A pesar de la insistencia de las defensas y de la Audiencia de Barcelona, la titular del juzgado de instrucción número 2 de Sabadell, Isabel Calahorra ha archivado la investigación contra once guardias civiles por torturas y otros delitos contra los CDR detenidos en el marco de la «operación Judas, en septiembre de 2019. Un caso como un cesto por la falta de instrucción e investigación y por el desprecio con que se trató la querella desde que fue interpuesta, en agosto de 2020.
Tanto fue así que, el pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona ordenó a la instructora admitir a trámite la querella e instruir los hechos denunciados en Sabadell, en Sant Andreu de la Barca y en Tres Cantos (Madrid). Una querella firmada por Jordi Ros, que denunciaba delitos de detención ilegal, amenazas, coacciones, contra la integridad moral y torturas durante su detención y traslado. Los denunciados eran el comandante en jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil en Cataluña, dos capitanes y ocho agentes más del instituto armado.
Curiosamente, la Audiencia Nacional se unió a la cuestión prejudicial y la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo para la aplicación de la amnistía de los encausados en este sumario, también bautizado como 23-S, que habrían sido maltratados por los guardias denunciados en la querella archivada. De hecho, la fiscalía se mostró a favor de la aplicación a este caso de la ley del olvido penal para el independentismo. Pero la Audiencia decidió maniobrar para evitar su aplicación y alargar el procesamiento de los encausados. En cambio, los once guardias civiles denunciados por torturas no serán ni investigados, gracias a un archivo que constituye una especie de amnistía indirecta sobre las acusaciones de torturas de los CDR.
Una larga batalla jurídica
La defensa que presentaba la querella, Alerta Solidària, ha cargado con dureza contra el archivamiento, que define como la «culminación de lo que ha sido una instrucción pésima y duramente criticada por la Audiencia de Barcelona”. La jueza argumentaba su parálisis en que solo debía investigar todo lo que había ocurrido en su partido judicial y dejaba para otros jueces investigar el maltrato que había tenido origen fuera de Sabadell. Una y otra vez, rechazaba citar a declarar a los agentes actuantes conocidos por la documentación de la operación y que eran once.
Pero la Audiencia, presionada por los recursos de Alerta Solidària, en un auto del 22 de mayo de 2024 criticó duramente la inactividad de la jueza. Le recordó que los hechos eran continuados y que tenían origen en el Vallès, que debía aceptar la querella y que era necesario acordar las diligencias mínimas como la citación de los agentes implicados. De hecho, le reprochaba las dilaciones indebidas y la “pésima instrucción llevada a cabo hasta ahora”.
Evitar la amnistía directa
Pocos días después de esta dura resolución, el 18 de junio, la jueza instó a las partes a posicionarse sobre el posible otorgamiento de la amnistía a los once guardias civiles. La defensa se mostró favorable y la fiscalía, que también respondía a favor, solicitaba, sin embargo, previamente el archivamiento ordinario de la causa. Posteriormente, y dando curso a las órdenes de la Audiencia, la jueza fijaba para los días 17 y 19 de diciembre, seis meses más tarde, las citaciones de los once investigados. Pero cinco días antes de estas citaciones, la jueza, aplazó las citaciones sine die.
Quince días después, y justo antes de las vacaciones de Navidad, firmó para sorpresa de las defensas y de la fiscalía un último auto, con el que daba la razón al ministerio fiscal y la defensa de los agentes y acordaba el archivamiento de la causa. Afirmaba que no correspondía resolver la aplicación de la amnistía porque hay pendiente una cuestión prejudicial ante el TJUE por parte del Tribunal Supremo. Un argumento que para Alerta Solidària no es más que «un subterfugio, un fraude de ley, para archivar de nuevo el procedimiento aplicando la amnistía en caso de que la Audiencia vuelva a dar la razón al recurso de Alerta Solidària, como ya hizo con la admisión a trámite de la querella».
