Los malos datos sobre el uso del catalán en el ámbito sanitario, donde solo la mitad de los médicos se dirigen en catalán a sus pacientes, llevaron al Departamento de Salud a tomar medidas para garantizar el derecho de los pacientes a ser atendidos en catalán y se comprometieron a hacer cumplir de manera estricta la normativa que obliga a tener el certificado C1 -el B1 para los auxiliares, como es el caso- a todo el personal sanitario que opte a una plaza de funcionario. De hecho, el Instituto Catalán de la Salud denegó la plaza fija a 212 sanitarios interinos que no acreditaron tener el conocimiento de catalán requerido. Ahora, una de estas profesionales, que no ha conseguido plaza de funcionaria –aunque puede continuar como interina–, ha anunciado al diario El Mundo que quiere interponer una demanda contra la Generalitat.
Rosa Cochachi, nacida en Perú hace 54 años y con nacionalidad española desde 2009, llegó en 2002 a Cataluña y lleva 11 años trabajando como auxiliar de enfermería en el Hospital Vall d’Hebron, principalmente en el área de oncología, desde hace más de una década. Durante estos últimos cinco lo ha hecho con plaza de interina. A pesar de trabajar durante todo este tiempo en un centro sanitario público en Cataluña, no ha podido acreditar que tiene los requisitos lingüísticos que se requieren para optar a la plaza.
La auxiliar de enfermería califica de «excesivo y eliminatorio» el requisito del catalán. Pero, sin embargo, tampoco es la primera vez que no supera la prueba para obtener plaza fija, ya que durante los últimos diez años se ha presentado a cuatro convocatorias para conseguir plaza fija y en las últimas tres ocasiones le han denegado la plaza porque, a pesar de superar los exámenes teóricos sobre cuestiones sanitarias y demostrar los conocimientos para llevar a cabo la tarea asistencial, no cumplía los requisitos en materia de lengua, algo que tampoco la ha animado a obtener el certificado B1 de catalán.
Ya ha dado el primer paso para denunciar a la Generalitat
La auxiliar presentó el pasado 27 de diciembre un recurso de alzada para notificar su disconformidad con la resolución del Instituto Catalán de la Salud e iniciar así el proceso para denunciar a la Generalitat, una demanda que se formalizará, siempre según El Mundo, cuando se desestime su recurso por no cumplir con los requisitos necesarios. El diario añade que a Rosa la seguirán dos compañeros más, un técnico de rayos y una administrativa, que también forman parte de estos 212 sanitarios. A pesar de que se le ha denegado hasta en tres ocasiones la plaza fija por no poder acreditar el conocimiento de catalán requerido, la profesional sanitaria admite que solo tiene el A2, un certificado de nivel básico de catalán que no es suficiente para acceder a la plaza.
Salut admite que dirigirse a un paciente en su lengua es una cuestión «asistencial»
La consejera de Salud, Olga Pané, dejó claro recientemente que dirigirse a un paciente en su lengua “no es solo un tema lingüístico, sino asistencial”. Así, en una comparecencia reciente en la Comisión de Salud del Parlamento, defendió que la «plena competencia» del personal sanitario mejora la comunicación, refuerza la confianza del paciente hacia el personal médico y mejora el tratamiento y facilita la comunicación, sobre todo con colectivos más sensibles como personas mayores, niños, personas vulnerables o pacientes al final de la vida. Sin embargo, admitió que la contratación de personal de fuera de Cataluña tiene un impacto “temporal” en los derechos lingüísticos y subrayó que era responsabilidad de los representantes políticos que no se perpetúe esta situación. “Nos vemos obligados a incorporar profesionales que vienen de otros entornos y cuyo idioma materno o que dominan no es el catalán. Tendremos que convivir con esta situación un tiempo”, señaló.
Plataforma per la Llengua exige el cumplimiento de la normativa
Plataforma per la Llengua ha insistido en que la Generalitat debe hacer cumplir la Ley de política lingüística en el ámbito sanitario y garantizar los derechos de los pacientes catalanohablantes y recientemente propuso que el Gobierno impulsara cuatro medidas: sesiones de asertividad lingüística obligatorias para los nuevos sanitarios colegiados, exigencia del nivel B2 de catalán el primer año para todos los profesionales, acreditación del nivel C1 el segundo año sin excepciones, y, finalmente, un correcto tratamiento de las quejas por vulneración de derechos lingüísticos con la apertura de expedientes sancionadores y, cuando sea necesario, sanciones. De hecho, Plataforma per la Llengua constata que el ámbito sanitario lidera las quejas por discriminaciones lingüísticas en la Administración Pública de Cataluña que recibe la entidad y solo durante el 2023 atendió 221 quejas, 129 en la pública y 92 en la privada. «La sanidad es uno de los grandes agujeros negros en cuanto a la normalización del catalán y una gran fuente de discriminaciones», concluye la ONG del catalán.
