Las quejas relacionadas con los derechos lingüísticos se disparan en los centros de salud de Cataluña. El departamento de Salud, que ahora encabeza la consejera Olga Pané, ha recibido unas 700 entre los años 2021 y 2023. De estas, 279 han sido para reclamar atención oral en catalán y otras 55 porque se les facilitara un historial clínico en lengua catalana.
En una comparecencia en la comisión de Salud del Parlamento de Cataluña, Pané ha reconocido que las quejas lingüísticas van en aumento, pero ha querido relativizar su alcance señalando que representan el 0,5% del total de manifestaciones que reciben y ha recordado que hay 140.000 profesionales en todo el sistema sanitario catalán.
Una setentena de quejas por la atención oral en castellano
Aparte de las reclamaciones vinculadas con el catalán, la consejera ha indicado que en los últimos tres años también se han presentado una setentena de quejas exigiendo una atención oral en lengua castellana y 22 para que se entregara el historial clínico en este idioma. Además, otras de las quejas son por el aranés, el francés (en el hospital transfronterizo de la Cerdaña) y la documentación administrativa.
A lo largo de los últimos seis años, la Generalitat ha abierto nueve expedientes. La cifra es bastante baja, pero se da la circunstancia de que cuatro de los expedientes se han iniciado desde septiembre. La autoridad de inspección sanitaria interviene cuando sospecha que un problema lingüístico ha podido tener una repercusión asistencial. Pané ha añadido que han impuesto sanciones tanto por las reclamaciones del catalán como del castellano, sin dar más detalles.
La consejera ha querido dejar claro que dirigirse a un paciente en su lengua «no es solo un tema lingüístico, sino asistencial» y ha afirmado que no se puede discutir, de acuerdo con la literatura científica, que «es útil» para la atención sanitaria. «Es importante que el personal sanitario pueda hablar la lengua de los pacientes», ha recalcado.
«Españolización» del servicio de emergencias 112
Los datos presentados por la consejera han coincidido con las críticas lanzadas este jueves por ERC y Junts contra el gobierno de Salvador Illa por españolizar el servicio de emergencias 112 después de que la Junta de Seguridad haya acordado que Policía Nacional y Guardia Civil se integren a este sistema. «El ministro de Interior acuerda con el gobierno de Illa una medida que descatalaniza el servicio de emergencias, que los diversos gobiernos de la Generalitat han ido construyendo con eficacia durante años», ha lamentado el líder de Junts, Carles Puigdemont, en la red X. Por su parte, el grupo de ERC habla de «españolización» y ha pedido la comparecencia de la consejera de Interior Núria Parlon en el Parlamento por haber renunciado a las competencias en seguridad que, según aseguran, el gobierno de ERC había pactado la anterior legislatura.
