El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no es una audiencia ni un juzgado penal. Es un organismo con poco margen para las sorpresas porque los debates que llegan a través de los procedimientos de «cuestiones prejudiciales» son básicamente jurídicos. Por eso, todos van con los deberes hechos y las cartas bien marcadas, porque la vista oral ante los quince magistrados de la Gran Sala es básicamente escrita. Esta mañana, las cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía no han sido una excepción, aunque las haya presentado una entidad particular como es Societat Civil Catalana (SCC) a través de un organismo que no forma parte del poder jurisdiccional.
Así, los letrados de la entidad ultraespañolista, Juan Chapapría y Diego Martínez se han sentado en la sala para repetir lo que dicen desde que se aprobó la ley del olvido penal por el independentismo. Es decir, que un aval a la amnistía supone la liberación de una persecución por responsabilidad contable a la treintena de ex altos cargos de los gobiernos de los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, actualmente, precondenados y embargados por el Tribunal de Cuentas. Una situación que describen «de impunidad sistémica«.
Además, han remarcado que la causa afecta a los «intereses financieros de la Unión Europea», una idea que ni siquiera defiende la misma Comisión Europea. En esta causa en el Tribunal de Cuentas, la fiscalía, ahora a favor de la amnistía, reclamaba hasta 5 millones de euros a Mas, Puigdemont, Junqueras, exconsejeros y otros cargos por el 1-O y la actividad de Exteriores y del Diplocat.
Un pacto político
Una de las obsesiones argumentales de SCC, que comparte con los detractores de la amnistía, es que la ley nace de un «pacto político», como ocurre en todas las leyes y en los estados donde el poder legislativo es independiente. Los letrados de la entidad, sin embargo, también se han encargado de mencionar a Santos Cerdán, encarcelado por el caso Koldo, como artífice del acuerdo de investidura que ha conllevado la amnistía. En el mismo sentido, han subrayado otro de los conceptos habituales del españolismo, al calificar la ley de «autoamnistía». Según sus cifras, expuestas hoy, hasta 23 de los amnistiados han participado en la redacción y acuerdo sobre la ley.
Para SCC si no se admiten las prejudiciales y se avala la amnistía, se impondría una «impunidad sistémica, y no es hipotético, ya se ha producido un archivo general para 499 personas». «La amnistía es competencia estatal, pero no exenta de control de la UE, ya que las competencias nacionales deben ejercerse conforme a los tratados de la Unión», ha añadido el abogado Chapapría. Para SCC, la ley «erosiona la confianza de los ciudadanos y pone en riesgo la integridad del ordenamiento jurídico europeo». La conclusión es que creen que no hay una «delimitación clara» de las conductas amnistiables, «fórmulas vagas y conceptos expansivos», con «fechas arbitrarias» y un alto «grado de indeterminación» que hace que los órganos jurisdiccionales no tengan claro cómo aplicar la ley.
Giro argumental
Otro de los argumentos es que los fondos que defienden desde el Tribunal de Cuentas hacían mella en la caja de la Unión Europea. Pero el informe de la Comisión afirmando que la ley no afectaba en nada a estos fondos les ha obligado a hacer un giro argumental. Los abogados de SCC han argumentado que aunque los fondos para llevar adelante el Proceso no fueran europeos, la UE debe intervenir, porque afectan a los fondos de un estado miembro. Además, consideran que este órgano tiene legitimidad para presentar cuestiones prejudiciales si considera que la ley de amnistía le impide investigar a fondo su caso o, incluso, averiguar si se utilizaron fondos europeos. «La amnistía impone límites severos e injustos», han sentenciado.
En todo caso, en sus conclusiones aseguran que la amnistía no supone un proceso de «reconciliación ni de justicia restaurativa, porque no hubo un conflicto armado, ni proceso de paz ni reparación de las víctimas, solo un acuerdo político para investir a un presidente». «No hubo un proceso parlamentario neutral, sino un pacto político entre un fugado y un encarcelado», han subrayado. Tenía un «fin espurio para garantizar la impunidad de ciertos dirigentes políticos», ha añadido Chapapría. Esto ha generado, según él, una «fractura política sin precedentes», incluso dentro del PSOE.
