Uno de los tópicos sociales es que las obras, a diferencia del turrón Suchard, cuando empiezan parece que nunca terminan. La cultura popular lo ha reflejado con cómics como Pepe Gotera y Otilio, series como Manos a la Obra o películas como Bajo el sol de la Toscana. Pero, incluso siguiendo la idea de Jorge Luis Borges, en el mundo de las obras, el ladrillo y el cemento hay cosas que solo pasan en la realidad. Como prueba, el juicio que se vivirá el lunes en la dinámica sección quinta de la Audiencia de Barcelona.

Es un caso de estafa contra un albañil que, no solo no hacía las obras sino que deshacía y, encima, las cobraba. Esta es la tesis del fiscal del caso tras una investigación de casi dos años en el Juzgado de Instrucción 4 de Martorell. El ministerio público no se anda con poco y reclama dos años y tres meses de prisión por un delito de estafa. Una empresa inexistente, pagos a cuenta, compras fantasmas de electrodomésticos y una vivienda inhabitable completan la historia sobre la que el tribunal deberá construir una sentencia.

Una imagen de Cubells/Ayuntamiento de Cubells
Una imagen de Cubells/Ayuntamiento de Cubells

Cubells, en la Noguera

Según el relato de la acusación del ministerio fiscal, en el año 2022 el acusado contactó como maestro de obras con un matrimonio de Martorell que quería rehabilitar una vivienda en Cubells, un municipio de la Noguera muy conocido por sus vías de escalada. El encuentro entre el acusado y la pareja tenía el objetivo de pactar la reforma de la casa. Según el fiscal, el acusado, «guiado por el ánimo de obtener ilícitamente un beneficio económico, presentó un presupuesto». El matrimonio de Martorell «confió en la seriedad de la propuesta y actuó con la creencia de que el acusado cumpliría con su compromiso» y lo contrató.

Dicho y hecho, el 22 de octubre de 2022, los clientes, a petición del acusado, le entregaron 14.000 euros para la compra de materiales, de los cuales conservan un recibo. Tres días después los propietarios de la vivienda y el acusado firmaron un contrato de obras con un presupuesto de 24.985 euros. Pero había un primer engaño. La empresa del acusado con la que firmaba el presupuesto ni existía. El 16 de noviembre siguiente, acusado y matrimonio acordaron ampliar el presupuesto en 2.795 euros, a raíz de unos trabajos adicionales, y pagaron a cuenta 1.950 euros en efectivo, contra un recibo del acusado.

El Palacio de Justicia sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) / Jordi Borràs
El Palacio de Justicia sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) / Jordi Borràs

Hacer ver el trabajo

El mismo día, el albañil pidió a una empresa presupuesto por los materiales que supuestamente debía adquirir. «Nunca llegó a formalizar ninguna adquisición de ningún material ni hizo ningún pago, se apropió de las cantidades recibidas a cuenta», asegura la fiscalía. Aun así, el acusado comenzó las obras el 21 de noviembre hasta el 1 de diciembre. A partir de ese día, nunca más volvió a trabajar allí dejando una vivienda con «deterioros importantes que no permiten la habitabilidad de la casa».

De hecho, el 1 de diciembre, el acusado pidió más dinero, 1.330 euros para comprar electrodomésticos, no incluidos en el presupuesto original. El matrimonio abonó el importe y el acusado hizo un pedido a un almacén de electrodomésticos, dejando 600 euros de paga y señal. Pero días después canceló el pedido y los 600 euros le fueron devueltos. El 8 de diciembre, tras varios intentos del matrimonio de contactar con el albañil porque no aparecía por la casa, el acusado se presentó en casa de los clientes y firmaron un nuevo presupuesto de 27.780 euros, con IVA incluido, de los cuales ya se habían abonado 17.280 euros, y el compromiso de terminar las obras en 60 días.

Nunca más apareció ni el albañil, ni los electrodomésticos ni los materiales de obra que supuestamente había comprado. Y la casa de Cubells, inhabitable por los destrozos del inicio de la reforma. De ahí que la fiscal pida una pena de dos años y tres meses por un delito de estafa del artículo 248 del Código Penal y una responsabilidad de 17.280 euros y que pague la reparación de los desperfectos que el acusado habría perpetrado.

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