La Asociación de Abogados de Osona en Defensa de los Derechos Humanos ha presentado una denuncia por la infiltración de dos agentes de los Mossos d’Esquadra en una asamblea de docentes. La agrupación señala directamente a la consejera de Interior, Núria Parlon, y al director de los Mossos, Josep Lluís Trapero, como responsables del cuerpo; y también al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como jefe del ejecutivo. La denuncia, presentada en el juzgado de guardia de Barcelona, insta al tribunal a elevar los casos de Illa y Parlon, que están aforados, al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
“Entendemos que se han vulnerado derechos fundamentales y es importante que la justicia inicie los procedimientos”, destaca Cèsar Langonigro, presidente de la entidad. “Sorprende que la fiscalía no haya actuado de oficio, creemos que debería haberlo hecho. Si no lo hace, nosotros presentamos la demanda”, ha insistido en declaraciones a El Món. La asociación, que actúa por su cuenta, remarca que los Mossos y la misma Parlon “han reconocido los hechos” –la consejera ha defendido una hipotética infiltración en las redes– e insiste en que son actuaciones lo suficientemente graves como para iniciar una investigación “con la máxima transparencia y garantías democráticas”.
Pendientes de las explicaciones de Trapero
La denuncia llega horas antes de que el mismo Trapero dé explicaciones en el Parlamento de Cataluña por la polémica actuación policial. “Estaremos pendientes”, añade Lengonigro. “Pero no hay justificación posible, es una vulneración de derechos fundamentales clara”, concluye el abogado. El director de los Mossos comparece tras numerosas críticas de los sindicatos educativos y del grueso de la oposición, que ha pedido insistentemente su dimisión.
El caso estalla después de que una asamblea de docentes –órganos independientes de los sindicatos– detectara a dos posibles agentes en una reunión en el instituto Pau Claris de Barcelona. Al ser interpeladas, las dos agentes argumentaron que venían de una escuela de Santa Coloma de Gramenet, pero docentes de este mismo centro presentes en la reunión las desmintieron. El sindicato USTEC, mayoritario entre el colectivo, también ha anunciado acciones legales contra estos hechos. El colectivo ha llevado el caso a la Autoridad Catalana de Protección de Datos mientras estudia si interpone una demanda al TSJC.
