La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se ha situado este trimestre como el organismo promotor de más normativa que discrimina el catalán. Según el último informe de Plataforma per la Llengua, que analiza de manera trimestral el Boletín Oficial del Estado (BOE), entre julio y septiembre se han registrado 32 disposiciones estatales, europeas e internacionales que otorgan privilegios exclusivos al castellano. Con estos registros, en 2026 ya acumula un total de 101 normas que refuerzan la minorización del catalán. Las cifras de este trimestre son similares a las de trimestres anteriores –34 entre enero y marzo, y 35 entre abril y junio–.
La ONG del catalán subraya en un comunicado que el detonante principal de este periodo se concentra en el 8 de julio, cuando la AEPD emitió nueve resoluciones para aprobar las bases reguladoras de sus premios anuales. Convocatorias como el Premio Comunicación de Protección de Datos Personales, el premio de investigación Ángela Ruiz Robles o el dedicado al ámbito iberoamericano exigen de manera ineludible el uso del castellano, tanto en la documentación obligatoria –con memorias y resúmenes ejecutivos en lengua castellana– como en los trabajos candidatos. Aunque se admite el idioma original para los proyectos, se impone como condición indispensable la aportación de una traducción al castellano, un requisito que supone una barrera económica y temporal añadida para los creadores catalanoparlantes.
Un entramado normativo de carácter estatal, europeo e internacional
El análisis elaborado por la entidad en defensa de la lengua pone el foco en el origen diverso de estas normativas. Del total de 32 disposiciones del tercer trimestre, 23 provienen de instancias estatales, 7 del ámbito europeo y 2 de marcado carácter internacional. Entre las normas estatales destaca la orden del Ministerio de Sanidad del 8 de julio –la SND/715/2026–, que regula el procedimiento de inclusión de productos ortoprotésicos en la oferta financiada y obliga a las empresas a aportar las instrucciones de consumo exclusivamente en castellano. Esta exigencia se ampara en una sentencia de 2017 del Tribunal Constitucional sobre el Código de Consumo de Cataluña, en la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el Código de Consumo de Cataluña, la cual valida la obligatoriedad del castellano para proteger al consumidor bajo el pretexto de que la presencia de esta lengua ya garantiza plenamente los derechos de los ciudadanos, relegando el catalán a una opción supeditada a criterios de promoción cultural.

En cuanto a la esfera europea, el informe ejemplifica el sesgo con el reglamento de ejecución 2026/1757 de la Autoridad Bancaria Europea, que vincula la disponibilidad de herramientas informáticas a todas las lenguas oficiales de la UE –quedando el catalán excluido de este estatus por la falta de solicitud histórica del Estado español en 1986 y por el bloqueo político actual en Bruselas–. En el ámbito internacional, el reglamento de Naciones Unidas número 129 sobre sistemas de retención infantil [2026/1534] vuelve a remitir a «la lengua del país» como requisito de información a los usuarios.
El sustrato ideológico del marco constitucional
Plataforma per la Llengua concluye que la raíz de esta discriminación sistemática no responde a factores casuales, sino que «reflejan decisiones de carácter político». En este sentido, subrayan que el castellano tiene un reconocimiento diferente y superior porque «la ideología hegemónica, el nacionalismo español, defiende la jerarquía entre las lenguas tradicionalmente habladas en el Estado». «El nacionalismo español es una ideología que en los terrenos identitario, cultural y lingüístico es supremacista«, sentencia la ONG del catalán, apuntando que «identifica España con Castilla y con sus elementos definitorios, muy particularmente la lengua castellana».

