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Movimiento de la fiscalía especial del jurado en el caso Andic. El ministerio público ha comunicado que ha registrado un escrito de oposición a la petición de las defensas de retirada de las medidas cautelares impuestas a Jonathan Andic por la muerte de su padre, Isak, en Collbató en diciembre de 2024. En concreto, los abogados de la defensa consideraban que un millón de euros de fianza, la retirada del pasaporte y la comparecencia semanal en el juzgado eran medidas excesivas a la vista de la debilidad de los indicios incriminatorios aportados al sumario. De hecho, la defensa presentó un recurso para solicitar la retirada de estas cautelares analizando cada una de las diligencias incriminatorias de los Mossos d’Esquadra. Y, ahora, la fiscalía contraataca con una respuesta en la que intenta desmontar los argumentos de los abogados de Andic. Un recurso que es un juego procesal intenso entre las dos partes enfrentadas en esta instrucción. La fiscalía incide en los mensajes de móvil que han podido constatar tras extraer la información de los teléfonos, sobre todo del terminal del padre, que en el momento de la caída lo llevaba en el bolsillo delantero del pantalón.

«Sobre la base de los mensajes», explica el ministerio fiscal, «se contradice la supuesta buena relación entre padre e hijo». Una circunstancia que la defensa destacaba aunque recordaba que Andic nunca dijo que la relación «siempre» había sido buena. También añadía que los mensajes de WhatsApp encontrados en el móvil del padre se enmarcaban en una terapia psicológica de «cierta confrontación de acción y reacción para encontrar el crecimiento». En este sentido, subrayaban que desde febrero de 2024 no había ningún reproche entre ellos. Y, referente a los móviles, la defensa destacaba que la notificación de que era investigado llegó a Jonathan el 4 de marzo de 2025, y no cambió el terminal hasta tres semanas después. Un dato que desvirtuaría su intención de esconder algo.

Isak Andic, en una imagen de archivo

La fiscalía no se fía

El escrito de la fiscal del jurado quiere, por un lado, neutralizar los argumentos de la defensa y, al mismo tiempo, convencer a la jueza de que la medida es, incluso, generosa. El ministerio fiscal argumenta que es necesario mantener las medidas cautelares a la vista de los indicios existentes en el sumario, derivados sobre todo de los informes de los Mossos d’Esquadra, el análisis de la geolocalización y el contenido del teléfono móvil de la víctima, del registro de llamadas hechas por el investigado en el momento de los hechos y del informe técnico fotográfico de la escena del crimen. La defensa, sin embargo, asegura que todos estos indicios están sesgados. Por último, el escrito del fiscal discrepa del argumento de que no hay riesgo de fuga, como alegaba la defensa, ya que tiene en cuenta la «altísima capacidad económica» de Jonathan, hijo del que fue el hombre más rico de Cataluña, y la importante pena de prisión que podría suponerle ser considerado culpable de homicidio. Por eso pide, como mínimo, mantener las medidas cautelares actuales.

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