Los vecinos de Badia del Vallès han vuelto a alzar la voz para conseguir la retirada del amianto de sus viviendas. Esta vez, pero, lo hacen con especial contundencia y con la amenaza retomar las movilizaciones si la Generalitat no cumple con el compromiso de invertir 4,5 millones de euros para erradicar las 13 toneladas de fibrocemento que se calcula que ha repartido por el parque de vivienda del municipio.
Dos años después de sellar este acuerdo con el Govern, los vecinos han denunciado en unas declaraciones a la ACN que todavía no han empezado los trabajos y que tienen la sensación que ninguna administración sabe cómo abordar el problema. «Está todo paralizado, la subvención caduca en 2026 y parece que nadie sabe qué hay que hacer», explica Juan José López, miembro de la Comisión del Amianto. Este vecino remarca que «no van contra nadie» y que, si los afectados contemplan retomar las movilizaciones, es para obligar las administraciones a actuar contra una problemática en la cual está en juego la salud de muchos vecinos de esta ciudad.
Los afectados son conscientes que el problema del amianto en Badia del Vallès es «muy complicado» y que ellos no son ni técnicos ni expertos para «dar lecciones a nadie», pero lamentan que dos cursos después del anuncio de la subvención no se haya hecho nada y que los edificios se continúen degradando. Hay que recordar que -según la previsión inicial- todo el amianto tendría que estar retirado a finales del año próximo, un hito que a estas alturas parece complicado de lograr.
Una inversión insuficiente y posibles acciones legales
Sobre el coste económico de la retirada del fibrocemento, los vecinos dudan que con los 4,5 millones presupuestados se pueda resolver el problema, puesto que con este dinero se cubriría la retirada de elementos, pero no la reposición de los bajantes todavía en uso o de las cubiertas de muchos edificios, que se tendrían que sustituir integralmente. «Parece que se presupuestó lo que se tenía que sacar, pero no lo que se tenía que poner», señalan en declaraciones a la ACN. Si no hay un cambio de 180 grados en el abordaje de esta problemática, los afectados retomarán las protestas y no descartan emprender acciones legales contra las administraciones.
