Un total de 58.500 euros en sanciones a cuatro residencias para personas con discapacidades. Este es el balance cerrado del año 2023 presentado por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión en el Parlamento, al que ha tenido acceso El Món, sobre las actuaciones inspectoras que la consejería ha llevado a cabo en 137 de estos centros especializados en toda Cataluña, con un total de 219 inspecciones. En concreto, son centros de carácter asistido dedicados a la atención de personas con diversidad funcional física o psíquica, un sector social especialmente vulnerable. Unos datos que muestran cómo decenas de estos centros fueron inspeccionados varias veces durante un año, sea por actuaciones de oficio -a iniciativa del cuerpo inspector, de un órgano superior u otros órganos por petición razonada- o bien por denuncias de usuarios.
La estadística evidencia el control específico que se lleva a cabo sobre estas entidades, aunque, a diferencia de las residencias geriátricas, el nivel de sanciones impuestas es muy bajo. Sin embargo, el servicio de inspecciones es prolífico en otras vías antes de iniciar procesos sancionadores como los escritos de advertencia y comunicados a otras entidades públicas para que hagan un control más específico de alguna actividad, hecho o servicio que se escapa de sus plenas competencias, así como escritos de carencias. Unos procesos administrativos que afectan de manera similar a centros públicos, concertados y privados.
Sanciones de hasta 24.500 euros
En el capítulo de procesos abiertos de inspección que han terminado con sanción se cuentan la Residencia Les Hortènsies, de la fundación privada Sant Francesc d’Assís, a la que se le abrió un expediente a raíz de una denuncia. Este centro fue sancionado con 24.500 euros por vulnerar la intimidad y la privacidad en las acciones de la vida cotidiana -un derecho que deben recoger los protocolos internos y el personal del centro-; por servir alimentos en una cantidad insuficiente en el peso y la composición o sin cumplir las condiciones higiénicas, nutritivas o de valor calórico; incumplir la normativa reguladora de la calificación del personal o no garantizar la atención directa continuada; y no tener el programa individualizado de atención de actividades.
Otra fundación privada, Els Garrofers, fue sancionada con 17.500 euros por no disponer de programación de dietas supervisada por una persona responsable, así como por tres incumplimientos de la normativa reguladora de calificación del personal o de no garantizar la actuación directa continuada. La tercera sanción fue de 16.500 euros, y a diferencia de las otras tres, aún se encuentra recurrida y no es definitiva, y se impuso a la residencia Can Calopa de Dalt, propiedad de l’Olivera, SCCL, por varias infracciones muy graves, graves y leves. En concreto, no mantener el establecimiento en condiciones de higiene, salubridad y confort y no cuidar la ropa ni los utensilios de uso personal de los usuarios y no tener actualizado el registro de usuarios o los incumplimientos de la normativa de calificación y dedicación del personal.
La cuarta sanción impuesta en 2023 fue a la Residencia Asistida DomusVi Mont Martí, gestionada por SAR Residencial y Asistencial, SAU, por un importe de 10.000 euros por inmovilizar o restringir la capacidad física e intelectual de los usuarios, ya sea por medios mecánicos o farmacológicos sin una prescripción médica que detallara las pautas y las contenciones. La misma residencia fue también multada por incumplir la normativa reguladora del personal.
Advertencias por infracciones menores en residencias para discapacitados
Según el balance presentado, los centros inspeccionados han recibido 61 escritos de advertencia. Es decir, una fórmula administrativa que recoge «infracciones detectadas» pero que su naturaleza permite dar margen a la entidad para que las subsane. De hecho, el reglamento sancionador regula que, en la siguiente inspección, si se constatara que no se han subsanado las infracciones, se incoaría el expediente sancionador. En el mismo informe también se remarca la emisión de 86 comunicados. Una fórmula administrativa que son escritos de envío de informe a otras unidades o servicios del mismo departamento que son competentes por la naturaleza de las infracciones o carencias detectadas.
Asimismo, el departamento abrió dos propuestas de proceso sancionador que terminaron sin sanción. También destacan los seis «escritos de carencias» registrados. Esto es, un escrito de medidas correctoras que se expide a raíz de una inspección que no detecta carencias que motiven ni un escrito de advertencia ni un expediente sancionador. Sin embargo, son medidas que también se constatan en el mismo acta de la inspección pero que se recuerdan en un escrito para una evaluación posterior del mismo centro.
La cifra que supone 137 centros inspeccionados de un total de 219 inspecciones y un relativamente bajo nivel de sanciones, -solo cuatro- a diferencia de los números de las residencias de ancianos, muestran la presión del departamento de Derechos Sociales e Inclusión en este tipo de establecimientos. De hecho, el balance del servicio de inspección certifica un nivel de prevención bastante intenso con figuras como los «escritos de advertencia» o los «comunicados» así como el «escrito de medidas correctoras». En este sentido, el mismo departamento apunta que en el año 2024 las cifras serán similares y continuarán con una gran diferencia con las residencias de ancianos así lo muestra un nuevo documento de «seguimiento de las actuaciones inspectoras durante el 2024» que, de momento, no se ha completado a la espera del cierre del año.
