Cualquier persona que quiera obtener o renovar un permiso de residencia y trabajo en Andorra tendrá que acreditar un nivel mínimo de catalán a partir de 2029. Esta nueva norma incluye en todos los ciudadanos del país que son extranjeros, como por ejemplo los streamers españoles que en los últimos años han ido a vivir en el país pirenaico en los últimos años para pagar menos impuestos. Así lo han consensuado este viernes la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios andorranos durante el trabajo en comisión que se ha llevado a cabo para cerrar el texto del proyecto de Ley de la lengua propia y oficial, según han asegurado en un comunicado conjunto Demòcrates, Concòrdia, Partit Socialdemòcrata y Ciutadans Compromesos.

El objetivo de esta nueva ley andorrana, según apuntan los partidos, ha sido mantener el espíritu inicial de la ley, que es «preservar la lengua propia de Andorra» y garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán.

El jefe de gobierno de Andorra, Xavier Espot, en un acto en la Generalitat / EP

Qué pedirá Andorra?

Según se desprende del texto definitivo de la ley, las formaciones políticas han acordado obligar a todos aquellos que quieran renovar el permiso de residencia y trabajo a cursar una formación de catalán de 30 horas, a excepción que se pueda demostrar «un nivel adecuado de la lengua». Este caso es el de muchos de los streamers y youtubers que viven en el país, como por ejemplo TheGrefg, Rubius o Ampeter. A partir de aquí y en el caso de la primera renovación, se tendrá que acreditar el nivel A1 de catalán, mientras que para la segunda renovación el requisito será el nivel A2, una medida que entrará en vigor a partir del 26 de abril de 2026. Unas condiciones que se tendrán que empezar a aplicar una vez que se aplique la ley.

Además, los grupos también ha acordado «hacer extensivos estos niveles de catalán» para el resto de permisos de inmigración en un plazo de cinco años, hecho que también afectará los residentes pasivos o a los youtubers. De la misma forma, se han previsto mecanismos de refuerzo en todos los ámbitos de aplicación para «reafirmar el espíritu» de la ley, se ha concretado la composición de algunos órganos que contempla el texto, como la Junta de Coordinación de la Lengua o el Consejo Nacional y se ha definido un régimen sancionador más preciso.

Los grupos parlamentarios que han cerrado el texto destacan que el proyecto de ley cumple «su misión integradora», asocia el progresivo aprendizaje de la lengua por parte de los recién llegados y la acreditación de esta en los permisos de inmigración. Finalmente, se felicitan por el clima conseguido durante el trabajo en comisión, que afirman que ha permitido convertir las respectivas enmiendas en «mejoras objetivas» en favor del patrimonio lingüístico de Andorra.

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