El exconsejero de Educación Josep González Cambray sigue en el punto de mira más de un año después de ser relevado en el cargo. El pasado 8 de febrero, la Oficina Antifraude (OAC) admitió a trámite una denuncia anónima contra quien había sido titular de la cartera de enseñanza durante la primera etapa del mandato del expresidente de la Generalitat Pere Aragonès. Lo vinculaban a unas presuntas irregularidades en su nombramiento -después de su mandato de consejero- como investigador del Centro de Recursos Pedagógicos Específicos de Apoyo a la Innovación y la Investigación Educativa (CESIRE), un organismo que se encarga de “contribuir en la transformación del modelo educativo a través de la pedagogía” y que depende del mismo Departamento de Educación. Después de meses de investigación, y para esclarecer estas presuntas irregularidades, Antifraude ha derivado el proceso oficial a la directora General de Función Pública, Anna Maria Molina -quien ocupa el cargo desde mayo de 2023, momento en el que Cambray aún era consejero de Educación. Es decir, la OAC pide a la Generalitat revisar internamente si fue correcto el mecanismo del nombramiento del exconsejero Cambray para su nuevo cargo público, al cual, habitualmente, se accede a través de un proceso de selección previo.
Los hechos a los que hace referencia la denuncia anónima a la que ha tenido acceso El Món se remontan a julio de 2023, cuando la cartera ya estaba en manos de la exconsejera Anna Simó. Ahora, Antifraude ha concluido que el nombramiento de Cambray para su nuevo cargo no se llevó a cabo por los canales convencionales, ya que se hizo por «un procedimiento sin expediente administrativo y de forma verbal». Sin embargo, desde la OAC no han podido determinar la finalidad de este procedimiento: «Una vez valorada la información y documentación obtenida en el curso de la actuación así como las alegaciones presentadas por la secretaria general del Departamento de Educación sobre el caso, se concluyó que el exconsejero reingresó al servicio activo al día siguiente del cese mediante un procedimiento sin expediente administrativo y de forma verbal, sin que sus responsables hayan podido motivar por qué consideraron esta tramitación verbal como una forma más adecuada que la escrita«, argumenta el director de Análisis e Investigaciones de la Oficina Antifraude, Manel Díaz Espiñeira, en una misiva oficial a la que también ha tenido acceso El Món.
La investigación, ahora en manos de Función Pública
La Oficina Antifraude, pues, no ha podido esclarecer con certeza las razones por las cuales los responsables del centro de recursos pedagógicos de la administración catalana optaron por nombrar al exconsejero Cambray «sin expediente y de forma verbal». Es por este motivo que el caso ahora se encuentra en el tejado de la Generalitat, concretamente de la dirección general de Función Pública, que depende de la secretaría de Administración y Función Pública incluida en el Departamento de Presidencia. «El director de la Oficina Antifraude decidió trasladar todo lo actuado a la directora general de Función Pública para que inicie las actuaciones que considere pertinentes sobre este caso en atención a las funciones y competencias que corresponden a dicha dirección en relación con la planificación, supervisión y coordinación de la actuación de la Inspección General de Servicios de Personal y las incompatibilidades de su personal y los altos cargos», apunta el director de Análisis e Investigaciones de la OAC en la misma misiva. El nombramiento del exconsejero Cambray para su nuevo cargo, pues, continúa en el punto de mira.
