha permitido lo que las defensas han bautizado como un «striptease financiero» de la familia del expresidente. Lo que técnicamente se llama investigación prospectiva para llegar a fiscalizar operaciones de hace más de 30 años.
Además, operaciones que intentaban involucrar a terceras personas y que, aunque la prueba practicada en la instrucción lo ha desvirtuado, todavía se insiste. Incluso con algún asunto como el caso Baró, que ha intentado, con documentación inexistente, implicar a Jordi Pujol Ferrusola en comisiones del Barça a través de la camiseta del club de hace treinta años. Esta semana, en una nueva tanda de jornadas del juicio al expresidente y su familia, además de varios empresarios y entidades mercantiles, el tribunal que preside José Ricardo de Prada tiene prevista la declaración de 61 testigos. Todo ello mientras persiste el caos organizativo del juicio con continuos flash-backs del relato acusatorio del ministerio fiscal y de la Abogacía del Estado.
Testigos de todos los colores
La semana tiene previsto hacer testificar a varias personas que realizaron transferencias o las recibieron de Jordi Pujol Ferrusola en las cuentas de Andorra, a principios de los años 90 del siglo pasado, cuando las entidades andorranas utilizaban habitualmente el sistema de compensaciones y repartían los efectivos entre clientes de un mismo gestor bancario para controlar las entradas de efectivo. Precisamente, uno de estos puntos es el que, de nuevo, ha generado más problemas a la fiscalía por la acusación de transferencias que el mismo banco afectado ha negado.
Ahora bien, las jornadas que vienen tendrán testigos aún más diversos, como un productor de cine, una inversión en un restaurante de la Cerdanya, un negocio fallido de cafés, una joint venture para entrar en el negocio de la publicidad y un proyecto de emisión por streaming de una televisión mexicana, entre otros, o la importación e implantación de una factoría para la fabricación de tortitas. Como el caso Villena sobre un proyecto para llevar universidades americanas a Andorra, que acabó ejecutando el gobierno municipal de Barcelona cuando estaba en manos de Pasqual Maragall. Un cóctel que evidencia la radiografía de la variada actividad mercantil y laboral que llevó a cabo Jordi Pujol Ferrusola durante casi 40 años.
Una transferencia que no existe y un testigo que ya no está
Entre los testigos del inicio del juicio solicitados por las acusaciones se encontraba Joan Baró, que murió en el año 2024. Un caso extraordinario que muestra cierto desorden en la instrucción. Baró fue llamado a testificar durante la instrucción judicial del caso por parte del entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José de De la Mata, el 27 de abril de 2016. El juez quería aclarar dos transferencias que había recibido en el año 1992, de 30 millones y 35 millones de pesetas, respectivamente, por parte de Jordi Pujol Ferrusola. Un primer ingreso en diciembre de 1992 y otro en mayo de 1993.
En su declaración, a la que El Món ha tenido acceso, Baró declaró que nunca había tenido ningún negocio ni proyecto conjunto con Pujol Ferrusola y que no lo conocía de nada, y recordó al juez que la UDEF le hizo explicar toda su «historia desde 1982». Baró, en el momento de las transferencias, era residente en Andorra porque era «socio y empleado» de un «negocio mayorista de marcas como Seiko, Pulsar o Fuji». Baró admitió al juez que tenía una cuenta en la Banca Reig –que después sería Andbank y que cerró en el año 2005–, y añadió que dejó la residencia andorrana para vivir en una pedanía cerca de la Seu d’Urgell.
Compensaciones y punto
Ahora bien, era una cuenta de la que también era titular su esposa y que, básicamente, tenía dinero pero no para esas cantidades. En este sentido, detalló que el gestor bancario era quien, una vez al mes, le daba el saldo y le explicaba los cambios que se habían generado por la compra y venta de acciones de empresas del Ibex, como por ejemplo de Telefónica o Abengoa. «Él me decía lo que había hecho a lo largo del mes y me explicaba el saldo» detalló al juez. «Nunca pedía un extracto bancario, en aquella época no lo hacía, era muy personal», insistió al juez, que lo presionaba porque no se creía que fuera una «compensación interna del banco». Un sistema de ingresos de efectivo que llevaban a cabo los gestores bancarios andorranos para repartir efectivo entre sus clientes y que no respondían a ninguna transacción, solo a apuntes contables. El caso Baró reafirma este razonamiento de la defensa porque esta semana habrá una multitud de testigos que recibieron estas transferencias.
De hecho, era una cuenta personal. El juez lo presionó mucho, advirtiéndole que si mentía lo podía enviar a prisión, hasta el punto que acordó con el magistrado ir a Andorra a buscar los extractos bancarios. Un detalle muy curioso es que a preguntas de la entonces fiscal del caso, Belén Suárez, delató que dos periodistas de un medio español se pusieron en contacto con él justo al día siguiente de declarar ante la UDEF, aunque estaba en secreto de sumario. La fiscal hizo oído sordo, a pesar de la indignación del mismo testigo al ver que al ministerio público le daba igual que dos periodistas ya hubieran tenido acceso a su declaración horas después de declarar ante la UDEF. La información salió publicada en El Confidencial.
El Barça entra en juego
El juez De la Mata intentaba reforzar la teoría de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), la UDEF. La policía puso negro sobre blanco en sus atestados que el dinero cobrado eran comisiones que había recibido a cambio del contrato con el Barça por la uniformidad del club, porque Baró era uno de los socios de Kappa España, una operación después de que el club dejara de lado Meyba, la marca histórica del club. Es decir, la policía acusaba incluso a Jordi Pujol Ferrusola de haber mediado para cobrar por vestir al Barça a raíz de estas transferencias en una de las mejores épocas del club, la del dream team. Pero la teoría policial, ya de por sí bastante rebuscada, no encajó ni a golpes de martillo. Al contrario.
Para empezar, Baró, que prestó su consentimiento al juez para pedir los extractos a ANDBANK, se encargó de ir a buscarlos personalmente ante el hecho de que el juzgado iba arrastrando los pies. La sorpresa fue que las transferencias del banco se constató que no existían en el extracto bancario. Baró no había mentido al juez. Además, dejó una copia de este extracto a un amigo íntimo de Andorra por si acaso, pasaban cosas raras en la Audiencia Nacional.
Por otra parte, la tesis de Kappa se deshizo como un azucarillo. Si bien es cierto que Baró fue socio con uno de los propietarios de Lamasports y constituyeron Kappa Sports. SL para poder comercializar la marca en España, esta empresa no se constituyó hasta el 18 de octubre de 1993, casi dos años después de las transferencias que no se han acreditado. Baró no podrá contar esta historia porque la semana pasada el juzgado recibió la noticia de su muerte en agosto del año 2024. El caso Baró, aunque todavía quedará como prueba documental aprovechada por las defensas, demostraría cómo la tesis de las compensaciones explicaría las transferencias interbancarias andorranas entre titulares de cuentas que ni se conocían.
