Combatir las carencias enquistadas de la formación profesional (FP) y revertir la crisis eterna del sector es el gran objetivo de la nueva consejera de Educación, Esther Niubó. La titular de la cartera ha presentado esta semana un paquete de medidas para «mejorar la gestión y la planificación de la formación profesional» y resolver el caos del proceso de preinscripción y asignación de plazas que se ha vivido estos últimos meses. Uno de los ejes principales sobre los cuales Niubó pondrá el foco de cara al próximo curso es la orientación de los estudiantes para ayudarles a elegir, con el objetivo de mantener dentro del sistema a los más de 17.800 alumnos que tenían asignación -tanto de grado medio como de grado superior-, pero han optado por no matricularse porque la plaza que les han asignado no era la que querían.
La consejera ha puesto sobre la mesa que es necesario «insistir en la importancia de elegir más de una opción», ya que el 20% de los estudiantes de grado medio y el 27% de los estudiantes de grado superior -según datos del departamento- solo hacen una petición en la preinscripción; «generalizar el sistema de información universal sobre el consejo orientador en 4º de ESO con un curso obligatorio sobre oferta a los orientadores» del tramo final de la secundaria obligatoria; y «crear un equipo de más de sesenta educadores sociales formados en orientación repartidos por los diferentes municipios».
Para los sindicatos de docentes consultados por El Món, sin embargo, las políticas de orientación propuestas por la consejería son «insuficientes»: «Insistir en la orientación de los centros sobre la importancia de elegir más de una opción a los alumnos de 4º de ESO [tal como ha planteado la consejera] no es suficiente para combatir el abandono escolar«, argumenta el portavoz de la Intersindical, Marc Martorell, que considera que instar a los alumnos a escoger al mismo tiempo una gran variedad de grados de diferentes familias profesionales -como carpintería y peluquería, entre otras- «no es la solución».
Una idea bastante similar a la que expresa el responsable de FP de USTEC, Ramon Roy, que cree que los planteamientos del departamento en materia de orientación son «insuficientes». De hecho, el sindicalista advierte que «destinar sesenta orientadores a los municipios» no resuelve, de ninguna manera, la problemática actual: «Creemos que es un primer paso, pero se necesitan medidas más ambiciosas porque las problemáticas afectan a miles de alumnos». En esta línea, y coincidiendo con el portavoz de la Intersindical, Roy considera que la orientación educativa no debe limitarse solo al tramo final de la secundaria obligatoria, sino que debe hacerse extensiva durante todas las etapas educativas.
También la portavoz de UGT, Lorena Martínez, considera «fundamental» potenciar la orientación en la secundaria obligatoria, especialmente desde 3º de ESO: «Ha de ser una de las grandes prioridades», exclama. La representante sindical cree que la orientación «debe equilibrarse en función de las necesidades de los centros educativos y los territorios»: «No podemos permitir que se destine un solo orientador independientemente de si debe atender a 100 alumnos o 300», argumenta Martínez, que advierte que implementar los mismos criterios para todo el territorio sin tener en cuenta las características de cada centro «sobrecarga al personal de trabajo y de burocracia [uno de los males endémicos del sector]».

Reorganizar el mapa catalán de la FP
Por otro lado, la consejera de Educación también ha puesto sobre la mesa diversas medidas para reorganizar el mapa de oferta formativa de formación profesional. De hecho, el objetivo de Niubó es «encajar las necesidades del alumnado que quiere cursar un ciclo formativo con las del tejido productivo de los diferentes territorios, que demandan profesionales cualificados». Por eso considera fundamental establecer «convenios de colaboración con el tejido productivo». Un objetivo que las organizaciones sindicales ven con buenos ojos, aunque advierten que si la reorganización de la oferta formativa no se lleva a cabo en consonancia con la demanda de los alumnos, continuará generando plazas vacantes. «No se puede hacer solo teniendo en cuenta las necesidades de las empresas del sector», argumenta el representante del sindicato mayoritario.
En esta línea, Ramon Roy lamenta el peso de las empresas en algunas modalidades de formación profesional: «Las empresas no deben ser la voz principal de la formación profesional, y los docentes no deben quedar relegados a figuras para buscar nuevas empresas para sus grados. Los profesores deben enseñar», exclama el sindicalista. Por su parte, Marc Martorell considera que es «esencial» reformular el entramado de FP para evitar que los alumnos se desplacen: «No podemos pedir a jóvenes de 16 años que hagan más de 100 kilómetros para ir a estudiar. Y menos si no les garantizamos un buen transporte público«, argumenta el portavoz de la Intersindical, que recuerda que el grueso mayoritario de centros de FP se encuentra en la capital catalana.
Lorena Martínez defiende que también se debe reajustar la oferta formativa en función de las necesidades estudiantiles teniendo en cuenta sus posibilidades de transporte: «No es lo mismo que se desplace un alumno de ciclo medio, que solo tiene 16 años, que uno de grado superior, que ya es mayor de edad. De la misma manera que no se puede comparar desplazarse por Barcelona que hacer un largo trayecto entre Lloret y Cunit, por ejemplo», argumenta. Por eso pide «cooperación entre el departamento y los gobiernos municipales». Ante estas reclamaciones sindicales, la consejera de Educación aseguró en rueda de prensa que «resolver los problemas de transporte» es uno de los retos que debe asumir esta legislatura, pero también dejó claro que es una problemática a la que no se puede hacer frente sin los presupuestos del ejecutivo catalán aprobados.

Consolidar el modelo de FP dual
Los sindicatos de docentes consideran que también es esencial consolidar el modelo de FP Dual, la modalidad en que el estudiante se convierte en aprendiz y combina la formación en el centro educativo con la actividad productiva en la empresa, potenciada por la nueva ley del sector. Para consolidarlo, la consejería plantea «diseñar el mapa de unidades de dinamización con centros de FP y agentes sociales del territorio» e «impulsar proyectos con empresas de países de la Unión Europea (UE)». Para las organizaciones sindicales, este es un buen paso a seguir siempre que se mantenga la defensa del catalán en las aulas: «Todos los estudiantes de FP tienen el derecho a formarse en catalán», asevera la portavoz de UGT, que considera que los planes establecidos, sobre el papel, por la nueva consejera «son buenos», pero aún podrían «priorizar más el catalán».
En esta línea, Marc Martorell cree que la titular de la cartera debe dedicar más esfuerzos: «De momento no ha aplicado más políticas para defender la lengua». A pesar de las dudas, sin embargo, las organizaciones sindicales confían en que Niubó despliegue el paquete de medidas para la formación profesional y que se puedan reducir algunas carencias enquistadas. Ahora bien, recuerdan que, «sin un incremento presupuestario» para Educación, estas medidas pueden continuar siendo «insuficientes».