Una segunda oleada de independentistas ha marchado al extranjero por la investigación de terrorismo de la Audiencia Nacional contra la plataforma Tsunami Democràtic. De este modo, personalidades como el diputado de ERC Ruben Wagensberg, el activista de Òmnium Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó viven ahora en Suiza, donde ya hay la secretaria general de ERC, Marta Rovira, desde 2018. Parece ser, pues, que la mayoría de investigados marchan ahora hacia países extranjeros, puesto que todos ellos se exponen a ser juzgados y condenados por terrorismo por su presunta vinculación con el Tsunami y las protestas contra la sentencia del 1-O. Ahora mismo, pero, no hay órdenes de detención para ninguno de los exiliados, una situación que podría cambiar en cuestión de días, el que provoca que los posibles investigados no quieran correr riesgos.
Según ha explicado Benet Salellas, abogado de Serra, Campmajó y Soler, a pesar de la ley de amnistía, hay “cierto descontrol en determinados espacios” del poder judicial español que están “dispuestos a ir más allá del que dice la ley” por motivos “políticos”. “La inseguridad hace tomar decisiones como el exilio”, asegura. De este modo, igual que se investigó y encarcelar Jordi Cuixart y Jordi Sánchez en su momento, no hay certezas que no vuelva a pasar el mismo.

Por este motivo, activistas, periodistas y empresarios han decidido marchar de Cataluña. Ahora mismo no hay órdenes de detención contra ninguno de los investigados, si bien se los está empezando a citar para declarar. Justo esta semana la AN reclamaba a los investigados que no son aforados que le hagan llegar en un día las direcciones donde viven porque los pueda citar a declarar. El caso de Puigdemont y Wagensberg está al Tribunal Supremo por su condición de eurodiputado y diputado, respectivamente. La misma decisión tomó a finales de 2023 Jesús Rodríguez, periodista de
Sin miedo en la prisión y con una clara denuncia internacional
Más allá del riesgo de entrar en la prisión, Salellas ha explicado que la decisión del exilio también es una vía para “denunciar internacionalmente que España utiliza el terrorismo para acallar la disidencia política”. En este sentido, las personas que marchan de Cataluña no solo lo hacen para protegerse del que ya se sostiene como falsas acusaciones, sino que también es su manera de mostrar en el mundo como hace las cosas la justicia española. “Utilizaremos todas las vías institucionales para explicar en el mundo que se están vulnerando derechos fundamentales a ciudadanos europeos”. “Hasta hoy el exilio ha demostrado que las decisiones de los países europeos han ido en contra de las autoridades españolas”, ha reconocido el abogado.