Cada vez es más habitual que la policía, las empresas públicas y las administraciones recurran a los drones para hacer tareas de vigilancia que hasta ahora o bien estaban reservadas a operativos muy especializados o bien directamente no se podían hacer por limitaciones técnicas. Su versatilidad y, sobre todo, su coste contenido los hacen cada vez más populares. Los Mossos hace apenas dos años que tienen una unidad especial con nueve drones que el año pasado ya hicieron 300 servicios. Renfe licitó hace unos meses la compra de drones para vigilar grafiteros y ladrones de cocer a las estaciones, talleres y bases de mantenimiento. Pero cada vez el uso de los drones se usa por actuaciones menos espectaculares y más vinculadas al día a día de los ayuntamientos.
En Calafell (Baix Penedès), un dron equipado con una cámara se eleva cada mañana desde hace semanas para sobrevolar decenas de casas unifamiliares de alguna de las 28 urbanizaciones que tiene este municipio costero. Busca vecinos que hayan llenado la piscina este verano de manera ilegal, puesto que las restricciones por la sequía no lo permiten. Unos 190 kilómetros más en el norte, en Palafrugell (Baix Empordà), la Policía Local usa drones para pillar los vecinos que abandonan trastos viejos o abocan basura de manera irregular.
Los drones, una solución para controlar las restricciones por la sequía
Cataluña, y el mundo entero en general, atraviesan en estos momentos una fuerte crisis climática que han desencadenado un prolongado periodo de sequía. Una sequía que ha obligado las administraciones a tomar medidas drásticas por reducir el consumo de agua en diferentes puntos del territorio, puesto que, según datos del Agencia Catalana de la Agua (ACA), el estado de las reservas de agua en las cuencas internas vuelve a estar bajo mínimos.
Ante una situación de excepcionalidad, la Generalitat ha puesto en marcha restricciones severas para controlar la población e intentar garantizar que nadie se las salta. Una de las medidas más polémicas y difíciles de controlar es la prohibición de llenar las piscinas de casas unifamiliares. Y la tarea de vigilar recae sobre los ayuntamientos, que se han pensado varios métodos para intentar hacer cumplir las normas, una de las cuales es el uso de drones para comprobar si los vecinos han aprovechado para rellenar la piscina aunque estuviera prohibido.
“Las medidas extraordinarias obligan a usar métodos de control que antes no se usaban”, explica a
Calafell ya hace un mes que entró en fase de alerta por falta de agua. Desde aquel momento el consistorio empezó una serie de vuelos para comprobar si entre un vuelo y el otro había habido algún cambio a las piscinas rastreadas. En caso de que determinaran que sí, la familia en cuestión se expondría a una multa que puede ir entre los 750 euros y los 1.500. A pesar de que el gobierno municipal sostiene que el objetivo “no es multar” sino “concienciar” la ciudadanía y disuadir aquellos quien pretenden incumplir las restricciones, la sanción económica existe.
El regidor de Ecología Urbana, Aron Marcos Fernández, mantiene que los vuelos se hacen bajo la premisa de “respetar la intimidad de las personas» y asegura que “solo busca quién hace daño uso del agua», pero esto obliga que un dron equipado con cámaras y sensores sobrevuele todos los domicilios. El regidor, pero, prefiere sacar hierro de la cuestión: “No podemos ver nada más allá de saber si hay o no una piscina y en qué estado está”, insistía hace unos días en declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Este es el principal problema que detecta Sandalinas hacia esta cuestión, el «conflicto moral» que se crea cuando un dron sobrevuele tu casa. Para afrontar la complejidad moral de la situación, el experto considera que el más adecuado para los ayuntamientos sería «hacer un encuentro con los ciudadanos y explicar toda la situación», puesto que de este modo se calmarían un poco los ánimos al respeto.
Es legal o no?
Jurídicamente hablando, el experto en drones asegura que sí que es legal que los cuerpos policiales guiados por los consistorios usen estos métodos para vigilar en la población. Sandalinas explica que la ley aprobada en el Parlamento el 19 de mayo lo avala en l‘Anexo I’, cuando habla de la «intensificación de la operación de sistemas de telecontrol, análisis y previsión». De hecho, considera que el hecho de usar drones es lo más adecuado, puesto que es una herramienta que permite «captar otros parámetros» que aportan muchas más «capacidades preventivas». Es decir, que el hecho de usar una herramienta equipada con sensores que permiten conseguir datos sin ser presente en el punto de muestra es positivo a escala práctica. Y cree que la policía ha hecho una gran inversión «al actualizarse tecnológicamente» para ser más prácticos.
Pero no todo el mundo está de acuerdo. Catedráticos de Derecho Constitucional como Xavier Arbós y reconocidos despachos de abogados penalistas como Molins Defensa Penal han expresado públicamente sus dudas sobre la legalidad de estos sistemas de vigilancia, sobre todo cuando se usan en domicilios particulares. El derecho a la intimidad es el que más preocupa, en especial porque se están persiguiendo posibles faltas, no delitos flagrantes. El problema es que la mayoría de la gente no está dispuesta a seguir el recorrido legal que implica rebatir este tipo de sanciones. Cuando empiecen a llegar las primeras multas se verá qué recorrido tienen a la justicia ordinaria.
Más allá del control a las piscinas por la sequía, otros ayuntamientos, como por ejemplo el de Palafrugell, en el Baix Empordà, también han empezado a usar los drones para atrapar todos aquellos que abandonan trastos viejos o lanzan basura allá donde no toca. Según explica también al ACN su alcalde, Juli Fernández, el objetivo es frenar las conductas incívicas: «Es una lástima que por culpa de un grupo reducido de personas Palafrugell dé mala imagen. La mayoría de la ciudadanía es ejemplar en la hora de reciclar y seleccionar los residuos; por lo tanto, tenemos que afrontar una de las principales partes del problema, que son las conductas incívicas», sentencia. La Policía Local ha empezado a perseguir estas conductas con drones a raíz de la misma ley de medidas excepcionales, puesto que, a pesar de no estar explicitado como tal dentro de ningún artículo del documento, en el tercer punto del Anexo 1 queda constando la «intensificación de las actividades de intervención administrativa de usos y vertidos», y para hacerlo se pueden usar métodos de «telecontrol».
