Los estragos de la crisis económica de finales de la década de 2000, conocida como la gran recesión, todavía se arrastran dentro del sector educativo catalán. Ahora, con el objetivo de incrementar un 25% el sueldo de los docentes. El año 2010, la entonces consejera de enseñanza, Irene Rigau, tomó un conjunto de medidas drásticas con el objetivo de recortar los gastos del departamento respecto al producto interior bruto (PIB) catalán y ajustarse el cinturón en plena crisis. La reducción de los gastos, la cual se fue desplegando durante los primeros años de la década del 2010, conllevó, entre otros, la supresión de los estadios -es decir, las retribuciones que la administración da a los docentes en función de los años trabajados. Además, esta reducción también implicó una reducción drástica del dinero que Cataluña invirtió por cada estudiante escolarizado en el sistema público no universitario. Un recorte que se ha acentuado aún más porque el número de alumnos matriculados en la escuela, tanto pública como concertada ha crecido más de un 30% en la última década. Desde la implementación de los recortes, sin embargo, y a medida que ha ido mejorando la situación económica de Cataluña, las organizaciones sindicales del sector han mantenido una disputa férrea con el Departamento de Educación para revertir los recortes y «recuperar» el poder adquisitivo perdido.
El mes de mayo de 2022, los sindicatos de docentes unieron fuerzas para exigir al entonces consejero Josep González Cambray que pusiera fin a los recortes que ya llevaban más de diez años arrastrándose. Un conjunto de movilizaciones sin precedentes que elevaron un paso más la lucha de la comunidad educativa contra la administración. En aquel momento, sin embargo, las conversaciones con el exconsejero no prosperaron y la negociación para la reversión de los recortes quedó estancada. Ante las presiones de la comunidad educativa para fulminar a Cambray del cargo, el gobierno de Pere Aragonès encargó a la exconsejera Anna Simó recibir el testigo e intentar paliar la problemática con los docentes. Una tarea con la cual Simó topó desde el primer día, ya que los principales sindicatos del sector amenazaron con ir a huelga indefinida si no se llegaba a un acuerdo para revertir los recortes -tal como ya habían hecho contra su predecesor.
El acuerdo para revertir los recortes
Después de meses de negociaciones, el pasado 25 de enero de 2024, hace casi un año, la consejería alcanzó un acuerdo sin precedentes para revertir los recortes, el cual solo fue firmado por dos de las organizaciones sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial, CCOO y UGT. Es decir, un pacto que no contó con el apoyo del sindicato mayoritario del sector, USTEC, a pesar de que esta organización había liderado durante años la lucha en las calles. Este acuerdo, supeditado a la aprobación de los presupuestos catalanes del año pasado -aunque se terminó llevando a cabo sin los presupuestos desbloqueados-, incluía reducir horas lectivas a los docentes mayores de 55 años, recuperar el complemento salarial llamado estadio al cabo de seis años -anteriormente se cobraba cada nueve años-, es decir, comenzar a obtener el complemento salarial a partir de los seis años y no de los nueve, y equiparar los sueldos de todo el profesorado de Formación Profesional (FP). El acuerdo, pues, comenzó a poner punto final a décadas de agravios económicos para el sector.
Aunque el pacto con la consejería estaba sellado, el pasado mes de julio cerca de 400 docentes -constituídos en plataforma- denunciaron a la Generalitat en los juzgados, con el apoyo del Colectivo Ronda, para reclamar la «deuda» que consideran que la administración catalana tiene con ellos por el complemento de sueldo de los estadios. Según argumentan los docentes denunciantes, la supresión de los sexenios implementada el año 2012 decayó en el resto de comunidades autónomas tres años más tarde, lo que supone un agravio comparativo para los profesionales de Cataluña. Una situación que, según los cálculos de los docentes, afecta a más de 30,000 maestros y profesores del país. De momento, esta vía sigue abierta en manos de la justicia. En esta línea, la plataforma también denuncia que el profesorado catalán acumula pérdidas «por encima del 20%» en cuanto al poder adquisitivo, así como que está «a la cola en materia salarial de todo el estado español».
La presión sindical llega a la consejera Niubó
Con el acuerdo para revertir los recortes ya en marcha, la nueva titular de la cartera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha heredado el objetivo de pacificar la comunidad educativa, que se ha mostrado muy combativa desde que la consejera asumió el cargo el pasado mes de agosto. Esta semana, el sindicato mayoritario del sector ha puesto sobre la mesa en el segundo encuentro que ha mantenido con la consejería subir el sueldo de los docentes un 25% para «recuperar» el poder adquisitivo perdido desde los recortes. De hecho, desde la organización sindical recuerdan que el colectivo de profesores y maestros ha perdido entre un 20% y un 25% de su poder adquisitivo desde 2009, mientras que solo se ha obtenido un “irrisorio” incremento salarial del 7%. Una realidad que, según aseguran desde el sindicato, no viven otros grupos de trabajadores públicos, como el cuerpo de Mossos d’Esquadra.
Es por este motivo, pues, que desde el sindicato consideran fundamental aumentar el sueldo de los profesionales del sector. De hecho, tal como ya han hecho en diversas ocasiones en el pasado, desde USTEC han vuelto a amenazar a la consejería de Educación con nuevas movilizaciones -aunque de momento aún no han hablado de huelga indefinida, como sí han hecho en un pasado- si no se cumplen sus reclamaciones. «Nuestro objetivo principal ahora es abordar esta cuestión porque es de justicia», defiende la portavoz nacional del sindicato mayoritario, Iolanda Segura. La lucha por las mejoras salariales y las condiciones laborales de los docentes, pues, ahora está en el tejado de la consejera Niubó.
