Los estados de ánimo saludables son aquellos que, al ser sorprendidos, corrigen, se enmiendan y piden disculpas. Son estados con criterios no solo democráticos, sino de autoridad eficiente. La eterna distinción weberiana entre poder y autoridad. Pero el alma política del Estado español, intoxicada por el autoritarismo doctrinario y gratuito y por un franquismo que persiste gracias a la involución del pacto de transacción del 78, impide disfrutar de un Estado saludable.
Esta semana hemos sufrido dos ejemplos clamorosos. Por un lado, los infiltrados del Cuerpo Nacional de Policía en movimientos indepes catalanes y la desclasificación de los documentos confidenciales –7 años y ocho meses después de los hechos– sobre la relación de los servicios de seguridad y los de inteligencia españoles con el imán de Ripoll, Abdelbaky Es Satty, cerebro de la célula yihadista que dejó 17 muertos y cientos de heridos el fatídico 17 de agosto de 2017.
En el caso de los infiltrados, no hace falta decir que es un escándalo. Policías que establecen relaciones muy personales con activistas de movimientos que no suponen ninguna, ninguna y ningún tipo de amenaza ni para la seguridad pública ni para el Estado en sí. Un desbarajuste de dinero público malgastado y que, además, han demostrado el desastre de unos agentes encubiertos, infiltrados o de inteligencia lo suficientemente torpes para ser sorprendidos. El caso del imán es aún más grave porque el rastro trágico que dejó es irreparable.
Curiosamente, muchos medios fijan el foco en las explicaciones que en marzo de 2018 dio el eternísimo director del Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix Sanz Roldán. Sí, el mismo que viajó para reunirse con Corinna Larsen y advertirle de cómo puede actuar el Estado con aquellos que pongan en peligro el bandarrismo del emérito. Sí, el mismo que en la comparecencia ante la «comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados» del 6 de marzo de 2018, para dar explicaciones sobre el imán, enfatizó que «el personal del CNI, del cual, por cierto, forman parte muchos catalanes», como un argumento para atacar a los que reclamaban explicaciones sobre las informaciones que relacionaban a Es-Satty con los servicios de inteligencia.
Posiblemente, Sanz Roldán obvia que tampoco se puede ocultar todo, como las seis reuniones que mantuvieron con Es-Satty, la información que oralmente y por escrito pasó, sus antecedentes relacionados con operaciones yihadistas en Cataluña, la sorprendente aparición de una solicitud de asilo, o la aún más sorprendente retirada de la orden de expulsión a Marruecos al salir de prisión y la opacidad que hasta ahora se ha hecho sobre los dosieres que los cuerpos policiales tenían sobre su figura. Además, los documentos destacan que a pesar de los «controles» que se le hicieron hasta diciembre de 2014 concluyeron, fíjate, que no era ninguna amenaza.
Solo por estas explicaciones, Sanz Roldán debería responder ante los tribunales, como Paz Esteban o Esperanza Casteleiro, posteriores jefes del CNI que formaban parte del núcleo de «la Casa». Un error, un descontrol de este tipo, de esta gravedad no reclama explicaciones sino condenas por la responsabilidad, por la negligencia. Solo en este país damos veracidad a incompetentes como Sanz Roldán o restituimos al jefe de los Mossos bajo cuyo mandato murieron 17 personas en la Rambla. La lástima es que el imán no era indepe. Si no, le habrían puesto incluso una novia.
