Agenda repleta y bien llena. Así se puede definir el pleno que la próxima semana celebrará el Tribunal Constitucional a partir del 23 de septiembre, sobre todo, por la multitud de recusaciones presentadas a diferentes magistrados en los recursos de amparo por inaplicación de la amnistía. Según el orden del día al que ha tenido acceso El Món, los magistrados comenzarán a debatir el mismo martes las recusaciones interpuestas tanto por los condenados y procesados por el delito de malversación como por la abogacía del Estado.

En concreto, los magistrados tienen sobre la mesa la recusación contra el magistrado catalán José Maria Macías, ya apartado del recurso de inconstitucionalidad de la ley de amnistía a petición, entre otros del ministerio fiscal. Jordi Turull, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Puigdemont, Antoni Comín y la abogacía del Estado han pedido al Tribunal que expulse de la causa a Macias por su animadversión a la amnistía y como firmante de un informe, cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), contra la aprobación de la ley e impulsar manifiestos y procedimientos contra su aplicación.

José Maria Macías y Cándido Conde Pumpido, en el acto de toma de posesión de Macías como miembro del Tribunal Constitucional/TC
José Maria Macías y Cándido Conde Pumpido, en el acto de toma de posesión de Macías como miembro del Tribunal Constitucional / TC

Más magistrados

Pero no es el único magistrado recusado. El partido político ultraespañolista, Vox, también ha pedido apartar al presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido. Por su parte, Puigdemont y Comín también han reclamado expulsar de la causa a los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, por sus opiniones escritas y orales contra el Proceso y contra la ley de amnistía, especialmente incisivas en la crítica del presidente en el exilio. El trámite de las recusaciones alargará más el debate del levantamiento de las medidas cautelares, como las órdenes de detención estatal contra los exiliados que aún permanecen vigentes. La maniobra de las defensas y de la abogacía del Estado responde también a un cálculo político de tiempo y calendario para hacer coincidir en el tiempo la resolución del Tribunal Constitucional con la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a las cuestiones prejudiciales presentadas.

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