Sociología de la persuasión social. Fue el 20 de noviembre de 2024 cuando el entonces director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, puso el debate sobre la mesa en la comisión de Interior del Parlamento. Trapero pidió penas más duras para los que son sorprendidos con armas de fuego ilegales, sin ningún permiso. “Creo que con las armas de fuego realmente hay un problema. Es decir, hay mucha arma de fuego”, sentenció entonces Trapero. Desde entonces, las noticias de crímenes e incidentes con uso de armas de fuego han estado llenando los informativos y, sobre todo, las redes sociales. La consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, fue la encargada de tirar del hilo político de la reflexión de Trapero. El resultado no se hizo esperar.
En el debate de política general celebrado esta semana en el Parlamento y apenas dos semanas después del relevo de Trapero por Ferran López y de Miquel Esquius, el comisario en jefe del cuerpo, ahora jubilado, por la comisaria Sílvia Catà, el Departamento de Interior hizo una propuesta al presidente Salvador Illa que este trasladó a la cámara catalana. En concreto, que el PSC presentaría -impulsado por el Gobierno- una proposición de ley en el Parlamento para impulsar un endurecimiento de las penas del Código Penal para la tenencia ilícita de armas, sobre todo de fuego. Es decir, pedir a la cámara catalana que proponga una reforma al Congreso español, que es quien tiene las competencias en este ámbito. Una posibilidad que el Estatuto y la Constitución permiten.
Illa, Parlon y el Cuerpo de Mossos d’Esquadra han encontrado un aliado de primer nivel, el fiscal superior Francisco Bañeres. El máximo representante del ministerio público en Cataluña ha aprovechado su discurso en la apertura del año judicial, este viernes por la mañana en el Palacio de Justicia, para apoyar la iniciativa. Aprovechando el tiroteo de esta noche pasada en Terrassa -donde han resultado heridos dos guardias civiles- Bañeres ha advertido de «la extensión de la cantidad de armas” que, según ha dicho, “parece que nos han invadido”. Bañeres se refería tanto a las de fuego como a las blancas, y ha formulado una pregunta ante todo el hierro del monopolio de la fuerza del Estado que lo escuchaba: «¿La respuesta penológica actual es lo suficientemente contundente?”. De hecho, es una opinión que la Fiscalía General del Estado ya esboza en la memoria entregada al presidente del Tribunal Supremo el pasado diez de septiembre.
Más contundencia en las penas
La opinión de Bañeres es compartida por el gobierno de Illa y por el cuerpo de Mossos d’Esquadra. Así, recuerdan que los artículos del Código Penal sobre tenencia de armas de fuego son los mismos desde 1995. La tenencia de armas prohibidas, de fuego o no, está penada con entre uno y tres años de prisión, y el proyecto es aumentar la pena de dos a cuatro, para que la pena mínima no permita eludir la prisión. La tenencia de armas de fuego sin permiso tiene penas de 6 a 12 meses si son largas y de uno a dos años si son cortas. Se quiere pasar de 6 a 18 meses en las armas largas y de 18 meses a 3 años en las armas cortas.
Además, se quiere incrementar las penas por los agravantes como haber borrado el número de serie, haber entrado al Estado español ilegalmente o haber sido modificadas. Ahora las penas van de uno a tres años de prisión, según si son armas cortas o largas. Y se quiere pasar de un año y medio a cuatro. Por último, el actual atenuante de no tener intención de usar el arma no se podría aplicar si esta se ha exhibido en lugares públicos o frente a personas vulnerables, menores de edad, o con discapacidad. Este aumento de penas acercaría o equipararía la legislación española a la de Italia, Alemania, Francia o Portugal, donde las penas pueden llegar hasta los cinco años de prisión. Esto haría que se eliminara la diferencia de penalización y que no fuera tan atractivo como ahora exhibir armas de fuego en el Estado. Este sería el grueso que propondría la iniciativa legislativa del Parlamento para llevar al Congreso. Una idea que hoy ha obtenido el apoyo de la fiscalía, al menos, en su concepto e intención.
Incremento de armas de fuego
Los incidentes con uso de arma de fuego real el primer semestre de este 2026 han aumentado un 45% respecto del mismo período del año pasado, según los datos de los Mossos d’Esquadra. En total se han usado armas de fuego real en 68 casos, con un total de 27 heridos y 6 lesionados. Los Mossos han recogido 450 elementos balísticos entre balas, vainas y otros. Además, también han crecido un 31% los incidentes donde ha habido presencia de armas de fuego reales, aunque solo se hayan exhibido pero no usado. En concreto, han pasado de 88 a 127 entre el primer semestre de 2025 y la primera mitad de 2026.
En los últimos tres o cuatro años, los Mossos tienen constancia de poco más de 600 incidentes anuales con presencia de armas de fuego. En el primer semestre de este año ha habido 305, así que se mantiene la tendencia. De estos incidentes, el 42% son con armas de fuego reales, el 17% son con armas de fuego simuladas y en el 41% de los casos se duda si el arma era real o simulada. Cada vez se usan más armas reales y menos simuladas.
La policía de la Generalitat ha intervenido en la primera mitad del año un total de 179 armas de fuego reales, un 15% más que el año pasado. Las armas de fuego cortas han pasado de ser el 54% del total intervenido al 60%. Una consecuencia, según fuentes policiales, al hecho de que estas son cada vez más baratas, y también conlleva que se exhiban o se usen más a menudo, y no solo por parte de grupos organizados, sino también por parte de delincuentes individuales. Asimismo, también hay un efecto contagio entre bandas criminales, sobre todo de narcotraficantes, que se quieren proteger de los ataques o asaltos de otros grupos. No obstante, no se ha notado un incremento de homicidios con arma de fuego.
