Nuevo ataque judicial en la escuela en catalán. Lo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite un recurso contra el decreto de régimen lingüístico en la escuela, aprobado el Gobierno el pasado 14 de mayo, presentado por la entidad españolista Asamblea por una Escuela Bilingüe. Según los denunciantes, la iniciativa del ejecutivo de Pere Aragonés «vulnera derechos fundamentales», como por ejemplo el de no discriminación; y evita reconocer el castellano como lengua propia, hecho que lo excluye de «la condición de lengua de la enseñanza» -tal como, de hecho, era la intención de una norma que busca blindar la vehicularitat del catalán en la formación de los niños-. Además, la entidad discute la forma de la aprobación de la orden, dado que el Consejo Ejecutivo ya estaba en funciones en el momento de su comunicación. El decreto, así, habría «sido aprobado por un Gobierno en funciones más allá del que permite la ley«.
En su recurso, la entidad españolista reclama tanto la nulidad del decreto como una suspensión cautelar para evitar su entrada en vigor. El juzgado, en este sentido, ha aceptado el argumentario del AEB, y acuerda abrir una pieza separada para estudiar también esta segunda medida. En un comunicado, la asociación se ha mostrado «indignada» por el que considera «prácticas sectarias en el ámbito lingüístico» por parte del Gobierno. El «reiterado desamparo» que las instituciones catalanas imponen, a parecer suyo, a la lengua castellana en el ámbito educativo justifica su recurso. La intención con la busca del amparo del tribunal superior, pues, es «impedir la vulneración de derechos lingüísticos en Cataluña e intentar reemplazar la dejadez de funciones de los responsables políticos».
Vehicularitat del catalán
El decreto, hay que recordar, funciona para defender la aplicación de la inmersión lingüística al país, atacada por la judicatura española. La norma considera el catalán como lengua «normalmente empleada como vehicular» en la acogida de alumnos recién llegados, y añade el aranés en los centros de la comarca. El decreto también aplica la prioridad del catalán a las actividades educativas y extraescolares, así como en las comunicaciones internas de los centros y en la proyección externa de los docentes con el resto de la comunidad educativa. Desde las agrupaciones sindicales del sector alaban «la apuesta para asegurar el catalán como lengua vehicular y por la inmersión lingüística», si bien entienden que la iniciativa es «mejorable». En un comunicado posterior a la aprobación, Ustec alertó que «hay que concretar algunos de los artículos y reformular algunas de las directrices para que el decreto realmente blinde el catalán en los centros educativos».
