El primer testigo del juicio contra el inédito juicio al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, es una de las claves del caso. Ha sido el fiscal de delitos económicos, Julián Salto. Y, de hecho, su testimonio ha ayudado a sostener la tesis de la defensa y del ministerio fiscal de que García Ortiz no cometió ningún delito de revelación de secretos. Tras las cuestiones previas de la defensa y las acusaciones particulares, el presidente de la sala penal del Tribunal Supremo y del tribunal juzgador, Andrés Martínez Arrieta, ha dado paso a la fase de prueba iniciando el largo listado de cuarenta testigos previstos en el guion de la vista oral.
Salto subió al estrado con las ideas claras y teniendo presente que firmaba los correos de conformidad que se habrían filtrado a la Cadena Ser y que son el eje de la acusación. De entrada, admitió que fue «legal» que sus superiores le pidieran información sobre el caso de fraude que seguía contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Todo esto, porque era un caso de «relevancia mediática».
De todos modos, en un primer momento le sorprendió porque le daba la impresión de que el caso «no tenía mucha sustancia porque era un fraude fiscal más». Hasta que supo que el investigado era la pareja de Ayuso, un hecho que desconocía. En todo caso, el fiscal ha definido como «desinformación» todo lo que se ha hecho durante veinte meses de instrucción y que ha pervertido el caso. En síntesis, ha negado haber recibido ninguna clase de orden o instrucción para no llegar a un acuerdo de conformidad. Es más, ha enfatizado que en 20 años de carrera profesional nunca ha propuesto ningún pacto porque no es su «deber» ni su «obligación». También ha criticado con contundencia que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tuviera los correos. «Yo pensaba que eran privados», ha recriminado.
El Atlético de Madrid entra en juego
La curiosidad del testimonio ha sido cómo contactaron con él para preguntarle sobre la negociación de la conformidad. La primera persona que le llamó fue la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, el día 13 de marzo, hacia las nueve y media de la noche. Salto, sin embargo, le respondió que se encontraba en un partido de fútbol en el estadio Metropolitano, donde juega el Atlético de Madrid. Lastra le replicó que estuviera tranquilo que ya podrían hablar al día siguiente.
Pero después le llamó la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que primero le dijo que podía esperar a que terminara el partido, pero que luego le volvió a llamar: «Tiene que ser ahora porque el fiscal general no puede esperar». A las diez de la noche, les reenvió la cadena de correos electrónicos con el abogado de González Amador, y luego llamó a Lastra para quejarse de que recibía órdenes contradictorias.
El fiscal del caso de la pareja de Ayuso ve «desinformación» contra García Ortiz
