Un total de 1.802.437 euros. Este es el importe de las sanciones impuestas por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión a residencias de ancianos durante el año 2023. Una cifra que se desprende de un informe aportado por la misma consejería al Parlamento de Cataluña, al cual ha tenido acceso El Món, en una respuesta parlamentaria al PP. Son las sanciones derivadas de acciones inspectoras tanto de oficio como por denuncia, que implican varias visitas a cientos de residencias de toda Cataluña.
Estas actuaciones también han llevado algún geriátrico al juzgado porque se había detectado la presunta comisión de algún delito, como es el caso de la residencia de Tremp. En cuatro casos, se ha llegado al cierre del establecimiento. Al mismo tiempo, durante el 2023 la Generalitat también ha emitido 453 «escritos de advertencia», es decir, un documento que advierte de una posible sanción a la entidad titular del centro en caso de que en un plazo determinado no se resuelvan las infracciones. Entre las sancionadas hay de titularidad pública -tanto de la Generalitat como de Ayuntamientos-, concertadas a través de entidades semipúblicas como una fundación o bien gestionadas por órdenes religiosos o empresas especializadas.
El informe también constata los cientos de «comunicados» que Derechos Sociales remite a otras unidades del mismo departamento por la naturaleza de las deficiencias o infracciones detectadas así como los procedimientos sancionadores que aún están pendientes de resolver o los que se han archivado. El importe de las sanciones es bastante diferente y se calculan por expedientes. Así, el importe máximo de una sanción por un solo expediente es de 56.000 euros, pero también hay casos como un importe de 81.300 euros a una misma residencia en tres expedientes continuados a raíz de una denuncia. Algunas de las sanciones se encuentran pendientes aún de recurso de alzada, aunque la gran mayoría ya han sido ejecutadas.
Sanciones graves y muy graves
La descripción de las infracciones y las sanciones que recoge el documento se basa en el redactado de los artículos 96 a 99 de la Ley 12/2007 de Servicios Sociales. Generalmente, las sanciones -que todas superan los mil euros con creces- implican infracciones graves del artículo 97 y muy graves del artículo 98. Un cúmulo de conductas que resulta aterrador. De esta manera, las sanciones más habituales son por incumplir las condiciones relativas a la higiene, la salud y la administración correcta de los medicamentos y el acceso a los recursos sanitarios. Así como incumplir la normativa reguladora de las condiciones «materiales y funcionales mínimas» que «pone en riesgo la salud o la seguridad de los usuarios».
Una de las sanciones más habituales es por «no dar alimentos en cantidad suficiente en el peso o la composición o que no se adecúen a la dieta prescrita» o, simplemente, no disponer de las dietas debidamente supervisadas. Incluso, que las raciones no cumplan las condiciones higiénicas, nutritivas y de valor calórico necesario. También es bastante recurrente la sanción por no hacer caso de las advertencias o peticiones de corrección que se han llevado a cabo en una actuación inspectora. Por otra parte, hay sanciones por la «vulneración del derecho de los usuarios a recibir una atención personalizada de acuerdo con sus necesidades específicas», es decir, por no detallar para cada persona un tratamiento determinado de alimentación, higiene, sanitario o de medicalización.
Inmovilizaciones y personal
Cabe destacar la gran cantidad de expedientes abiertos por «inmovilizar o restringir la capacidad física o intelectual de los usuarios, por medios mecánicos o farmacológicos sin una prescripción médica que indique la duración de la contención, así como sus pautas». Hay residencias que han recibido sanciones de 20.000 y 18.500 euros por este tipo de infracciones. Otro de los frentes contra los que lucha el departamento es la imposición de horarios «totalmente inadecuados» con los estándares de vida socialmente aceptados o bien imponer «dificultades injustificadas a los internos».
En este contexto, muchas multas se fundamentan en la falta de calificación y de dedicación del personal y por no garantizar la atención directa continuada así como dejar el servicio o el establecimiento sin el personal responsable. Otro tipo de procesos sancionadores se refieren al «trato» que se dedica a los usuarios cuando son tratados «sin la consideración o el respeto debidos a su dignidad, intimidad o situación psíquica y física» o bien sufran discriminación por acción, por omisión o por «palabra».
Las sanciones más duras
Las residencias a las que se ha incoado una orden de cierre han sido la de la Mare de Déu de la Riera en les Borges del Camp, regentada por un patronato municipal; la Residència Plaça de la Vila, en manos de Gerivel SL, en Sant Adrià del Besós; el Centre Residencial Rosben, de Rosa Maria Benítez, en Barcelona; y la residencia geriátrica Génesis II.
La sanción más elevada se la ha llevado Residència Les Onades, regentada por Les Onades 2013, Residencia SL. El expediente se le abrió por incumplir la normativa de condiciones materiales así como las condiciones de higiene, salud y medicación, falta de calificación del personal, servir pocos alimentos, no tener programas individualizados ni contar con dietas prescritas y supervisadas así como sanciones leves como es cesar un servicio sin la antelación prevista de dos meses o inmovilizaciones de los internos sin supervisión. En total, 56.000 euros. Una de las sanciones más duras la ha recibido la Residència assistida Albert-Tordenara, regentada por la empresa Vitalia Suite, que le ha sido impuesta una multa por importe de 53.000 euros. La sociedad ha interpuesto recurso de alzada contra la sanción por motivos muy graves como la falta de alimentación o de higiene, salud o medicamentos.
Otro expediente lo recibió Residencial Sant Cugat, que después de haber sido denunciada fue sancionada con 40.030 euros. Una sanción que aún se encuentra en recurso de alzada. Todo ello por poca alimentación de los residentes, imponer horarios inadecuados, incumplir la normativa de higiene, salud y medicamentos, vulnerar derechos de los usuarios y no cuidar la ropa ni los utensilios de los internos. Una de las otras residencias más castigadas es la Residència Assistida DomusVi Can Buixeres, gestionada por SAR Residencial y Asistencial, SAU, por prácticamente las mismas causas más alguna otra infracción grave de la normativa. Más de 30.000 euros de sanción han recibido la residencia de Puigcerdà, con 36.000 euros, el Casal d’Avis de Ripoll, con 33.530 euros, o 33.500 en el Hospital de Sant Pere de Vilassar de Dalt que ha interpuesto un recurso de alzada, así como 30.500 euros en Sanitas Residencial Les Corts y en la entidad Amavir Sant Cugat.
