La consejera de Educación, Esther Niubó, ha asegurado en sede parlamentaria que la situación de excepcionalidad que permite a los docentes sin el nivel C2 de catalán acreditado incorporarse a la bolsa será sólo para el curso siguiente. La exigencia con el nivel máximo de catalán, impulsada por el último ejecutivo de ERC y retrasada por cuestiones judiciales, dejará de ser un mérito para pasar a ser un requisito, si bien Niubó ha defendido que se necesita una “excepción temporal y transitoria” porque no hay suficientes docentes con el título C2 para llenar todas las escuelas. Los nuevos integrantes de la bolsa deberán firmar el compromiso “ineludible” de obtener el título durante el año.
“No nos hagamos trampas al solitario”, le ha respondido el diputado de ERC Jordi Albert, “¿qué pasará si este compromiso no se cumple?”. La consejera, en todo caso, ha insistido en que no hay suficiente profesorado para impulsar con garantías el decreto y ha defendido que el ejecutivo ha triplicado la oferta de cursos y exámenes de catalán para que la situación no se repita dentro de dos cursos. “El profesorado que lo ha obtenido este año no sabrá los resultados hasta septiembre”, ha comentado también sobre esta cuestión, como argumento para impulsar esta excepcionalidad.
La excepcionalidad ha molestado a ERC y al resto de formaciones independentistas, pero encuentra ciertas complicidades en el sector social. El sindicato mayoritario USTEC entiende que el departamento dé margen a los docentes que deben obtener el título. Y la Intersindical, sindicato que en los últimos meses ha situado el blindaje de la escuela en catalán en el centro de las negociaciones con Educación, no encuentra “descabellado” dar un “plazo razonable” a los docentes “teniendo en cuenta de dónde venimos y la situación de la bolsa”. En todo caso, la organización avisa que “no se pueden dar casos de gente que esté ejerciendo desde hace cinco años y no cumpla con el requisito lingüístico”.
El TSJC levantó la suspensión cautelar de la medida el invierno pasado
Esta nueva exigencia, que se hace pensando en blindar la escuela en catalán, es uno de los artículos clave del nuevo decreto de régimen lingüístico aprobado por el anterior gobierno de la Generalitat en mayo de 2024. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) derribó algunos de los artículos tras un recurso de la entidad Asamblea por una Escuela Bilingüe, pero ha levantado la suspensión este pasado invierno.
A finales de 2024, momento en que la cuestión cobró relevancia, sólo un cuarto de la plantilla –incluyendo a los funcionarios y los interinos, sustitutos y personal laboral– disponía del título correspondiente. Un dato promedio superior al que acreditaban los maestros de primaria –sólo el 21% lo tenía– y que quedaba poco por debajo de la que encontrábamos en secundaria (29%). A pesar de que el curso siguiente aún no se podrá ejecutar el decreto en condiciones, el departamento defiende que en los últimos cursos se han incrementado los exámenes para poder incrementar estas cifras.
