«Hoy, pues, aquella utopía ha comenzado a dejar de serlo. Hoy el Estatuto de Cataluña ya es una verdad, una realidad histórica. Los invito, señoras y señores diputados, a finalizar esta sesión solemne e histórica cantando nuestro himno nacional». Eran la una y cuarto de la tarde y dos minutos del 30 de septiembre de 2005 cuando el entonces presidente del Parlamento, el republicano Ernest Benach, levantaba la sesión que acababa de aprobar el nuevo Estatuto de Cataluña, después de una larga y durísima batalla política entre los partidos catalanes.
Un texto que no solo actualizaba el autogobierno de Cataluña sino que ambicionaba reformar el Estado y otorgar a Cataluña una condición de casi estado asociado a España. Pero los 120 diputados que aprobaron el nuevo manual de instrucciones del Gobierno sabían perfectamente que apenas era el inicio de un camino que no solo sería difícil, sino que tenía todas las papeletas para no acabar bien. De hecho, solo el costoso acuerdo parlamentario en Cataluña ya se podía ver como un adelanto del proceloso camino que aún quedaba por recorrer, con la negociación en el Congreso que le pasaría el «cepillo», como afirmó el exvicepresidente socialista Alfonso Guerra, o la amputación, más que recorte, que sufrió el texto en manos de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Una sentencia que provocó la gran manifestación del 10 de julio de 2010 y que terminó con el presidente José Montilla huyendo escoltado por los Mossos d’Esquadra a la sede del Departamento de Justicia que había en la calle Pau Claris de Barcelona. Allí comenzó el proceso político que llevaría a Cataluña al referéndum del primero de octubre de 2017. Han pasado 20 años, y como cantaría Gardel, «no es nada«, porque la actual agenda política de Cataluña está marcada por la reclamación de las competencias que incorpora el Estatuto como la gestión de la inmigración, la financiación singular o el uso del catalán. Debate largo, negociación dura, estrategia y táctica política y una tortilla de dos huevos protagonizaron lo que inició formalmente el Procés.
Un largo camino hasta el 30 de septiembre de 2005
El debate final de aprobación del Estatuto comenzó sin saber cómo terminaría porque los dos grandes partidos, el PSC y CiU, negociaban hasta última hora el capítulo de la financiación. Los servicios de la cámara reservaron tres días para celebrar el debate, tiempo suficiente para poder llegar a un acuerdo in extremis. De hecho, esta clase de acuerdos más justos que un cerrojo ya se han consolidado como una marca propia de la política catalana. El plenario comenzó a las once de la mañana y seis minutos del 28 de septiembre, con el Gobierno en pleno presidido por Pasqual Maragall, que había convertido el Estatuto en la bandera del primer tripartito. El pleno tenía un único punto, aprobar el Estatuto de Cataluña que reformaba de arriba a abajo el de 1979.
El texto llegaba al plenario después de una gestación compleja. Al fin y al cabo, la reforma del Estatuto se incluyó en el Pacto del Tinell, de noviembre de 2003, que construía el primer «Gobierno de izquierdas y catalanista», formado por el PSC, ERC e ICV-EUiA. En este acuerdo, se incluía la reforma del Estatuto. Además, en el último pleno con Jordi Pujol en la Casa dels Canonges se había aprobado el compromiso de revisar el autogobierno de Cataluña a petición de Maragall, entonces jefe de la oposición. Cabe recordar que en el año 2000 ya se había formado en la cámara catalana una comisión de estudio para la mejora del autogobierno, con los votos en contra del PP.
Con Maragall de presidente, y con la presión de CiU para cumplir el compromiso que los mismos socialistas se habían impuesto, el Parlamento nombra una comisión de veinte diputados estrella donde se contaban veteranos convergentes como Ramon Camp, actualmente miembro del Consejo del Poder Judicial de Andorra; Núria de Gispert, futura presidenta del Parlamento y exconsejera de Justicia e Interior; el futuro expresidente Artur Mas, el ecosocialista Jaume Bosch; el diputado que después sería inhabilitado por el 9-N Francesc Homs; el socialista de sector duro Joan Ferran; el actual embajador en la UNESCO, Miquel Iceta, o el ahora letrado mayor del Parlamento, Joan Ridao. Es el 9 de febrero de 2004.
