«La Sindicatura de Comptes concluye que el Hospital de Viladecans podría lograr reducciones adicionales de la morbilidad y de la mortalidad si lograra disminuir el tiempo de espera entre el alta de urgencias y el ingreso en planta». Esta es una de las durísimas conclusiones del último informe de la Sindicatura de Comptes, difundido este miércoles, sobre un nuevo servicio de urgencias hospitalarias del sistema público de Cataluña analizado dentro del programa anual de trabajo.
Una auditoría operativa que revisa «si la gestión de la atención urgente prestada por el Hospital de Viladecans se realiza de conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia, y si hay margen de mejora«. De hecho, este informe se integra en la hoja de tareas que se inició con el servicio de urgencias del Arnau de Vilanova de Lleida que también dejó en evidencia las carencias y los déficits del servicio.
La síndica que ha elaborado el informe, Maria Àngels Cabasés, ha convencido al conjunto de los auditores públicos de las carencias del servicio y los incumplimientos de los principios de eficiencia, economía y eficacia que corresponde a un servicio público que es centro de referencia de los municipios de Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues y Sant Climent de Llobregat. Es uno de los 8 hospitales gestionados por el Institut Català de la Salut (ICS).
«Efectos adversos para la salud»
Según el informe, de 120 páginas y al que ha tenido acceso El Món, tanto la demanda que registra el servicio de Urgencias como las «dificultades en el drenaje de pacientes impactan negativamente en la calidad que perciben los usuarios, a la vez que pueden implicar efectos adversos para su salud». En este sentido, la Sindicatura califica «de especialmente crítica la espera de los pacientes que deben ser ingresados».
«A partir de los indicadores de tiempo analizados y de la evidencia científica disponible, la Sindicatura considera que se podría lograr una reducción adicional de la morbilidad y de la mortalidad si se redujera el tiempo de permanencia en urgencias de los pacientes, especialmente mediante la reducción del tiempo de espera entre el alta de urgencias y el ingreso en planta», sentencia con crudeza el informe.
En la misma línea, la auditoría pública remarca que «el tiempo total de permanencia en el Servicio de Urgencias de los pacientes que requieren ingresar al hospital es bastante prolongado y está lejos de los estándares estatales e internacionales». También critica con dureza el procedimiento de información a familiares y control de acompañantes del Hospital de Viladecans que «es incompleto, dado que no establece un sistema preciso de información al paciente y los acompañantes.»
Economía
Por otro lado, la Sindicatura también hace números del servicio. En este marco, concluye que la financiación de la actividad de urgencias del Hospital de Viladecans con cargo al Servei Català de la Salut, de 5,61 millones de euros en el ejercicio 2022, es inferior al costo total del servicio que se desprende del sistema de costos del Institut Català de la Salut, con un déficit estimado de 3,16 millones de euros. Como consecuencia, la Sindicatura entiende que el servicio de urgencias asume funciones de atención primaria que no le corresponden.
«El hecho de resolver en el Servicio de Urgencias hospitalarias actividad que debería resolver la atención primaria puede repercutir negativamente en el primero, tanto en la calidad de la actividad -tiempo de demora- como en el entorno profesional de desarrollo del trabajo -coherencia interna- y, a la vez, puede entorpecer el dimensionamiento de los dispositivos de atención primaria», describe el informe.
En definitiva, la Sindicatura interpreta que «la orientación del Servicio de Urgencias del Hospital de Viladecans se aleja de las necesidades que se pretenden cubrir con la política pública definida en el Pla nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC), dirigido a resolver episodios de atención sobrevenidos y agudos o recaídas que no admiten demora en su atención y que pueden causar efectos adversos en la salud». El informe no oculta culpables. Así señala como responsable «el incumplimiento del derecho a una buena administración, atribuibles al CatSalut, al ICS y al Departamento de Salud». «Los hechos observados no permiten garantizar un marco de actuación que responda de forma efectiva a los principios de eficacia, eficiencia y economía», razona la Sindicatura que añade que no se cumple con los principios «de una gobernanza adecuada de la intervención pública».
