Este mes de julio se ha vuelto a confirmar que las adjudicaciones de las plazas de docentes son uno de los grandes puntos débiles del Departamento de Educación. Este año, la cartera de Esther Niubó se ha visto envuelta otra vez en polémica por el revuelo que ha llevado a la consejera a fulminar al subdirector general de Plantillas, Provisiones y Nóminas del departamento y exjefe del Servicio de Personal Docente, Enric Trens, uno de los cargos directivos de la administración educativa. En la comparecencia parlamentaria del martes de la semana pasada, Niubó le atribuyó la responsabilidad del desorden en el proceso: «No fue un error humano, tampoco técnico sino el resultado de una decisión consciente y unilateral», espetó la consejera durante su intervención en la cámara catalana. Unas palabras que han resonado con fuerza entre la comunidad educativa y han generado malestar en los pasillos de Via Augusta, donde tiene su sede el departamento. El problema, sin embargo, no es nuevo de este año.
Las organizaciones sindicales del sector llevan años quejándose de los procesos de adjudicación de plazas cada verano. Denuncian que, desde la aprobación de la Ley de Educación de Cataluña (LEC), en 2009, el Gobierno ha aprobado varios decretos -como el Decreto de Plantillas, con fecha 25 de marzo de 2014- que avalan la «corrupción» del sistema a la hora de adjudicar las plazas de los docentes. Es decir, que normas como este decreto permiten establecer requisitos concretos y marcos a medida para algunas plazas, lo que las blinda para algunos perfiles para que las direcciones elijan «a dedo» quién las ocupa, lo que puede cerrar el paso a funcionarios que han superado las oposiciones. Este ha sido el motivo, según denuncian desde el sindicato mayoritario de educación, USTEC, y contradiciendo la argumentación de la consejería, que ha provocado que cientos de plazas de docentes se hayan cubierto con personal interino a pesar de que correspondía a los funcionarios ocupar estas plazas: «Tenemos un sistema que es anómalo. Cada año hay errores e incidencias, especialmente en los últimos dos años», argumenta la portavoz nacional de USTEC, Iolanda Segura, en conversación con El Món.
En esta misma línea se expresa la portavoz de UGT, Lorena Martínez, que lamenta que «cada año pasa algo con las adjudicaciones de verano»: «Me sorprenderá cuando se haga bien a la primera», espeta. Los diversos sindicatos consultados por este diario coinciden en que las carencias estructurales del sistema de adjudicaciones provocan que cada año se produzcan «incidencias» en el proceso: «Es importante que las plazas estén bien adjudicadas», exclama la portavoz de USTEC. El malestar sindical, este año, también ha estado acompañado por un aumento de la presión de la oposición política sobre el Gobierno, que desde el primer momento en que estalló el conflicto reclamaron a la consejera que depurase responsabilidades sobre las incidencias.
La revuelta de los sindicatos de educación de julio de 2024
Uno de los momentos de máxima tensión se vivió en julio del año pasado, momento en que las diversas organizaciones sindicales del sector se unieron de nuevo para protestar contra el desorden del proceso de adjudicación de plazas. De entrada, según las previsiones de la anterior responsable de la cartera, la entonces consejera Anna Simó, los docentes debían conocer su destino para el curso siguiente a principios del mes de julio. Sin embargo, debido a un «problema técnico», según argumentó la consejería, el listado provisional -es decir, el previo a las reclamaciones- se retrasó quince días, hasta mediados de mes. Las idas y venidas del departamento con la lista de plazas ya comenzaron a enfurecer a los sindicatos del sector, porque debido a la mala comunicación del anterior equipo de gobierno -que no fijó una fecha para la lista- temían que no sabrían el destino de los docentes hasta principios del mes de septiembre. La lista definitiva de adjudicaciones llegó finalmente el 26 de julio, pero el departamento evitó dar detalles sobre qué tipo de reclamaciones respecto a las asignaciones provisionales se habían producido. Un hecho que también enfadó a las organizaciones sindicales. El conflicto ya había estallado y, a pesar de los movimientos apresurados de la administración, los sindicatos se alzaron en pie de guerra.
La consejera Esther Niubó recibió el cargo de su predecesora pocas semanas después de aquella crisis por las adjudicaciones de plazas, la segunda semana de agosto, hecho que marcó sus primeros pasos al frente de la cartera. De entrada, para recomponer la confianza rota con los sindicatos, la consejera anunció que se adelantarían los nombramientos de los nuevos docentes con la voluntad de que el procedimiento comenzara hacia finales de mayo -un hecho que se ha cumplido- y que, como tarde, los últimos nombramientos se hicieran a principios de julio. Este calendario, sin embargo, no se ha llegado a llevar a cabo, ya que finalmente, después de la «incidencia» que ha obligado a repetir parte del proceso, la lista de plazas ha llegado el 22 de julio. Cabe tener en cuenta, sin embargo, que el listado definitivo se ha hecho público cinco días antes que el curso pasado, con Esquerra Republicana al frente de la consejería. Para los sindicatos, sin embargo, independientemente de las ligeras diferencias en los días de publicación, este hecho constata que aún hay muchas carencias en el proceso de asignación de plazas.
Establecer criterios firmes para las adjudicaciones
Los diversos sindicatos del sector consultados coinciden en que uno de los principales aspectos en que debe mejorar la consejería para evitar nuevos desastres con las adjudicaciones es establecer unos criterios «unitarios»: «Las plazas deben cubrirse por antigüedad, nota de oposición [en el caso de los funcionarios] y respetando los méritos», destaca Iolanda Segura. Una idea que también comparten desde UGT, que recuerda que las vacantes deben cubrirse «respetando la capacidad, mérito» y los criterios «de igualdad» entre los docentes. De hecho, para Lorena Martínez, para evitar que se reproduzcan situaciones como la que se ha vivido este mes de julio, «primero se deben hacer las adjudicaciones al personal funcionario de carrera y, después, a los del personal interino»: «Antes de hacer la publicación se podría hacer un intento para ver cómo quedaría. Y una vez, se sabe que están bien, publicar», argumenta la portavoz del sindicato, que considera que de esta manera se podrían evitar conflictos con los listados de asignaciones.
Sea como sea, independientemente de las medidas que elija la consejería para evitar un nuevo desorden el próximo julio, el último proceso de reparto de plazas ha confirmado que esta es uno de los puntos más débiles de Educación. Un agravio que lleva décadas arrastrándose, según denuncian los sindicatos, pero que ha cobrado más envergadura en los últimos dos años. Ahora, con el problema resuelto este año, la consejería que encabeza Esther Niubó ya debe comenzar a trabajar para evitar que se repita el próximo verano. Y, de momento, el planteamiento de la responsable de Educación, no acaba de convencer a las organizaciones sindicales.