Zapatero y su «apoyaré»
Estratégicamente, a todos los partidos, salvo al PP de Josep Piqué, ya les convenía iniciar una negociación desde Cataluña que los confrontaba con el PP, que en aquellos momentos dominaba la Moncloa con mayoría absoluta de José María Aznar, una situación que esperaba repetir en los comicios del 14 de marzo, con Mariano Rajoy de candidato y después de cuatro años «de aznaridad» que habían laminado de facto el autogobierno de Cataluña.
Pero los atentados islamistas en Atocha del 11-M cambiaron las cosas. El PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero recuperó inesperadamente el poder. Precisamente, Zapatero se había comprometido el 13 de noviembre de 2003, en el Palau Sant Jordi, en campaña de Maragall a la presidencia de la Generalitat, a apoyar el Estatuto que aprobara el Parlamento de Cataluña. Fue el famoso «apoyaré» que alentó a los partidos catalanes, pero que después se le atragantó. La puesta en marcha de la ponencia y la llegada de Zapatero a la Moncloa activó los resortes mediáticos y políticos del PP, que iniciaron una más que agresiva campaña contra un Estatuto que aún estaba por escribirse.
Se aprueba la ponencia y el primer aviso formal
El 8 de julio de 2005, después de 50 reuniones formales en el palacio del Parlamento, la ponencia entregó a la Mesa la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. Un texto que optaba por una relectura de la Constitución mucho más favorable al autogobierno y revisaba la descentralización administrativa para incrementarla y otorgar más poder político a las instituciones catalanas, hasta el punto de estar presentes en instituciones europeas e internacionales. Además, distinguía competencias exclusivas, que se habían confrontado con el concepto «competencias excluyentes».
En todo caso, en aquellos momentos el maragallismo defendía el cuerpo del Estatuto como una «Constitución catalana». Tanto es así que en un encuentro con lehendakari Juan José Ibarretxe, que defendía convertir Euskadi, a través de un nuevo acuerdo con el Estado, en un «estado libre asociado», Maragall expresó que al final «las dos formas convergerían». Es decir, la intención era elevar el nivel de autogobierno dejando competencias compartidas como la política exterior o la de defensa, pero que el poder del Estado en Cataluña pasara a ser gestionado por la Generalitat.
El 29 de julio se aprobó el dictamen de la propuesta de la ponencia en comisión y, a continuación, los grupos parlamentarios decidieron remitir al Consejo Consultivo el texto del nuevo Estatuto y las enmiendas presentadas. El uno de septiembre el Consejo Consultivo emitía un dictamen de mal augurio. Los togados de la Generalitat concluían que el contenido total o parcial de 20 artículos era inconstitucional y en 39 casos adoptaba una conclusión de «carácter interpretativo», esto es, que solo podían ser constitucionales si se interpretaban de una determinada manera. Pero, eso sí, destacaba que era constitucional declarar Cataluña como «nación«.
Tres días de debate
Con la advertencia del Consejo Consultivo, la Mesa convocó el pleno para el 28 al 30 de septiembre. Aunque el acuerdo definitivo no estaba del todo claro. Ernest Maragall, entonces más socialista que la sede de Nicaragua y secretario de Gobierno, negociaba a última hora con Francesc Homs, que ejercía de lugarteniente de Mas en la negociación estatutaria. El diario de sesiones de aquellos tres días son bastante suculentos y ponen frente al espejo muchos de los posicionamientos políticos actuales.
El primero en tomar la palabra para fijar posición fue Jaume Bosch, en un discurso donde recordaba desde Joan Comorera al presidente Lluís Companys y terminó citando al presidente Macià, con la convicción de que el plenario acabaría con el Estatuto aprobado. No fue tan optimista, Francesc Vendrell, portavoz del PP -ahora ya fallecido- que criticaba haber llevado el texto de una ley tan importante sin haber asegurado la mayoría. De hecho, contrariamente a la leyenda, los populares votaron a favor de algunos capítulos del Estatuto.
