El caso Leire es actualmente uno de los grandes protagonistas de la agenda política española y, de rebote, la catalana, debido a sus consecuencias. Es uno de los casos que acosan al PSOE, la Moncloa, Pedro Sánchez y su entorno. El caso lo investigan dos juzgados, el Tribunal de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido por Santiago Pedraz, y el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, en manos de Arturo Zamarriego. Y se suma a la telaraña el caso Zapatero, es decir, en manos del juez José Luis Calama, titular del Tribunal de Instancia número 4 de la Audiencia Nacional que contiene réplicas en su instrucción.
De hecho, el caso Leire resume y acumula las diferentes causas en las que se encuentra inmerso el PSOE, además del caso Hirurok, es decir, una supuesta trama para conseguir comisiones a cambio de adjudicaciones a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Hay que añadir una causa madre, que viene de lejos y que abrió la fábrica de sumarios, el caso Hidrocarburos, una macrocause por delitos fiscales a través del comercio de derivados del petróleo. De hecho, de esta causa nació el caso Mascarillas, por la cual han sido condenados por el Tribunal Supremo el exministro de Transportes y exnúmero tres del PSOE José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y un nombre que es la clave de todo, el empresario Víctor de Aldama.
Pero quiénes son los protagonistas de todo este embrollo judicial y qué conexiones tienen entre ellos es una de las inquietudes de los investigadores, principalmente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), uno de los protagonistas principales de todas las causas, aunque la Unidad de Delincuencia Fiscal y Financiera del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) también interviene. De hecho, la causa casi general contra el PSOE no se entendería sin el papel de la UCO, como un omnipotente engranaje capaz de convencer jueces y fiscales de lo que sea con sus especulaciones y sus prolíficos atestados.
Caso Leire
Vamos por partes. El nombre con el que se ha bautizado la causa que investiga la supuesta existencia de una trama para torpedear investigaciones policiales y judiciales contra la biosfera socialista es Leire. Un nombre que proviene de su principal protagonista, Leire Díez Castro. Una militante del PSOE que, a criterio de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, «lideró desde el año 2021 al 2025 la presunta organización criminal que se investiga». Sería la encargada de coordinar toda la obtención de la información delicada sobre las investigaciones y los investigadores.
Díez es investigada, además del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, por dos tribunales de la Audiencia Nacional, por el Tribunal Central de Instrucción número 5, por la trama socialista, y por el Tribunal Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que tutela Antonio Piña, que investiga el caso Hirurok, donde también se encuentra investigado Joseba Antxon Alonso, el socio de Santos Cerdán y administrador de la compañía Servinabar. Nacida en Vizcaya pero con carrera política en Cantabria, se define y ha trabajado como periodista. Por ejemplo, fue del 2018 al 2021 la responsable de comunicación del Grupo ENUSA (Empresa Nacional del Uranio), la sociedad estatal que gestiona el combustible nuclear, para después ser la directora de Filatelia de otro gigante público como es Correos.
El caso ZED
A raíz de la investigación judicial, colocan como partner de Díez al empresario Javier Pérez Dolset. Un hombre que fue víctima de la policía patriótica a través del caso Zed, la empresa tecnológica que cerró con un proceso que lo llevó a ser imputado y encarcelado por haber realizado una quiebra fraudulenta. Salió de la cárcel, comenzó la investigación por su lado e incluso consiguió que el juez de la Audiencia Nacional ahora jubilado Manuel García-Castellón abriera la pieza separada Brod en la macrocause Tándem y que investigara la relación del comisario de inteligencia José Manuel Villarejo y el entonces presidente de Planeta, Mauricio Casals, por haber instigado, con pruebas falsas, la quiebra de una multinacional como Zed, que trabajaba en 70 países y tenía 1.700 trabajadores.
