Desde el fin de la pandemia, el número de agresiones, tanto verbales como físicas, que se producen contra el personal y el mobiliario de los centros sanitarios ha aumentado significativamente. Concretamente, según datos facilitados por el consejero de Salud en funciones, Manel Balcells, en una entrevista a RAC1, desde el año 2020 -en plena emergencia sanitaria- se ha incrementado un 13% el volumen de agresiones verbales que ha sufrido el personal de centros de atención primaria (CAP) y hospitales. Un aumento sostenido en los años que ha avivado la indignación del sector sanitario, que ha acabado estallando a raíz de los incidentes que se produjeron la semana pasada en el Hospital Trueta de Girona -relacionados con el tiroteo mortal de la Font de la Pólvora– y al Consorcio Sanitario de Terrassa a causa de las complicaciones en un parto. Unos hechos que la consejería se ha apresurado a categorizar «de excepcionales», pero que desde el sector sanitario avisan que no son «aislados», sino una muestra más de la violencia habitual que sufren. “Empezamos a ir a trabajar con miedo”, asevera el secretario general del sindicato de Médicos de Cataluña, Xavier Lleonart, en conversación con El Món. Lleonart, que también trabaja en el Hospital de Terrassa, explica que desde la agresión física de la semana pasada se han producido nuevos incidentes: «Esta semana se han producido nuevas situaciones de violencia verbales y amenazas a la sala de urgencias del hospital. Corremos el riesgo de normalizar este tipo de hechos», advierte el sindicalista.
Los diferentes agentes de la comunidad sanitaria consultados por este diario coinciden que hay que tomar medidas “adecuadas” y “efectivas” para paliar esta problemática, que hace años que golpea los hospitales catalanes: “Hay que tener tolerancia cero con las agresiones”, remacha el responsable de salud laboral del sindicato profesional SATSE de Cataluña, Xavi Massabé. En esta misma línea se expresa la portavoz del sindicato de Enfermeras de Cataluña, Laia Marsal, que considera que hacen falta acciones “reales” por parte del Departamento de Salud para garantizar la “seguridad de los trabajadores”. De momento, a raíz de los últimos incidentes, Balcells ha querido dejar claro que la consejera ya ha empezado a instalar “los elementos necesarios”, como por ejemplo el botón del pánico y puertas reforzadas, para reforzar la seguridad en los hospitales. Unas medidas, pero, que no resuelven la totalidad de la problemática y que, de momento, solo se han implementado en algunos centros, como el de Terrassa: «En Terrassa ya está hecho, no hemos tardado en intensificar las medidas», defiendió el responsable de la cartera en una atención a medios.
El auge de la «crispación social»
Enfermeros y médicos coinciden que el aumento del número de agresiones que se producen contra el personal sanitario, de las cuales, según aseguran, la gran mayoría no se denuncian, se debe al auge de la «crispación social» pospandemia: «En los últimos años, ha habido un aumento de la desazón y la demanda hacia la profesión. Los pacientes cada vez son más exigentes con el servicio, y esto genera más indignación», argumenta Laia Marsal. En este sentido, pues, enfermeras y médicos avisan que si no «mejora» la calidad asistencial -un factor que depende de los centros, pero también de los recursos que destina la consejería- seguirá aumentando el malestar de la población, cosa que puede continuar desencadenando en agresiones, generalmente verbales, contra los trabajadores.
En este sentido, desde SATSE advierten que los «recortes» de personal que vive el sector sanitario durante todo el verano -que también enfurecen enfermeras y médicos- y el cierre de camas en algunos hospitales, pueden agraviar la crispación de la sociedad: «La falta de cobertura y los cierres provocan una mayor presión asistencial, especialmente a las urgencias hospitalarias, aumentando los tiempos de espera y provocando tensión entre pacientes y acompañantes», apuntan desde el sindicato: «Si la atención empeora, aumenta la crispación», exclama Xavi Massabé. Es por eso que desde la organización sindical reclaman al Departamento de Salud un incremento de la dotación económica que recibe cada hospital, puesto que consideran que de este modo se podría mejorar la calidad del servicio sanitario y, en consecuencia, reducir el volumen de agresiones que se producen contra los trabajadores.
La figura de autoridad pública
Tal como dicta el artículo 550 del Código Penal, agredir a un maestro o a un médico puede comportar penas de prisión, puesto que son profesionales categorizados como «autoridad pública» -la misma consideración que los agentes de policía, entre otros. Ahora bien, en el caso de los sanitarios, esta condición de autoridad solo se aplica al personal estatutario que depende del Instituto Catalán de Salud (ICS), es decir, a los funcionarios. «Esta condición se tendría que extender a todos los trabajadores de los centros sanitarios, porque las agresiones se producen en todas las direcciones», reclama el responsable de salud laboral de SATSE, que lamenta que la administración «se ha negado» siempre a hacer extensiva la categorización de autoridad pública a todo el personal sanitario.
El secretario general de Médicos de Cataluña también advierte que uno de los grandes problemas por los cuales no se puede aplicar esta condición de autoridad es que, generalmente, los sanitarios no denuncian las agresiones que sufren. Según asegura, el motivo por el cual los trabajadores no acostumbran a presentar cargos contra los pacientes -o sus familiares, como en los casos de Terrassa y Girona- es la «miedo a las represalias»: «En estos momentos, para presentar una denuncia contra quien te ha agredido, tienes que hacerlo dando todos tus datos personales. Entonces, cuando la denuncia llega a manos de la otra parte, aquella persona ya sabe donde trabajas, qué horarios haces y todos tus datos privados. Es muy fácil que, si ya se han puesto violentos una vez, puedan volverlo a hacer», argumenta Xavier Lleonart. Para revertir esta problemática, pues, el secretario general de Médicos de Cataluña considera que se pueda denunciar de manera anónima o, a través de un TIP identificativo -como es el caso de los cuerpos policiales. «Ir recibiendo agresiones y no poder hacer nada acaba generando una sobrecarga para el personal que, a menudo, desencadena bajas laborales», apunta Laia Marsal.
A banda, enfermeras y médicos también creen que para paliar el incremento de violencia contra el personal sanitario hay que «hacer mucha pedagogía y educación» para prevenir estas agresiones. Ahora bien, en caso de que la prevención no dé la función deseada, consideran que hay que actuar con consecuencias «contundentes». Así pues, el sector sanitario reclama más medidas para frenar el aumento de agresiones que sufren los trabajadores de los centros sanitarios de Cataluña, que se ha disparado desde la pandemia.