En tercer lugar, intervino Joan Ridao, entonces diputado técnico de los republicanos, que calificó la financiación que recogía el Estatuto, como un «concierto a la catalana» y utilizaba el adjetivo de «singular». Además, remarcaba que quedaba «blindado». Por los socialistas intervino Miquel Iceta, que alabó la figura del presidente Pujol. «Queda dicho y de corazón: Cataluña y su autogobierno no serían hoy lo que son sin el papel del presidente Pujol. Y lo queremos decir», exclamó Iceta. Por CiU intervino Artur Mas, que pedía resolver bien «el problema de la financiación». De hecho, Mas lo pactaría en la negociación en Madrid en una reunión clandestina con Zapatero que pilló al resto de partidos catalanes con el pie cambiado.
Una tortilla de dos huevos, judía verde y cerveza
La tensión narrativa del plenario se hacía notar, aunque pocos apostaban porque, después de todo, no hubiera acuerdo. El tripartito y Maragall querían el acuerdo porque era el objetivo político prioritario de Gobierno, y CiU porque le interesaba marcar la agenda como grupo mayoritario de la cámara. Ante el riesgo de que la negociación naufragara, el aparato del PSC y el presidente Maragall dejaron en manos de su hermano la parte más delicada de la negociación.
Ernest Maragall, con más horas en la política que el reloj de la Barceloneta, tomó el toro por los cuernos y centró la negociación con Homs, que también contaba con el apoyo de la cúpula del partido y de Mas, y se había destacado como un negociador de aire despreocupado pero duro. Maragall citó el miércoles por la noche a Homs en su casa, donde estuvieron hasta las tres de la madrugada. Homs se sinceró con Maragall y le confesó que después de horas negociando tenía más hambre que el gallo de la Pasión. Fue entonces cuando el futuro líder de ERC en Barcelona se puso el delantal y le cocinó judía verde, una tortilla de dos huevos con jamón y una cerveza. El acuerdo estaba hecho y se escenificó la noche del 29 de septiembre.
Viaje a Ítaca
El jueves, día 29, el debate fue mucho más técnico y con la sensación de que todo el pescado estaba vendido. Con el acuerdo cerrado, el día 30 se reanudó la sesión para la votación a la totalidad. Una votación por llamamiento que inició Albert Riera, que militaba en Unió Democràtica, y cerró Meritxell Borràs, de CDC, que años después sería condenada por desobediencia por el referéndum del Primero de Octubre habiendo cumplido un mes de prisión preventiva.
Una vez aprobado, fue el turno de los discursos, que inició el entonces consejero de Relaciones Institucionales y coordinador del Estatuto -creador de ideas como el Bus del Estatuto-, el ecosocialista Joan Saura, seguido por el popular Josep Piqué, el republicano Josep-Lluís Carod-Rovira, la socialista Manuela de Madre, Artur Mas y el presidente Maragall, que cerró las intervenciones con un recordatorio a Viaje a Ítaca, pronunciando «buen viento pero con la barca nueva!». Vale decir que el viaje a Ítaca fue después un lema estratégico de Mas cuando el Procés tomó velocidad de crucero.
Comienza la ofensiva
Recién aprobado el Estatuto, y con el tintineo de las copas de cava en la planta noble del Parlamento celebrando el nuevo texto, Madrid ya mostraba los dientes. El Partido Popular ya advirtió que el texto aprobado comportaba la «ruptura de la unidad de España». Por ello, ya reclamaron tramitar el Estatuto como reforma constitucional y no estatutaria. Y por eso pidieron también disolver el Congreso de Diputados y el Senado y convocar nuevas elecciones antes de su admisión a trámite. El argumento era que la reforma «no formaba parte del programa del gobierno de Zapatero» y los ciudadanos debían poder «pronunciarse».
Por su parte, el gobierno de Zapatero se mostraba más cuidadoso con las palabras pero no en el sentido de fondo. La Moncloa se pronunció mediante la figura de la entonces vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que señalaba que apoyarían el texto, pero que si en el trámite parlamentario en el Congreso superaba la Carta Magna se podría «retocar». La batalla apenas comenzaba y nadie sospechaba la magnitud de la tragedia política que veinte años después sacudiría la política catalana.
