La huelga general del 11 de noviembre, convocada por los sindicatos en contra de los precios de la vivienda, también servirá para reivindicar toda una serie de derechos que diversos grupos de activistas ven en peligro. El sindicato mayoritario de la escuela pública USTEC participará en la manifestación con una columna propia y la plataforma más grande de usuarios de Rodalies, Dignitat a les Vies, ha remarcado que «defender las vías es defender derechos». «Cuando el transporte público falla o las conexiones son insuficientes, quienes más lo sufren es la clase trabajadora”, apuntan en un comunicado.
Los afectados de las Tierras del Ebro también han hecho un llamamiento a participar para reivindicar, en la misma línea, una “movilidad digna”. “Los estudiantes no encuentran pisos en Barcelona y los que trabajan allí tienen que ir y venir cada día porque allí no pueden pagarse una vivienda”, resume la portavoz de Trens Dignes, Cinta Galiana. Por otra parte, la plataforma Perquè no ens fotin el tren -en defensa de la R3- también se ha adherido. «Lo hacemos porque tenemos claro que no hay vida digna sin derechos», han apuntado. Las plataformas de usuarios de Rodalies consideran que “una cosa va ligada con la otra”, porque vivir en el territorio debería ser posible “sin quedar condenados al aislamiento”.
La plataforma de usuarios del Ebro, la última en sumarse a la movilización, representa una realidad también extendida en otros puntos del interior de Cataluña o del Pirineo, con pueblos aislados, sin transporte fiable y un decrecimiento de la población que amenaza la supervivencia de algunos núcleos. En declaraciones esta semana a la ACN, Galiana ha recordado que vivir en uno de los extremos del país a menudo supone tener que renunciar a oportunidades laborales, educativas o sanitarias, y por eso piden una movilidad pública “accesible, fiable y digna”.
«Debemos poder vivir en nuestras comarcas sin quedar desconectados del trabajo, los servicios y las oportunidades», añaden sus compañeros de la R3, que va de Hospitalet de Llobregat hasta Puigcerdà pasando por Barcelona y Vic. «Pan, techo y trabajo son pilares básicos que se deben garantizar, pero estos derechos no se pueden entender sin unos servicios públicos esenciales: educación, sanidad y movilidad», concluyen desde la plataforma.
Los docentes también se unen
El mundo educativo también se ha unido en medio de un clima enrarecido por las protestas constantes de los docentes y varios acuerdos que los maestros todavía consideran insuficientes. La USTEC ha hecho un llamamiento a secundar la huelga del 11-N y a participar en las movilizaciones, que tendrán “bloques educativos”. Es decir, que la manifestación tendrá un apartado para reivindicar los derechos laborales de los docentes. En este sentido, desde el sindicato apuntan que “sin casa no hay educación” y recuerdan que hay alumnos que están amenazados de desahucios. “Un niño que vive pendiente de un desahucio, que tiene que cambiar de centro porque la familia no puede pagar el alquiler o que no dispone de un espacio para descansar y estudiar no tiene garantizadas las condiciones necesarias para aprender”, apunta.
No es la primera vez que los docentes vinculan el derecho a la vivienda con la educación. En los últimos años, maestros de diferentes poblaciones han creado plataformas de defensa de la vivienda a raíz de una rebelión en Salt (Gironès) el invierno de 2024. Un goteo de desahucios con niños escolarizados en el municipio encendió al profesorado, que ha intentado pactar con la Generalitat protocolos de protección que, dos años después de la revuelta, continúan siendo “insuficientes”, apuntaba Jermey Buck, docente del municipio, en un reportaje de El Món. Israel Falcó, miembro de la plataforma Docents per l’Habitatge de la Catalunya Central, también ha cuestionado la falta de recursos tras un macrodesahucio que afectaba –un acuerdo in extremis entre la administración y el fondo de inversión lo ha evitado– a una decena de alumnos en Manresa. En Barcelona, la plataforma antidesahucios creada Docents 080 también advierten que un desahucio puede entenderse “como un caso de maltrato cuando hay menores implicados”.
