El juzgado de instrucción 2 de Barcelona ha admitido a trámite, finalmente, la querella presentada contra los dos exdirectores de la Guardia Civil, María Gámez y Vicente Azón, contra la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban –que ya acumula dos imputaciones en sendos juzgados de Barcelona– y contra los responsables mercantiles del grupo NSO, fabricante del software espía Pegasus y Candiru. El juzgado ha abierto diligencias por los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y de acceso ilegal a sistemas informáticos.
El caso se inició por la querella presentada por Joan Arús, Jordi Baylina, Pau Escrich, Joan Matamala y Xavier Vives, que descubrieron que habían sido espiados gracias a la investigación del Catalangate realizada por Citizen Lab en el año 2022. De hecho, esta querella sufrió un primer archivo, hasta que la Audiencia de Barcelona, ordenó revisar el cierre del caso que ahora se ha abierto como una instrucción.
¿Quién está detrás?
La querella, de 48 páginas y a la que ha tenido acceso El Món, reclamaba investigar quién autorizó, con qué amparo legal y durante cuánto tiempo la utilización Pegasus y Candiru para infiltrar los dispositivos de los querellantes. De hecho, los que firman la querella, agrupados en la entidad suiza Sentinel, aparecen en varios sumarios de investigación en la Audiencia Nacional, como la operación Judas, o las diligencias del Tsunami Democràtic.
La querella incorpora la solicitud de desclasificación de las autorizaciones judiciales o administrativas y que se aclare qué datos fueron extraídos, su tratamiento posterior. Uno de los puntos fuertes es aclarar cuántos dineros públicos se destinaron. En total, acreditan indiciariamente hasta 54 intromisiones con software espía. De momento, el juzgado no ha programado ninguna diligencia de investigación y se limita a la admisión a trámite de la querella.
