Malestar en la comisión de investigación del Parlamento por el caso de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Todo esto a raíz de la petición de la CUP para que comparezca la persona alertadora del caso, actualmente protegida por la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), ya que no hay manera de que los grupos se posicionen. De hecho, aún no se ha votado, pero los portavoces de la comisión de las otras formaciones no han querido adelantar su posicionamiento a los de la CUP. Ahora, sin embargo, la presión ha aumentado por efecto de una carta que ha enviado la presidenta del Observatorio Ciudadano Contra la Corrupción, Itziar González, que ha reclamado que se permita la comparecencia parlamentaria del alertador y denunciante.
La misiva, que ha sido enviada a todos los grupos, pide a los diputados que «reconsideren y acepten la petición de la persona alertadora del caso DGAIA de poder hacer su comparecencia de manera presencial». «La persona alertadora protegida por la Oficina Antifraude de Cataluña ya ha demostrado con creces la motivación de su alerta y su compromiso con la administración pública y el interés general», destaca. Por ello pide que «desde el Parlamento se le ayude a restituir su dignidad personal con la escucha y empatía de los diputados y diputadas miembros de la comisión de investigación del caso que él mismo ha ayudado a denunciar». Asimismo, la carta indica que el alertador puede ser de utilidad para la comisión porque «sin duda puede también colaborar» para «aclarar las dudas y cuestiones que necesiten saber».
El compromiso del Parlamento
González recuerda el compromiso de la cámara catalana en la lucha contra la corrupción. «En el marco de nuestro trabajo desinteresado por la cultura de la integridad, todas las asociaciones y miembros del Observatorio Ciudadano Contra la Corrupción hemos trabajado para fortalecer la percepción de la ciudadanía respecto a un Parlamento comprometido con estos valores», recuerda. Como ejemplo, expone «tres cumbres de seguimiento del Pacto Social contra la Corrupción a lo largo de 10 años» que demostrarían «la importancia de la cooperación de la ciudadanía con sus instituciones democráticas».
«En el hilo de esta cooperación, no comprendemos que se le niegue la posibilidad de una comparecencia presencial, si él así lo reclama y por parte de la Oficina Antifraude no se ven razones para no poder hacerlo, garantizando su anonimato y protección», añade. El alertador informó de la “la supuesta gestión fraudulenta de la prestación de vivienda del servicio de promoción a la autonomía y emancipación (SPAE) por el servicio de pisos asistidos para jóvenes extutelados y por el servicio de seguimiento y valoración de la prestación económica para jóvenes extutelados (SEVAP)”, en la demarcación de las comarcas gerundenses.
