Las hermanas de Salvador Puig Antich, el último condenado a muerte y ejecutado por garrote vil por el régimen franquista, han agradecido este miércoles la anulación de la sentencia que aún pesaba sobre su hermano. «Hace cincuenta años que luchamos por esto, por la dignidad de nuestro hermano Salvador. Este momento es muy importante para nosotras y estamos emocionadas, sin palabras», ha expresado Inma Puig Antich en la ceremonia celebrada este mediodía en Madrid, un acto donde el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, les ha hecho entrega de una declaración de «reconocimiento y reparación».
Con la entrega de esta declaración, coincidiendo con el quincuagésimo aniversario del asesinato de Puig Antich, el gobierno español declara nula la sentencia que llevó al activista antifascista a la muerte en 1974: «Nuestra democracia tiene entre sus funciones y obligaciones reparar a quienes fueron víctimas de la dictadura. Nuestra democracia no es completa si no se reconoce y repara el daño», ha proclamado el titular de la cartera de memoria democrática Torres en este acto con la familia de Puig Antich. Con esta reclamación, pues, el gobierno español reconoce que Puig Antich fue víctima del régimen franquista, un reconocimiento que hacía años que sus familiares batallaban por conseguir. En este sentido, el ministro también ha asegurado que la familia «también es víctima» de la represión franquista por «haber perdido a su hermano tan joven [solo tenía 25 años]».
La ley de memoria democrática
Con este reconocimiento, Salvador Puig Antich ha sido reconocido como una víctima más de la represión franquista, y no como un condenado a muerte por culpa de un crimen. De hecho, la ley de memoria democrática «declara la ilegalidad y la ilegitimidad de los tribunales, los jurados y todos los órganos penales, como los Consejos de Guerra, que se constituyeron para imponer condenas o sanciones de carácter personal, así como la nulidad de las sentencias condenatorias que emitieron».