Tanto Díez como Dolset participan en el despacho de Jacobo Teijelo, uno de los abogados de Santos Cerdán, en una reunión con el empresario vasco Alejandro Hamlyn y un supuesto agente del CNI, J.F. Un encuentro celebrado el 25 de febrero de 2025, que se graba y en el que ya se apunta que piden información sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, para justificar la nulidad de las grabaciones del caso Hidrocarburos, y el comandante Juan Vicente Bonilla, de la misma unidad, relacionado también con el caso Hidrocarburos y ahora responsable del sistema de Salud de la Comunidad de Madrid. Teijelo también está investigado en el caso Leire, a pesar de ser uno de los abogados estrella de los que llevan muchos casos en la Audiencia Nacional.
De Santos Cerdán a más PSOE
La tesis de la investigación es que Díez y Dolset trabajaban conjuntamente y de manera continuada para «obtener grabaciones y otros elementos que pudieran resultar sensibles, directa o indirectamente, para diversas causas que afectaban al PSOE». Ahora bien, para el juez instructor no actuaban solos. La tercera pata de la dirección de la virtual trama sería Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, exdiputado y, curiosamente, interlocutor de los socialistas y la Moncloa con Junts per Catalunya y el presidente en el exilio, Carles Puigdemont. Cerdán habría asumido un rol de dirección y permitido los pagos por las hipotéticas investigaciones que coordinaban Díez y Dolset. De hecho, Cerdán es investigado a raíz del caso Mascarillas, por el caso de las comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública que supuestamente obtenía a través de Servinabar, la empresa de Antxon Alonso investigado en el caso Hirurok.
En este contexto hay que añadir el nombre de Gaspar Carlos Zarrías, titular de la sociedad Zaño Sociedad de Consultores, exdirigente del PSOE y del Partido Socialista de Andalucía y condenado por el caso ERO. Ha tenido cargos en la estructura estatal de la formación como secretario de política municipal y fue miembro del gobierno andaluz cuando los socialistas eran los dueños y señores de Andalucía. Su consultora habría servido, siempre siguiendo la instrucción, para «canalizar parte de la remuneración abonada a Díez por los servicios prestados en el ámbito de su actividad de búsqueda de información». De hecho, habría formalizado un contrato de trabajo durante tres meses por el cual la fontanera Díez habría recibido 16.000 euros. Díez pasaba cuentas e información a Zarrías de manera constante y regular.
En este bloque, el juez también coloca a Juan Manuel Serrano, un caramelo para la UCO y la fiscalía que dirige Alejandro Luzón, ya que fue el jefe de gabinete de Pedro Sánchez durante su etapa como secretario general del PSOE. Una relación de proximidad que lo pone en el centro del escenario. Posteriormente, fue presidente de Correos donde estuvo hasta el 2023. Más de diez mensajes intercambiados con Leire y las reuniones iniciales tras la Carta a la Ciudadanía de Sánchez han servido para involucrarlo en la supuesta trama, donde la UCP lo considera la persona que orientaba las actuaciones y hacía de puente con el entorno más directo de Sánchez.
Policías, abogados y confidentes
Uno de los puntos oscuros de la presunta trama esbozada por la instrucción es el papel de abogados, policías y confidentes. Quien se lleva la palma es Víctor de Aldama, encausado en el sumario Hidrocarburos y encarcelado hasta que decide pactar con la fiscalía la delación de Ábalos y Koldo García a cambio de evitar una condena que lo hiciera ingresar en una prisión. Pero De Aldama es el mínimo común denominador entre casi todos los casos que acosan a la Moncloa y algunos se atreven a bautizarlo como el Francisco Paesa del siglo XXI, el famoso espía y conseguidor de la Transición española.
El abogado José Antonio Choclán es el letrado de De Aldama, curiosamente, el mismo que tiene el empresario Hamlyn en la reunión en el despacho de Teijelo que fue una de las principales pistas de la investigación. De Aldama fue premiado con la medalla al Mérito con Distintivo Blanco de la Guardia Civil, que recibió el 27 de septiembre de 2022, por misiones como haber obtenido información de empresas como Globalia, Huawei, Correos o empresas VTC o la lucha contra el yihadismo internacional, en especial la operación Corso. Es decir, su relación con la Guardia Civil y los servicios de información del Estado venían de lejos y eran provechosos.
