El Papa León XIV bendijo la Torre de Jesús de la Sagrada Familia utilizando el catalán –la lengua de Antoni Gaudí– en los momentos clave. Lo hizo modificando la planificación inicial del evento, que preveía el español como lengua del momento culminante de la visita pontificia. El giro se produjo tras una fuerte ola de indignación en la sociedad civil y las entidades culturales a lo largo de la última semana. Una presión que acabó forzando un cambio de rumbo en el protocolo del acto y alterando los planes iniciales de la Conferencia Episcopal y del Arzobispado de Barcelona. El episodio, lejos de quedar en una simple anécdota de protocolo, y como coinciden expertos consultados por El Món, pone de manifiesto una realidad incómoda: el catalán está lejos de vivir en una situación de normalidad nacional y siempre se tiene que estar luchando por su presencia.
Una lengua tratada como secundaria con el objetivo de españolizar
El filólogo y activista lingüístico Gerard Furest opina que la polémica se explica por un «cóctel de factores”. Por un lado, señala que el Vaticano actúa con la «indiferencia burocrática» propia de un Estado que solo reconoce lenguas estatales oficiales en la Unión Europea. Y, por otro lado, apunta a un problema interno: «Hay una progresiva españolización de la Iglesia catalana”. Furest señala directamente al arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, de quien destaca una «diglosia máxima” y una “hostilidad” contra la lengua porque, según apunta, “tiene una idea de españolidad muy clara”. Esta mentalidad influye en la pérdida de prestigio del catalán en los templos, un fenómeno acelerado en Barcelona por la secularización de la población autóctona y la llegada de inmigrantes latinoamericanos que sí van a misa, lo que empuja a muchos sacerdotes a asumir el español por inercia.
La doctora en literatura catalana y vicepresidenta de Alhora, Júlia Ojeda, va más allá y califica a Omella de «militante en contra de la catalanidad», y recuerda que fue colocado estratégicamente en el año 2015 como una herramienta de contención. Según Ojeda, el intento de excluir el catalán respondía a una «voluntad diglósica de proyectar en la Catalunya post-Proceso una imagen castellanizada y españolizada de Barcelona». Considera inadmisible la excusa de facilitar las cosas al Papa, un pontífice políglota que habla siete idiomas, la mayoría de los cuales son lenguas románicas hermanas: «Tenía capacidad de sobra para hacer los textos en catalán».
Por su parte, el presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, también se muestra categórico: «Esto es hostilidad, la indiferencia no existe a estos niveles». En este sentido, recuerda que los obispos son gente instruida y que es imposible que ignoraran el legado y el pensamiento de Antoni Gaudí respecto a la lengua. Para Escuder, haber arrinconado el catalán en los planes iniciales refleja la voluntad manifiesta de determinadas élites de mantenerlo exclusivamente como una lengua «de estar por casa». «Si estuviera normalizado no habría habido ninguna discusión, habría sido todo, o prácticamente todo, en catalán», subraya.
La deserción de las instituciones y los peligros de la «folklorización»
Más allá de las intenciones eclesiásticas, el análisis también pone el foco sobre la gestión política. Ojeda se muestra contundente con el papel del Gobierno y el Departamento de Política Lingüística, por un lado, y el del Ayuntamiento de Barcelona y su comisionada para el Uso Social del Catalán por otro. Y acusa a las dos administraciones de «desidia institucional voluntaria” porque no han dicho absolutamente nada durante la polémica. Una no actuación que lleva a Ojeda a pensar que tanto al consejero Francesc Xavier Vila como a la comisionada Marta Salicrú “ya les va bien esta situación de bilingüización”. Así, lamenta que la minorización del catalán “lleva a las instituciones a asumir que no hay ningún problema si la lengua que se utiliza no es la propia del país”. De hecho, el Gobierno intentó desvincularse del protocolo alegando que no era el organizador, un argumento que Ojeda desmonta: «Es una incongruencia brutal. Nos dicen que no tienen nada que ver, pero la ciudadanía financia en parte esta visita con la tasa turística y sus impuestos». Para la investigadora, «no hacer política lingüística activa es hacerla», porque se acepta una diglosia que destruye la credibilidad institucional a la hora de pedir a los ciudadanos o a los nuevos migrantes que mantengan el catalán.
Este conformismo permite que se instale la «folklorización» de la lengua, un fenómeno que Furest define como «latinización» o reconversión del catalán en un elemento meramente simbólico, como ocurrió en la homilía de la catedral de Barcelona, cuando Omella utilizó el catalán para dos frases para saludar a León XIV y enseguida saltó inmediatamente al español. Esto relega la lengua a un simple «atributo» exótico en lugar de un elemento constitutivo de la catalanidad. Para Gerard Furest, esta actitud es una muestra del “proceso de sustitución lingüística” que sufre Catalunya porque la lengua va perdiendo espacios y entonces se produce un “apaleamiento lingüístico”, que “sin darte cuenta, pasas de tener unos derechos y al cabo de cinco años ya no los tienes”.
La actitud de sumisión afecta a los mismos representantes catalanes. Escuder lamenta el papel del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, después de despedir al Papa en el aeropuerto: «Hizo un mensaje en catalán y, enseguida, repitió exactamente el mismo discurso en español». Según el presidente de la Plataforma per la Llengua, este desdoblamiento es inaudito en un país normal: «Tú haces tu mensaje en la lengua del país y, si los medios internacionales lo quieren, que lo doblen». En este sentido, advierte que estas actitudes son auto-boicoteo porque son «mensajes de sumisión lingüística porque transmiten que “el catalán por sí solo no es suficientemente válido».
¿Se puede revertir el estatus secundario del catalán?
A la hora de plantear el rumbo a seguir para darle la vuelta a esta situación de desgaste, las estrategias de los expertos muestran matices significativos sobre cuál es el peso real que debe tener el marco político y jurídico. Gerard Furest defiende firmemente que la salvación estructural de la lengua pasa de manera inevitable por alcanzar un estado propio, y toma como referente el caso de Andorra: «métodos coactivos para hacer aplicar la ley» y, obviamente, tener un estado. El Principado –subraya– dispone de las herramientas de poder necesarias para aplicar una pedagogía contundente que incluye multas coercitivas a quien no respete la oficialidad, abandonando así una «pedagogía del ruego» que a menudo se practica en Catalunya, que necesita «pedagogía del poder» y aplicar las leyes vigentes sin tener «miedo» a que los tribunales españoles invaliden sus actuaciones.
En cambio, tanto Òscar Escuder como Júlia Ojeda rebajan el automatismo de la independencia como solución mágica e inmediata, aunque «dejaríamos de tener una legislación y unos gobernantes abiertamente hostiles», y recuerdan ejemplos internacionales como el de Irlanda, que tiene un estado desde hace un siglo y sufre una situación muy precaria del gaélico, en contraste con Quebec o Flandes, que sin ser estados mantienen una salud de hierro gracias a la firmeza interna. Ambos analistas coinciden en que el Estatuto actual ofrece «mucho margen» de actuación que actualmente se está desaprovechando por complejos institucionales. Por eso, defienden que la solución más urgente es tener la «voluntad política» de desplegar y aplicar la legislación vigente, hacer cumplir de manera estricta el Código de Consumo y blindar sin miedo el proyecto de inmersión lingüística en las aulas para hacerse valer como nación en el día a día.
