Tres de cada diez escuelas concertadas del sistema educativo catalán aún segregan al alumnado vulnerable. Esta es una de las grandes conclusiones que se desprende del informe La escuela concertada hoy. Propuestas para revisar los conciertos educativos en clave de equidad elaborado por la experta en segregación escolar de la Fundación Bofill María Segurola. Aunque esta cifra sigue siendo bastante elevada, la segregación escolar se ha reducido significativamente en los últimos años -un 25% concretamente-, aún queda mucho camino por recorrer. El hecho de que una de cada tres escuelas concertadas aún perpetúe la segregación, pues, también tiene un impacto económico sobre los recursos que invierte el Departamento de Educación, en manos de la consejera Esther Niubó. En concreto, tal como apunta la autora del informe, «un tercio de los recursos públicos que la Generalitat destina a financiar escuelas concertadas [cifrado en 402 millones de euros anuales], se va a centros que perpetúan la segregación». Es decir, en otras palabras, más de 132 millones de euros se destinan a centros educativos que segregan al alumnado.
En este sentido, el estudio también concluye que una de cada cinco escuelas concertadas sigue siendo elitista, la cual solo matricula, como máximo, a un alumno vulnerable en su centro -aunque la normativa fija un mínimo de dos: «Aunque se encuentran en barrios acomodados, casi todas están desequilibradas respecto a la proporción de vulnerabilidad que hay en sus municipios», apuntan desde la Fundación Bofill, que recuerdan que «el presupuesto estimado que se destina a estos centros asciende hasta los 280 millones de euros anuales [cifra que representa el 24% del gasto público en conciertos educativos]». «En estos casos es imprescindible clarificar las condiciones que implica formar parte del servicio educativo de Cataluña en los acuerdos de conciertos y que la administración supervise estos compromisos», reflexionan desde la entidad pedagógica.
Haciendo una radiografía del mapa de escuelas concertadas del país, que representa cerca del 32% del total del sistema educativo catalán, un 10% de estas son «escuelas concertadas poco diversas y desequilibradas» con su entorno. Desde la Fundación Bofill alertan que se trata de una tipología de centro con bastante «diversidad social», pero que tienen menos alumnos vulnerables que la media de su municipio. Estos centros, según argumentan, suelen estar ubicados cerca de otras escuelas más complejas -es decir, con más porcentaje de estudiantes en situación de vulnerabilidad-, lo que genera desigualdad territorial: «Una aplicación más intensiva de las medidas contribuiría a continuar diversificando estos centros», reflexionan. A pesar de las asignaturas pendientes en esta materia, cabe tener en cuenta que casi un 70% de las escuelas concertadas del país sí cumplen con los criterios establecidos en el pacto contra la segregación.
Las recomendaciones de la Fundación Bofill
En respuesta a la radiografía del mapa de concertadas de Cataluña, la Fundación Bofill ha articulado un plan con cuatro líneas maestras para mejorar el funcionamiento de la escuela concertada. En primer lugar, consideran que es fundamental que la consejería de Educación «vincule» la renovación de los conciertos educativos a «compromisos claros» por parte de los centros, ya que de esta manera se podría combatir la «sobreoferta educativa»: «Es una medida fundamental en un contexto de caída demográfica para evitar la concentración de alumnado vulnerable en algunos centros y la movilidad hacia fuera de la zona de residencia», argumentan. En este sentido, también consideran que es esencial que los centros concertados escolaricen «mayoritariamente» al alumnado residente en el municipio para «asegurar una composición social representativa»: «Los centros deben reflejar la diversidad social de su entorno», apuntan. En este sentido, también insisten en que las concertadas también deben «asumir la reducción de ratios en infantil 3 como medida estructural para ajustar la oferta y facilitar una distribución equilibrada de la matrícula viva [es decir, el número de alumnos que se incorporan al centro con el curso ya comenzado]».
Desde la Fundación Bofill también reclaman «reformar el modelo de financiación» de la escuela concertada, ya que consideran que el actual es «lineal» y no «reconoce la complejidad ni incentiva la corresponsabilidad». En cambio, desde la entidad de pedagogos plantean crear un modelo de financiación «contractual»: «Este modelo sustituiría el actual automatismo administrativo en la renovación de los conciertos por un acuerdo vinculante entre la administración y cada centro concertado con unos estándares fijos de exigencia para recibir más recursos», argumentan desde la Fundación Bofill. En términos económicos, desde la entidad también consideran que el departamento debe «mejorar» las llamadas «mochilas económicas». Es decir, las ayudas dirigidas a las familias. Apuntan que se debe actualizar el importe de las ayudas «según el coste real de la plaza escolar para evitar barreras económicas». Por último, para garantizar el buen funcionamiento de la escuela concertada, aseguran que «es imprescindible una fiscalización más robusta» de los fondos públicos que se destinan al sector concertado del sistema educativo.
