El sindicato mayoritario de educación, USTEC, endurece el tono y reclama una nueva mesa sectorial -el organismo donde participa la administración catalana y los principales sindicatos de docentes- para negociar con la consejería de Educación, en manos de Esther Niubó, el reconocimiento y devolución de la deuda de los sexenios. Se trata de uno de los hitos históricos que CCOO y UGT acordaron con el departamento, entonces capitaneado por la exconsejera Anna Simó, el pasado mes de enero -un pacto que no contó con el apoyo de USTEC, ya que lo consideraba insuficiente. A pesar del acuerdo, sin embargo, de momento el regreso de la deuda aún no se ha hecho efectivo, motivo por el cual la principal organización sindical del sector ha optado por presionar aún más a la administración abriendo una nueva vía judicial: «Defendemos que es necesario aumentar la presión para hacer efectivo este regreso, por eso mantenemos una estrategia judicial propia, con la impugnación indirecta a partir de 5 casos de la orden de 2014 [la que establecía el recorte] que ya realizamos hace meses», argumentan en un comunicado.

Aunque el ejecutivo catalán aún no ha hecho efectivo todo el regreso de la deuda, ya ha comenzado a dar los primeros pasos al respecto. Concretamente, la administración está regularizando el primer estadio a los seis años y realizando los pagos de los atrasos desde el 1 de enero de 2024. Ahora bien, para USTEC esta primera regularización no es suficiente, ya que consideran que la consejería pretende «pagar de oficio y contando exclusivamente los puntos de antigüedad solo a las personas que ya hubieran cumplido los 6, 12 o 18 años a 1 de noviembre de 2024». Un reconocimiento, sin embargo, que consideran insuficiente: «Hemos pedido que el reconocimiento de oficio y solo teniendo en cuenta los puntos de antigüedad sea, como mínimo, para el reconocimiento del próximo estadio a todo el colectivo», señalan los sindicalistas.

La consejera de Educación, Esther Niubó, en la llegada al pleno del Parlamento en una imagen de archivo / David Zorrakino (Europa Press)

Recuperar los sexenios, una larga lucha

Revertir los recortes de 2010 y recuperar los sexenios para la comunidad docente es una de las reclamaciones históricas del sector. Una reclamación que se consiguió -parcialmente- el pasado 25 de enero, después de años de huelgas y movilizaciones de las organizaciones sindicales. Ahora bien, aunque recuperar los sexenios es un objetivo compartido por la comunidad docente, el acuerdo con la consejería de Educación no contó con el visto bueno de la mayoría de sindicatos, ya que algunas organizaciones -como USTEC- optaron por dar un paso al lado porque el pacto estaba vinculado a la aprobación de los presupuestos 2024 -los cuales decayeron por la falta de entendimiento político. El mismo mes de abril, sin embargo, la consejería firmó un nuevo acuerdo con las mismas organizaciones sindicales donde se comprometía a revertir los recortes a pesar de continuar con las cuentas prorrogadas.

Paralelamente a las negociaciones de CCOO y UGT con la administración catalana por el regreso de la deuda de los sexenios, el sindicato mayoritario de educación ha mantenido una guerra judicial abierta con la consejería: «Iniciamos la vía administrativa previa a la vía judicial, atacando, en un primer momento, la orden ENS/330/2014, que es la norma que permite mantener el recorte de los estadios», recuerdan desde USTEC en el mismo comunicado. Además, también unieron fuerzas con la plataforma de personas afectadas por la deuda de los estadios, la cual ha terminado articulando una demanda colectiva. En esta línea, pues, el sindicato mayoritario ha anunciado que emprenderá nuevas vías legales: «Aunque no se ha publicado aún, se prevé una modificación de la orden de 2014, que, según los borradores que se nos ha presentado en la mesa sectorial de negociación, presenta ciertas ambigüedades y, en todo caso, no resuelve de manera efectiva la regularización de los estadios», señalan desde la organización sindical. Es por este motivo, pues, que consideran que es necesario aumentar la «presión política» ante las decisiones de la consejería: «Es esencial la movilización y la presión. Más personas reclamantes significa aumentar la presión política», exclaman.

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