La primera evaluación de un servicio de urgencias hospitalarias realizada por la Sindicatura de Cuentas se lleva un suspenso contundente. Así lo muestra el informe de la auditora pública sobre las urgencias del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV), centro de referencia de Ponent y del Pirineo y Aran, así como de la Franja de Ponent. Un estudio económico, financiero y de calidad con el que la Sindicatura ha comenzado a analizar los niveles de eficiencia de los diversos servicios de atención sanitaria de urgencia.
El informe bautizado como 17/2024, al cual ha tenido acceso El Món, destaca que la evaluación ha «puesto de relieve problemas cruciales de gobernanza que afectan la planificación, el despliegue territorial, la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas de la política pública». Asimismo, tira de las orejas más allá del hospital y carga contra «el incumplimiento del derecho a una buena administración» que considera «atribuibles al CatSalut, al ICS y al Departamento de Salud».
La conclusión de los auditores públicos es que «los hechos observados no permiten garantizar un marco de actuación que responda de manera efectiva a los principios de eficacia, eficiencia y economía». La Sindicatura también «observa una falta de pertinencia, de coherencia y de una gobernanza adecuadas en la intervención pública» en el marco de Lleida y en «la alianza estratégica formalizada entre el ICS y la empresa pública Gestión de Servicios Sanitarios (GSS)». Una asociación adscrita al CatSalut.
La eficiencia, «lejos de los estándares»
En el detalle del informe, los auditorios destacan que el tiempo total de permanencia de los pacientes en el servicio de urgencias es «bastante dilatado y se encuentra lejos de los estándares estatales e internacionales». Además, la entidad subraya la falta de referentes conjuntos en los servicios de urgencias para poder establecer una estadística adecuada. «La Sindicatura no ha podido comparar los tiempos registrados en el servicio de urgencias del HUAV con los del conjunto de Cataluña por la falta de homogeneidad en el registro del conjunto mínimo básico de datos de urgencias», sentencia la auditoría.
De hecho, el informe alerta que «las demoras registradas en la atención al servicio de urgencias y las dificultades en el drenaje de pacientes impactan negativamente en la calidad percibida por los usuarios, al mismo tiempo que pueden implicar efectos adversos para su salud«. Incluso, apunta a la reducción de la mortalidad si el servicio fuera más eficaz. «Es especialmente crítica la espera de aquellos pacientes que deben ser ingresados», asevera y añade que «se podría lograr una reducción adicional de la mortalidad si se redujera el tiempo de permanencia en urgencias de estos pacientes».
En cuanto a los costos y financiación, la Sindicatura tampoco es benevolente. En este sentido, asegura que el ICS recibe del CatSalut una financiación en concepto de actividad de urgencias hospitalarias del HUAV «inferior al coste total del servicio que se desprende de la contabilidad analítica del centro». En concreto, razonan que «el precio unitario de la urgencia atendida pagado por el financiador público no permite cubrir el costo de la atención de los pacientes que presentan riesgo vital, de acuerdo con la contabilidad analítica del HUAV, sino que únicamente cubre el costo de los casos menos urgentes». La contraprestación del CatSalut al HUAV por los servicios de atención urgente hospitalaria prestados el año 2022 fue de 11,59 M€, además de una financiación adicional de 3,22 M€ a través de programas específicos.