Pero, el confidente con buenas relaciones con las Unidades Centrales Especiales, la élite del servicio de Información de la Guardia Civil, las temidas UCE, no era el único. Así cabe resaltar la figura de Francisco, Fran, Ortega, relacionado con Díez por un trabajo como número dos de seguridad de Correos, cuando la fontanera del PSOE era jefa de relaciones institucionales. Ortega fue escolta, entre el 2003 y el 2011 en Navarra y el País Vasco. En ese destino, conoció a Koldo García -también escolta en esa época- y al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, exjefe del servicio de Información de la Guardia Civil en Intxaurrondo y destacado después en las UCE del instituto armado e investigado en la macrocause Hidrocarburos. Villalba también fue quien entregó teléfonos móviles tuneados a Víctor de Aldama y Koldo García, tal como se reconoce en el sumario del caso Mascarillas y de donde se extrajeron los mensajes que sirvieron para inculpar a García y Ábalos.
Villalba se reunió dos veces con Leire Díez y Ortega. De hecho, levantó dos actas de las cuales los investigadores han sacado bastante provecho. Las reuniones de mando con Díez y Ortega se celebraron gracias a la intermediación de Daniel Mateo, «colaborador del servicio de información del instituto armado», que esta semana declaró ante el juez Pedraz. Mateo tenía relación con Koldo de su época de la «lucha antiterrorista» en Euskadi y, de hecho, antes de encontrarse con Díez pidió referencias al exasesor de Ábalos.
Más implicados
Los encuentros tanto con Mateo como con Villalba sirvieron para pedir información comprometida de la UCO y de sus principales investigadores, como el teniente coronel Antonio Balas o el entonces capitán Vicente Bonilla, que dirigían un buen número de investigaciones que afectaban a la biosfera socialista. En el caso también aparece el guardia civil Juan Sánchez Yepes, que habría filtrado información crítica sobre el caso Hidrocarburos, y que tenía como abogado a Jacobo Teijelo. En el mismo paquete se integra otro personaje curioso, Antonio Rodríguez, un industrial del petróleo y los carburantes, condenado en otro caso de Hidrocarburos, que admitió por escrito a la fiscalía anticorrupción que desde el año 2014 ha hecho de confidente para el Grupo de Obtención de Información de la UCO.
Rodríguez testificó que la trama le pidió que aportara información comprometida de Repsol, la UCO, Balas y altos cargos de Hacienda. Rodríguez tuvo contactos con un tal Daniel de la jefatura de Información, que algunas voces relacionan con Daniel Mateo. En el paquete de policías se integra un clásico como Villarejo, con quien tanto Díez como Dolset se encontraron y negociaron la entrega de documentación y audios que avalarían la existencia de las cloacas del Estado. La oferta era que la información sería compensada con una rebaja de las peticiones de la fiscalía contra el comisario en la multitud de juicios por la macrocause Tándem. El abogado de Villarejo, Antonio Cabrera, nunca se lo tragó.
Otro abogado implicado es Ismael Oliver, abogado de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Hugo Chávez y procesado por la Audiencia Nacional y también imputado en la causa. Oliver habría participado en el entramado jurídico de la supuesta cloaca con la colaboración entusiasta de Villalobos, que fue víctima de la operación Cataluña, tal como relató y denunció en la comisión de investigación del Congreso sobre el dispositivo clandestino contra el Procés. De hecho, Villalobos le tenía jurada al fiscal anticorrupción José Grinda, uno de los objetivos de la trama, también por parte de Dolset. El supuesto grupo también se reunió con otro fiscal anticorrupción para obtener información, Ignacio Stampa, encargado de abrir la causa Tándem. Escarmentado por un proceso de venganza interna en la fiscalía, Stampa denunció los hechos y grabó los encuentros.
