En el caso de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), el Gobierno aplica una máxima para las situaciones de crisis que es práctica y que ayuda a reducir los costos. Es lo que se llama control de daños y contramedidas ante las supuestas irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas. De ahí que la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, iniciara una ofensiva para paliar los efectos del escándalo que salpicó a esta entidad, que gestiona unos servicios socialmente muy delicados. Una ofensiva que, incluso, ha sido muy cuidadosa con los antiguos gestores de ERC.
Una de las primeras soluciones fue, en mayo, renombrar la DGAIA con el nombre de la Dirección General de Protección y Prevención de la Infancia y Adolescencia. Un cambio que suponía una subdirección de Prevención y una que atenderá especialmente a los menores tutelados y extutelados así como una unidad de seguimiento así como una oficina de gestión que controlará la administración de los fondos y la eficacia del servicio y que reportará directamente al director general. Otro de los cambios es trasladar a la Dirección General de Prestaciones Sociales la responsabilidad de gestionar las tres ayudas que otorgaba hasta ahora la DGAIA. Y esta mañana, la consejera ha aprovechado una oportuna pregunta en la sesión de control para detallarlo.
El control, de la administración
Precisamente, el control de los fondos y las prestaciones es el punto que esta mañana la consejera Martínez Bravo ha adelantado que se pondrá en marcha completamente el próximo 1 de noviembre. De hecho, la consejera a preguntas de la diputada del PP, Lorena Roldán, se ha jactado de haber resuelto la concertación de plazas «desde hace tiempo» y ha enfatizado la «gestión de las prestaciones». En concreto que ahora es responsabilidad de la Dirección General de Prestaciones Sociales. «Desde hace meses, la prestación de extutelados se gestiona de acuerdo con datos y cruces automáticos; esto implica que hemos prácticamente erradicado la problemática de fondos de los pagos indebidos», ha sentenciado la consejera.
En esta línea, ha anunciado que a partir del 1 de noviembre, la Dirección General de Prestaciones Sociales «gestionará íntegramente esta prestación para hacerlo de acuerdo con datos e interoperabilidades». Es decir, que un solo organismo gestionará estas prestaciones y cruzará los datos, eliminando la externalización y las barreras informativas entre los diversos niveles de la administración que participaban de una manera u otra de la gestión de las prestaciones sociales. Así ha asegurado que el nuevo sistema de prestaciones a jóvenes extutelados cumplirá con los «estándares de cumplimiento normativo más elevados del sector público». Al fin y al cabo, desde el departamento aseguran que esta era una modificación clave para desplegar el «plan integral» de reforma de la antigua DGAIA.
