La batalla se ensaña en una de las instituciones clave del Estado. En concreto, a la fiscalía general del Estado. La guerra civil al ministerio público entre progresistas y conservadores está desbocada y, ahora, ayudan los magistrados de la sala del Contencioso–administrativo de Tribunal Supremo. Los magistrados integrantes de esta poderosísima sala -que tiene el control de las decisiones del poder ejecutivo- ha decidido por mayoría, anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
Además, hurgan en la herida y así ha ordenado que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si es o no compatible que asuma el cargo al ser la pareja de la exjuez Baltasar Garzón, que dirige una fundación de derechos humanos. Así, los magistrados estiman los recursos de la influyente, la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e independiente de Fiscales (APIF) -todas conservadoras- y el fiscal antidroga Luis Ibáñez -candidato al cargo – contra la designación de Delgado al frente de Memoria Democrática. Una decisión que debilita la posición de Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado y exjefe de la Oficina Técnica durante la época que Delgado era fiscal general del gobierno de Pedro Sánchez.
La sentencia, más tarde
El tribunal ha avanzado esta tarde la decisión, pero la sentencia se comunicará los próximos días y dónde argüirá la decisión. De hecho, esta es la segunda resolución del Supremo que anula un nombramiento de Delgado, dado que el noviembre pasado ya invalidó su designación como fiscal togada del Tribunal Supremo. Delgado ha acontecido un enemigo a batir en el seno de la fiscalía dominada por los conservadores y como un elemento de desgaste de García Ortiz. El fiscal general ha visto como los fiscales de sala del Supremo han puesto en entredicho sus decisiones e incluso, han llegado a impugnar su renovación en el cargo. Todo con la ayuda del Consejo General del Poder Judicial que decidió no avalar la renovación.
Desde el Supremo aseguran que los magistrados han anulado el Real Decreto de 13 de junio del 2023, por el cual se nombró Delgado. Con esta decisión ordenan volver las actuaciones porque el órgano consultivo de la Fiscalía se pronuncie sobre si concurre o no la prohibición prevista en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), relativo a las compatibilidades de cargo. Ahora habrá que esperar que dice el consejo fiscal sobre la compatibilidad de Delgado y su pareja para optar a cualquier otro cargo de la fiscalía.
.
