«Eficaz». Así califica el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, la «colaboración» con los Mossos d’Esquadra de la «seguridad privada» contra «la ocupación de las viviendas». Una afirmación que firma el mismo consejero en una respuesta a Antonio Gallego –diputado no adscrito desde que rompió con el grupo de Vox– presentada en el Parlamento de Cataluña el pasado 23 de enero. Un informe, al que ha tenido acceso El Món, sobre las cifras de ocupaciones de inmuebles y un nuevo concepto bautizado como las «tentativas de ocupaciones».
En cuanto a datos de ocupaciones de inmuebles, el consejero asegura que el fenómeno de las ocupaciones, «que tuvo mucha relevancia en 2020», en los últimos años es una «tipología de delito que presenta un descenso en el número de hechos». En este marco, indica que la ocupación leve de inmuebles en 2022 fue un 0,6% más baja que en 2019, pero el descenso es más pronunciado en relación al año de la pandemia (2020), con 9% de caída.
La seguridad privada, clave
La respuesta del consejero enfatiza que «la colaboración de los Mossos d’Esquadra con empresas de seguridad privada es un recurso eficaz para prevenir la ocupación de inmuebles, puesto que estas empresas alertan a los cuerpos policiales una vez confirman que se ha producido la usurpación de un domicilio». Siguiendo este hilo, la dirección de Interior añade que, «conscientes de la relevancia de este sector en el ámbito de la prevención, con motivo de la entrada en vigor de la ley de seguridad privada, se estableció una red de colaboración entre los Mossos d’Esquadra y los profesionales de la seguridad privada».
Así mismo, justifica que se «trata de un sistema que permite la coordinación permanente con el sector de la seguridad privada en el conjunto del territorio». Ahora bien, el consejero pone condiciones para que fluya esta colaboración. «Para que la red de colaboraciones funcione con las mejores prestaciones es imprescindible la denuncia de los particulares afectados, sean personas físicas o jurídicas», resalta la respuesta. En este contexto, Interior defiende que los delitos relacionados con la ocupación de inmuebles corresponden a la esfera privada de las personas, una circunstancia que «exige la denuncia de los titulares de las viviendas o propiedades ocupadas para poder actuar».
Tanto es así que, según Interior, es recomendable que la denuncia se produzca en «el espacio más corto de tiempo posible». Una condición que a menudo es difícil de cumplir porque, en muchos casos, se trata de viviendas desocupadas, de segundas residencias o se «producen otras circunstancias que impiden que esta denuncia se produzca con cierta inmediatez». Una situación que, a menudo, no permite a los Mossos «reaccionar con la rapidez necesaria ante un hecho delictivo».
Contra la «tentativa de ocupaciones»
El consejero Elena también insiste en la «inteligencia» para prevenir las ocupaciones. En este marco, resalta el «trabajo de las oficinas de relaciones con la comunidad» como una herramienta importante. «Los contactos y reuniones que se tejen con diferentes colectivos y entidades existentes en el conjunto del territorio permiten tener un conocimiento preciso de la realidad cotidiana de cada distrito, barrio y población», apunta.
Precisamente, esta estrategia lleva a detectar lo que Interior bautiza como «tentativa de ocupación», a tener controlados determinados códigos o indicios que pueden indicar una ocupación inmediata para evitarla. «Es un factor fundamental la colaboración ciudadana, para detectar las posibles tentativas de ocupaciones», subraya el consejero para sacar provecho de las relaciones con la comunidad. «A menudo los vecinos alertan de sospechas relacionadas con posibles ocupaciones de inmuebles», sentencian. Es lo que califica de actuación «preventiva», que contrapone a la acción «reactiva».
Uno de los aspectos que remarca la respuesta de Elena es la especialización de las unidades de investigación de los Mossos que «se enfrentan a las mafias especializadas en la ocupación de viviendas». Un fenómeno cada día más sofisticado y en el que los Mossos engloban «tanto aquellas que se dedican a establecer cultivos de marihuana y gestionar el tráfico ilegal, como aquellas que proporcionan inmuebles ocupados en personas vulnerables a cambio de dinero». De hecho, los Mossos tienen establecido un protocolo de trabajo de investigación «en todo el territorio» que permite «detectar indicios y sospechas de ocupaciones de inmuebles con fines delictivas».
