El Palacio de Justicia, en el paseo Lluís Companys de Barcelona, será el escenario del juicio a la presidenta suspendida del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs. La sala de lo penal y civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) será la encargada de determinar si Borràs cometió o no un delito de prevaricación y de falsedad documental por la fragmentación de contratos durante su etapa como directora de la Institución de las Letras Catalanas. Pero ¿quiénes son y de qué pie calzan los magistrados que sentenciarán sobre su caso?
La composición del tribunal, después de un juego de recusaciones impulsado por las defensas, ya está determinada. Así, el mismo presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, presidirá el tribunal. Pero tendrá a dos veteranos con fama de rigurosos y garantistas como el magistrado Fernando Lacaba, que suena como posible sustituto de Barrientos a la presidencia del TSJC, y Maria Jesús Manzano Messeguer, una magistrada considerada «muy objetiva» a quien no le ha temblado el pulso en casos mediáticos como el encadenamiento de activistas en la puerta del Palacio de Justicia o en el recurso que confirmó la pena de Rosa Peral, en el crimen de la Guardia Urbana. Los dos provienen de la sala de apelaciones.
Jesús Maria Barrientos, símbolo de la persecución del Proceso
Jesús Maria Barrientos es el presidente del tribunal y será el ponente de la sentencia. Este magistrado ocupa el cargo desde que el anterior presidente, Miguel Ángel Gimeno, fue nombrado por el Parlamento de Cataluña jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña. En principio, era considerado un magistrado de perfil conservador pero tampoco del ala dura. De hecho, era miembro de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, ubicada entre la progresista Jueces por la Democracia y la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, pero muy alejada de la catalanista Ágora Judicial. En todo caso, Barrientos ha sido uno de los símbolos de la lucha de la magistratura contra el Proceso soberanista.
Barrientos presidió el tribunal que condenó por desobediencia, por el 9-N, al presidente Artur Mas y la exvicepresidenta y ex consejera Joana Ortega y la ex consejera Irene Rigau por desobediencia. También fue el encargado de condenar al presidente Quim Torra por el caso de la pancarta en favor de los presos políticos en el balcón de la Generalitat y los miembros independentistas de la Mesa del Parlamento que presidía Carme Forcadell.
El magistrado Barrientos aspiraba a una de las plazas del Tribunal Supremo, espoleado por el expresidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Pero finalmente, no tuvo ninguna opción. De hecho, no consiguió ninguno de los votos necesarios. Barrientos, ahora, pasa por horas bajas. El Tribunal Supremo va a anular su sentencia con que condenaba por desobediencia los independentistas de la Mesa de Forcadell.
Por otro lado, sus compañeros lo obligaron a retirarse del tribunal que juzgó también por desobediencia a los miembros independentistas de la Mesa que presidía Roger Torrent. La regresión con el catalán en la judicatura y su posicionamiento contra los Mossos d’Esquadra -que acomplejó al cuerpo- después del Primero de Octubre han sido las claves de su mandato. Barrientos también ha maniobrado, con éxito, para evitar que haya un magistrado autonómico, es decir, propuesto por el Parlamento. Además hay que añadir sus declaraciones contra el Proceso y unas resoluciones que corren el peligro de ser desautorizadas por la justicia europea, que también desdibujan sus excesos contra el independentismo.
Maria Jesús Manzano Messeguer, conservadora pero «objetiva»
Otra miembro del tribunal será la magistrada Maria Jesús Manzano Messeguer. Una jueza que picó mucha piedra como magistrada de la sección número 20 de la Audiencia de Barcelona y donde adquirió una gran pericia en violencia de género. Catalanista, pero conservadora, tiene fama entre los letrados habituales del Palacio de Justicia de «ser objetiva» y no dejarse llevar por la ideología. Entre las últimas sentencias en las cuales ha participado se encuentra la confirmación de la pena del subinspector de los Mossos d’Esquadra por acoso laboral a una subordinada o bien la absolución a los 12 encausados para encadenarse en 2018 en las escaleras del Palacio de Justicia, una resolución de la cual fue poniente.
Manzano también firmó con Rosa Bach, y el voto particular de Carlos Mir, la confirmación de la sentencia por abusos sexuales a la manada de Manresa. En el caso de una menor violada en la capital del Bages en 2016 las dos magistradas tumbaron los recursos del ministerio fiscal y de la acusación particular que reclamaban una condena por violación y no por abusos. También fue una de las coautoras de la resolución que condenaba finalmente a Rosa Peral, protagonista del escabroso «crimen de la Guardia Urbana», a 25 años de prisión y a su colaborador a 20 años.
Fernando Lacaba, un conservador pero garantista
Lacaba es el eterno presidente de la Audiencia de Girona donde ejerció durante cuatro mandatos hasta el pasado 2021. Forma parte de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y tiene fama de garantista y riguroso, a pesar de que es de perfil conservador. Su nombre suena con fuerza como sustituta de Barrientos en la presidencia del TSJC y como primera autoridad judicial en Cataluña. De hecho, en 2016 participó de la terna para el cargo con Barrientos y Gimeno. Lacaba no proviene de alcurnia de jueces y se muestra bastante desacomplejado con los medios de comunicación.
Nacido en Borja, un pueblo de Zaragoza, su carrera profesional ha transcurrido en Cataluña. Empezó en Granollers, después Vic, la Hospitalet del Llobregat hasta llegar a Girona, donde consolidó su estilo y rigor judicial. Su nombre saltó a los medios por presidir el tribunal del caso del secuestro de la farmacéutica de Olot y también por ser el primer magistrado que condenó el tráfico de inmigrantes en el Estado español, el 1998. Últimamente, también ha dictado sentencias importantes y con afectaciones económicas importantes. Por ejemplo, en febrero de 2021 condenó a una aseguradora a indemnizar una pizzería por el cierre obligado durante la pandemia de la COVID 19. Una decisión que puso en pie de guerra a Unespa, la patronal de las aseguradoras.
