Uno de los ejes principales del escrito de acusación del juicio contra la familia Pujol es la participación de Jordi Pujol Ferrusola en la puesta en marcha del vertedero de Tivissa (Ribera de Ebro). En concreto, una factura de 60.101 euros del 31 de diciembre de 2001 por parte de IMISA, empresa del primogénito del expresidente, a la sociedad Servitransfer, que gestionaba la planta de residuos. La tesis de la fiscalía es que este dinero abonado por Servitransfer correspondía a una comisión a cambio de la «dinamización de la actuación administrativa» para poner en marcha el vertedero. Pero dos exconsejeros de Medio Ambiente de la Generalitat, de signos políticos muy diferentes, han contradicho, y con razones, la teoría incriminatoria del ministerio público. Tanto el exconsejero Salvador Milà, de ICV, como Ramon Espadaler, entonces dirigente de Unió Democràtica y ahora en el Gobierno de Salvador Illa –y que ha declarado en catalán e intérprete–, han explicado que conceder una autorización a una empresa con número de gestor y una instalación no es una decisión «política», sino al contrario, es un «acto reglado».
Es decir, se deben cumplir unos trámites administrativos de diferentes administraciones y agencias y, una vez cumplidos, no se pueden denegar a quien ostenta los informes favorables. Es el mismo argumento que expuso Alfons López Salgueiro, exdirector de Calidad Ambiental de la Generalitat, cuando declaró el pasado mes de diciembre, en esta misma vista oral, que si no se concedía la autorización, habría sido una «ilegalidad».
Las presiones, de la administración
El primero en declarar ha sido Milà, quien ha defendido la concesión de la licencia porque era un proceso reglado. Además, aún ha distorsionado más la tesis del fiscal cuando dijo que como administración presionaron a los propietarios del vertedero para que cedieran a las demandas del territorio, a pesar de que todos los trámites eran correctos. De hecho, la presión vino porque su departamento, a través de la Agencia Catalana de Residuos, retuvo tanto como pudo el código de gestor, hasta que los propietarios de la licencia aceptaron un protocolo para no convertir Tivissa en un gran vertedero para toda Cataluña y calmar las protestas del territorio y de las plataformas ecologistas.
Milà ha admitido que las presiones fueron de la administración hacia la empresa, y no al revés. En ningún momento, podía haber una gracia o una arbitrariedad administrativa para activar o desactivar la puesta en marcha del vertedero. De hecho, ha asegurado que no se detectó ninguna irregularidad. La misma idea que ha expuesto Espadaler, quien ha insistido en la confianza en el director general y los trabajadores del departamento que elaboraron los dictámenes. Por eso, no se apartó «ni un milímetro» del dictamen final de la ponencia. «Habría estado fuera de lugar no conceder la autorización», ha sentenciado. Ambos testigos han remarcado dos cuestiones: el vertedero no requirió «ni un euro público» y que el Ayuntamiento de Tivissa era de ICV.
