Un magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Tortosa obligó a un perito a redactar un informe en español, y Plataforma per la Llengua ha presentado una denuncia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la resolución del magistrado porque considera que la exigencia «vulnera la cooficialidad del catalán y el derecho del profesional a usarlo en el ámbito judicial». Por ello, reclama al Poder Judicial que revoque la «exigencia ilegal» de emitir el informe en lengua española, y, por otro lado, que investiguen los hechos para abrir un expediente sancionador contra el juez.
Los hechos, según detalla la ONG del catalán en un comunicado, se remontan al pasado 16 de enero, cuando este juez de Tortosa emitió una resolución con este requerimiento «ilegal». El magistrado, en una resolución redactada en español, instaba al perito a hacer un informe de «manera motivada, clara e inteligible y ajustándose a las normas básicas de la ortografía y la gramática española». A raíz del escrito, una de las partes del procedimiento judicial se puso en contacto con la entidad que preside Òscar Escuder para recibir asesoramiento, una ayuda que ha terminado con la interposición, en su nombre, de una reclamación al Consejo General del Poder Judicial.
Plataforma per la Llengua recuerda que la misma Constitución española establece que la cooficialidad de una lengua en una comunidad autónoma concreta otorga a esa lengua, el catalán en este caso, el mismo rango jurídico que el español, y subraya que cualquier exigencia por parte de un juez a un perito para que redacte un informe en español vulnera sus derechos y la normativa vigente. Asimismo, destaca que el artículo 231.3 de la Ley orgánica del poder judicial (LOPJ) establece que «las partes, sus representantes y quienes los dirijan, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas».
Plataforma per la Llengua lo considera una falta grave
La ONG del catalán considera que la exigencia de emitir el informe en español podría considerarse una falta grave, teniendo en cuenta lo que dispone la LOPJ en su régimen de la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados. Así, en el artículo 418.5 de la ley antes mencionada en el texto establece como falta grave «el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial».
Además, Plataforma per la Llengua recuerda que los magistrados son servidores públicos y que deben garantizar un servicio a la ciudadanía «sin discriminaciones, tampoco por razón de lengua». Con todo, la entidad en defensa de la lengua considera que el juez habría cometido un «abuso de autoridad» y que, por tanto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería investigar los hechos y abrirle un expediente sancionador, pero, en cualquier caso, Plataforma per la Llengua insta al CGPJ a revocar la resolución del juez que obliga al perito a hacer el informe en español porque es contrario a los derechos lingüísticos de este profesional.
La ONG del catalán pide modificar la ley para que el catalán se use con normalidad
Por otro lado, Plataforma per la Llengua recuerda que los jueces no están obligados a saber catalán, pero subraya que si no tienen conocimientos de lengua catalana, deben pedir, de oficio, la traducción al español porque no es legal obligar a un perito a cambiar de lengua. En este sentido, la entidad lleva años reclamando la modificación de la Ley orgánica del poder judicial (LOPJ) para asegurar que el catalán se pueda usar con normalidad. La ONG del catalán considera que es necesario «mejorar el sistema de meritación del catalán en la provisión de plazas judiciales y modificar las condiciones de acceso a la bolsa de interinos de la Administración de justicia para asegurar los conocimientos de catalán de quienes se incorporen» y, en este sentido, pide incorporar un requisito lingüístico para los trabajadores que se incorporan a la Administración de justicia.
