Antes de ayer, la consejera de Interior y Seguridad Pública, Nuria Parlon, comparecía en el Parlamento anunciaba un plan integral contra el supuesto incremento de las armas blancas en la calle y en diferentes delitos. Dos días después, lo ha presentado con todo el estado mayor del departamento, con el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, y el comisario en jefe del cuerpo, Miquel Esquius. Desde la sede de Interior, Parlon ha esbozado el plan contra las armas blancas con un punto de alarmismo y apuntando que el plano DAGA, establecido por el anterior Prefectura a cargo del comisario Eduard Sallent.
La consejera ha basado el plato en la prevención, la sanción y la información y la formación de los agentes. Así impulsarán una campaña sobre la ilicitud de llevar armas blancas por la calle o en el espacio público. Y, sobre todo, crear la figura «de espacios de protección reforzada» con dispositivos conjuntos entre Mossos d’Esquadra, policías locales y seguridad privada. De hecho, estos espacios ya los tienen controlados en todo Cataluña, una octogésima en Barcelona. Para Trapero, el incremento de armas blancas tiene «un punto de insoportable» y por eso ha pedido «paciencia a la ciudadanía» por los «cacheos preventivos» que se llevarán a cabo en los espacios públicos. Los datos aportados por Esquivos son que en 2020 se comisaron 3.831 armas y en 2024 la cifra ya es de 6.252.
Un detalle, a la presentación del plan, ha asistido el jefe del ABP de Rubí, el intendente Toni Rodríguez, mando de la máxima confianza de Trapero, que cambiará de destino y ha ayudado a la configuración del plan. Rodríguez ha destacado por sus investigaciones contra los mozos que habrían colaborado con el presidente Carles Puigdemont cuando marchó al exilio.
Ningún cambio normativo
Según Parlon, no hay que hacer ninguna reforma legislativa para aplicar este plan y si de caso, quizás una reforma del Código Penal para endurecer las penas que se derivan del uso de una arma blanca. También se orientarán campañas hacia la juventud con talleres y habrá un equipo de refuerzo a la Dirección General de Administración de la Seguridad para agilizar los expedientes ya abiertos y convertir la vía administrativa y sus sanciones en un elemento disuasivo del uso de las armas blancas. El plan tampoco recoge el control de la venta por internet por su complejidad. Por otro lado, las policías podrán compartir información sobre decomisos y reincidencias de armas blancas con otros policías.
En todo caso, el comisario Esquivos ha querido puntualizar que los controles preventivos se harán en lugares donde «históricamente ha habido problemas». En cuanto a la colaboración de la seguridad privada, «no se irá más allá del que hace la ley» es decir, en el «papel de colaboración y jornadas de formación, para poder ser más efectivo». «Más que participar en la retirada trabajarán más como información, como por ejemplo, los que trabajan al ocio nocturno que pueden advertir», ha señalado. «Es buscar su colaboración para ser más eficaces y eficientes en el uso de los recursos», ha aclarado Parlon. Trapero ha puesto otros ejemplos de colaboraciones similares como al metro o al transporte público en general de los efectivos de la seguridad privada.
