Los casos de discriminación lingüística en el ámbito de la salud, como el sufrido por una mujer en el servicio de urgencias del Hospital Universitari Dexeus, no son hechos aislados, ya que, según datos del Colegio de Médicos, menos de la mitad de médicos en Cataluña, el 47%, utilizan el catalán de manera habitual para comunicarse con sus pacientes. Ante esta situación, el Parlamento de Cataluña ha aprobado una propuesta de resolución que insta al Gobierno de la Generalitat a garantizar el catalán en la sanidad. La propuesta por los «derechos civiles lingüísticos en los servicios de salud», impulsada por la CUP, ha salido adelante en el marco de la comisión de Salud, y ha contado con el voto a favor de todos los grupos, incluido el PSC, y el voto en contra del PP y Vox. Entre otras medidas, los grupos reclaman al ejecutivo de Salvador Illa que garantice la atención oral y escrita en catalán, respete el derecho a recibir todos los documentos en lengua catalana, implante mecanismos de control para que no se vulneren los derechos de los pacientes y se impulse un plan de formación de los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud.
La diputada de la CUP, Laia Estrada, ha sido la encargada de defender la propuesta de resolución y ha denunciado que «cada vez se vulneran más los derechos lingüísticos de la población en un ámbito crítico, y lo consideramos inadmisible,» y ha recordado que el informe por Cataluña por la Lengua de 2023 recoge más de 221 quejas relacionadas con profesionales que se han negado a prestar su servicio si no se cambiaba de lengua hasta el punto de llegar a situaciones vejatorias «inadmisibles». La propuesta aprobada consta de siete puntos y establece que el Gobierno deberá velar por garantizar la atención oral y escrita en catalán, y en occitano en el Arán, en los equipamientos de salud por parte de los profesionales sanitarios, personal administrativo y de trabajo social, así como en las residencias de ancianos y sociosanitarias y todos los servicios pediátricos. La propuesta también contempla otros casos como el que la persona atendida no conozca ninguna de las lenguas oficiales en Cataluña, y aquí solicita «planificar y dimensionar un servicio de traducción en todos los centros del Siscat, que garantice una atención correcta y segura, confortable y afectiva prioritariamente en su lengua inicial y, si no es posible, en alguna otra que conozca».
Por otra parte, la Generalitat también deberá garantizar el derecho de recibir todos los impresos –documentos, formularios de consentimiento de pruebas e intervenciones, informes médicos, etc.– en lengua catalana y, en el Arán, en occitano. En ambos casos, será necesario implementar mecanismos de control «efectivos» con el objetivo de que no se vulneren los derechos «en los casos en que la atención sanitaria pública no sea prestada directamente por el Instituto Catalán de la Salud». También se urge a aprobar un plan de formación y de sensibilización para todos los profesionales de la salud, respecto al respeto a los derechos lingüísticos en general y «respecto a los derechos inherentes a la lengua catalana como lengua minorizada y oficial en el territorio». Otra de las iniciativas que incluye la propuesta es realizar campañas informativas dirigidas a la ciudadanía con relación a sus derechos lingüísticos, con carteles e información visible, en el ámbito de la salud.
También solicita al Gobierno que actualice el mapa sanitario como marco de referencia general con el objetivo de «planificar la formación y creación de profesionales sanitarios atendiendo a las necesidades demográficas actuales, la demanda asistencial real y el incremento de plantillas estructurales necesarias para poder dar respuesta a la necesidad de relevo del personal que se jubilará en los próximos años». Y todo esto, subraya, «garantizando que los profesionales de la salud que formemos adquieran plenas competencias lingüísticas en catalán». También se pide que se mejoren las condiciones salariales y laborales de las profesionales que trabajan en los centros sanitarios. Primero, según el documento aprobado, es necesario establecer unas ratios profesional/usuario que contemplen «las realidades económicas y sociales de los territorios» y que permitan «una correcta asistencia y reduzcan la actual carga laboral». Por otra parte, destacan que es necesario definir los roles profesionales y reconocer y desarrollar las capacidades competenciales de cada una de las categorías profesionales con el consiguiente reconocimiento económico.
La propuesta también fija requisitos para el personal sanitario
Por otra parte, la propuesta impulsada por los anticapitalistas establece una serie de requisitos para todo el personal sanitario de la administración pública catalana. Así, fija que es necesario establecer el «requisito lingüístico necesario (más allá de un simple mérito) del conocimiento activo de la lengua catalana, evitando el uso abusivo de medidas de urgencia para contratar personal sin el correspondiente proceso selectivo, que es el ámbito en el que se comprueba el requisito lingüístico obligatorio». Además, es necesario garantizar que la acreditación por parte de los profesionales se transforma en un uso efectivo cuando estos interactúan con los pacientes. También se pide que se equipare la puntuación de catalán y occitano, en el Arán, en todos los concursos de provisión de plazas públicas de la Administración de Cataluña.
