Un juzgado de Barcelona ha suspendido el proceso de convocatoria de la plaza de mayor en el cuerpo de los Mossos d’Esquadra. El Departamento de Interior, en manos del consejero en funciones Joan Ignasi Elena, escogió Eduard Sallent, el actual comisario de la policía catalana, como la persona indicada para seguir el curso de mayor. Una decisión, pero, que se hizo dos días antes de las elecciones catalanas del 12 de mayo, cosa que despertó el malestar del sindicato SAP-Fepol. De hecho, la organización sindical pidió suspender la convocatoria al considerar que había ciertas irregularidades al proceso, y ahora la magistrada ha aceptado la suspensión cautelar mientras se estudian estas posibles irregularidades. Así pues, el camino de Sallent para convertirse en el nuevo mayor de los Mossos, que empezó el 21 de mayo, queda parado temporalmente.
Según indica la interlocutoria judicial, en caso de que queden probadas las irregularidades que denuncia el sindicato policial, «el proceso no se podrá retrotraer para hacer efectivo el derecho después de la sentencia». En caso de que se hiciera efectivo este derecho, pero, «los perjuicios serían enormes, tanto para la administración como para terceros, puesto que se habría hecho el nombramiento de forma nula y se le habría abonado un salario que no le correspondería». A pesar de que la consejería intentó tumbar las demandas de los sindicatos argumentando que no estaban legitimados para presentar la demanda, puesto que solo representan en la escala básica policial y no la superior, la magistrada del juzgado barcelonés ha desestimado las alegaciones del departamento.
Una resolución bien vista por los sindicatos
Por su parte, los sindicatos con visto con buenos ojos la resolución de la magistrada. Tanto el SAP-Fepol como el SME-Fepol critican la posición que ha mantenido la consejería hacia esta cuestión: «El cuerpo no se merece esta situación ni la irresponsabilidad con la cual el Departamento de Interior está actuando desde hace demasiado tiempo, cosa que ensucia el buen nombre de la institución», espetan a través de un comunicado. Ahora bien, desde la consejería defienden que la resolución del juzgado de Barcelona solo dicta una medida cautelar y no resuelve sobre el fondo del asunto.
