Plataforma per la Llengua y el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), que agrupa 14 colegios de abogados de Cataluña, han unido fuerzas y esta semana han lanzado una campaña para promover el catalán en la actividad profesional de los abogados, pero también para desacomplejar el uso del catalán en el ámbito judicial, para que se utilice con naturalidad y garantizar el derecho de opción lingüística. El proyecto Defensem en català, defensem el català quiere sensibilizar a los abogados de una manera muy directa sobre la importancia de respetar y hacer respetar los derechos lingüísticos de los clientes en el ámbito judicial, y para lograrlo ha difundido una serie de videos con caras visibles de la abogacía, entre los cuales hay destacados abogados que participaron en el juicio del Procés, que explican su experiencia con la lengua.
«Necesitamos mucho estas energías sumadas en nuestro ámbito porque el catalán sufre mucho en la administración de justicia«, dice el presidente de la Comisión de Lengua del CICAC, David Casellas, en conversación con El Món, donde reconoce que la lengua en la administración de justicia tiene «unos resultados muy escasos» en cuanto a la redacción de sentencias en catalán o el uso de la lengua por parte de abogados y, además, denuncia que la mayoría de las peticiones de recibir las notificaciones –solo el 5%– son desatendidas por el funcionario porque «puede desactivar la opción marcada». «Cuando es en catalán, se desactiva en un 80% de los casos», y añade que esto «es muy grave». «Son datos que hacen sonrojar a cualquiera, y nos obligan a reaccionar porque la situación es extrema, porque las cifras van bajando», admite.
Frederic Munné, diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, destaca que la campaña es necesaria, pero apunta que «uno de los problemas que tiene la lengua en el ámbito de la justicia es la situación de desigualdad que parte de entrada» en relación con el castellano. Aunque más del 75 % de los abogados se relacionan habitualmente en catalán entre ellos, Munné expone que hay «una mutación» cuando se está ante un tribunal o cuando se redactan documentos jurídicos. «Hay un cambio de idioma que no se acaba de entender», manifiesta, y apunta que el origen «está en la formación».
La vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, explica a este diario que la iniciativa surge porque la presencia del catalán en la justicia es «residual», y remarca que la campaña tiene el objetivo de «sensibilizar» y hacer entender que hablar la lengua catalana en el ámbito judicial «no es un añadido, es un derecho», en referencia al derecho de opción lingüística.
Defender el derecho de opción lingüística: «El catalán en la justicia no debe ser una heroicidad»
«La ciudadanía tiene derecho a elegir el catalán como lengua de comunicación con la justicia, y que la justicia le haga caso y le respete», reclama, porque «en la mayoría de los casos este derecho no se respeta». «Defender el derecho de opción lingüística es muy importante porque si no puedes utilizar tu lengua ante un magistrado te provoca una indefensión», reflexiona. Asimismo, Plana señala que la campaña quiere desmentir que «no se puede hacer justicia en catalán» porque, según dice, «tenemos profesionales y operadores jurídicos que funcionan en catalán».
Y, finalmente, quieren presionar a las administraciones para que hagan su trabajo. «Debemos ser conscientes de que utilizar el catalán en la justicia no debe ser una heroicidad, sino el ejercicio normal de un derecho que es equiparable a cualquier otro, porque no hay derechos de primera y derechos de segunda», sentencia. David Casellas añade: «Como tenemos este derecho, apelamos a ejercerlo, porque se ejerce poco y, cuando no se respeta, no se denuncia». «No nos podemos cohibir o pensar que estamos en un contexto castellanizado, que lo estamos, pero no es una cuestión definitiva que no tenga alternativa», concluye, y apela a usar la lengua con «naturalidad» como en el día a día, cuando se va a comprar el pan o a un restaurante.
Un problema de base: las clases de derecho en castellano
Además, la vicepresidenta de Plataforma per la Llengua señala que otro objetivo es que el Departamento de Universidades se ocupe de otro problema: que se impartan clases en catalán en las facultades de derecho. En este sentido, Frederic Munné denuncia que «en las universidades catalanas hay pocas clases de derecho en catalán y domina el castellano». «De hecho, cuando yo estudié, en la Transición, quizás había más que ahora», señala, lo cual delata un retroceso. Y reflexiona que «si no has asimilado los conceptos en catalán, es difícil que en el ejercicio de la profesión utilices la lengua».
Plana, además, reclama que el Departamento de Justicia ofrezca becas para que los graduados en derecho se preparen las oposiciones a jueces y fiscales porque, según apunta, en Cataluña «no hay vocación de magistratura». «Los catalanes no quieren ser ni jueces ni fiscales», dice, y cree que una solución sería fomentar estas vocaciones en el país para que los catalanoparlantes puedan llegar a la judicatura. «Estos irían con otro tipo de mentalidad respecto a la lengua y los derechos lingüísticos», argumenta.
Casellas recuerda que la administración de justicia y el poder judicial deben entender que «son servidores públicos y prestan un servicio público» y «deben hacer mucho, y hacen, pero deben hacer más» para impulsar el uso de la lengua. «Seguro que la administración de justicia debería poner más recursos en los sistemas de traducción» porque, según expone, la «demora en la obtención de estas traducciones tiene un alto riesgo disuasorio». Asimismo, reclama más disponibilidad de intérpretes para dar herramientas a «un fiscal que no entiende el catalán porque acaba de llegar o bien porque una de las partes dice que le puede causar indefensión porque no entiende la lengua». «En situaciones así lo que no puede ser es que quien tiene el derecho tenga que renunciar a él», remata el presidente de la Comisión de Lengua del CICAC.
